Luego de que han pasado casi cinco años de la primera denuncia por fraude contra Aras Business Group, la federación inició un proceso legal por supuestas irregularidades en la operación de la empresa.

Armando G., exceo de Aras, y alrededor de 30 empleados de la empresa fueron citados por un juzgado federal el pasado 12 de julio, ya que existe una investigación vigente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) contra los señalados por haber promovido y recibido recursos privados para supuestos instrumentos financieros, sin tener la autorización de las instancias fiscales.

Según explicó la representante legal de Armando G., Éricka Jasso, ninguno de los citados acudió a los juzgados de esta capital, mientras que analizan la estrategia que seguirán en caso de que al no acudir ante la instancia federal sea liberada una orden de detención.

Mencionó que hasta ahora la citación fue para que presentara información sobre las actividades de la empresa que encabezó en Chihuahua, pero a su representado no le fue posible asistir, por lo que el procedimiento marca que será notificado nuevamente, con la posibilidad de que sea emitida una orden de aprehensión si no acude otra vez.

Añadió que desconoce los motivos por los cuales los otros exempleados no acudieron a comparecer ante el Juzgado Federal.

Jasso expuso que actualmente, gracias a amparos que ha obtenido su cliente, no es posible detenerlo por los delitos del fuero común que le fueron establecidos hace más de 4 años, luego de que más de cuatro mil 600 personas denunciaron a Aras Business Group de fraude.

A la fecha, solamente cinco personas relacionadas con la empresa han sido detenidas, las cuales luego de pasar alrededor de 20 meses en prisión, siguen su proceso en libertad, ya que en diciembre de 2023 una jueza de Control declaró culpable de fraude a Aras como persona moral, lo que permitió que les fuera cambiada la medida cautelar.

Actualmente existe un procedimiento para que 23 bienes de la empresa que fueron asegurados por la Fiscalía General del Estado (FGE) sean ofrecidos para su venta y con lo recaudado pagarles la reparación del daño a las víctimas.

Sin embargo, existen señalamientos contrarios respecto a la legalidad de este mecanismo, ya que mientras la Fiscalía indicó que existe un mandato de un juez local para proceder a la venta, la representante legal de Aras indicó que hay procesos legales contra el fallo condenatorio de diciembre de 2023, que impiden que los bienes sean vendidos. ( Orlando Chávez / El Diario)