Chihuahua, Chih.- El debate en torno a la iniciativa de reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, impulsada por el Gobierno Federal y que contempla cambios relacionados con el derecho de las audiencias, genera posturas encontradas entre especialistas, actores políticos y representantes de los medios de comunicación. Mientras algunos sectores advierten posibles riesgos para la libertad de expresión, otros sostienen que la propuesta busca fortalecer el derecho de la ciudadanía a recibir información clara y confiable.

El licenciado Marcelo Valenzuela se pronunció a favor del principio que persigue el derecho de las audiencias, al considerar que su propósito principal es garantizar que los ciudadanos puedan distinguir con claridad cuándo un contenido corresponde a información, cuándo se trata de una opinión y cuándo es publicidad.

Durante una entrevista, explicó que el tema ha cobrado relevancia debido al debate público que ha surgido alrededor de la reforma, impulsado tanto por algunos políticos como por diversos medios de comunicación. A su juicio, el verdadero objetivo del derecho de las audiencias es regular el artículo sexto de la Constitución para garantizar el derecho de todas las personas a recibir información clara, veraz y oportuna.

Valenzuela sostuvo que este derecho no debe interpretarse como un mecanismo para limitar la libertad de expresión, sino como una garantía para que la ciudadanía conozca con certeza la naturaleza del contenido que consume a través de la radio, la televisión, la prensa escrita y las plataformas digitales.

"Debemos saber distinguir lo que se transmite cuando se trata de una información o un dato relevante que debemos conocer, y que esa información sea clara, veraz y oportuna", expresó.

El abogado explicó que la información corresponde a hechos relevantes que acontecen en la sociedad y que son de interés público, mientras que la opinión representa el punto de vista personal de quien la emite. Por ello, consideró indispensable que quienes participan en espacios de comunicación identifiquen claramente cuándo están expresando una opinión y no presentarla como si se tratara de un hecho comprobado.

"Muchas veces las opiniones se presentan como si fueran un dato informativo, cuando en realidad son apreciaciones personales", señaló.

Asimismo, Marcelo Valenzuela advirtió que otro de los aspectos que deben diferenciarse es la publicidad, especialmente cuando ésta adopta un formato similar al de una nota informativa.

Explicó que existen campañas comerciales que presentan anuncios con apariencia de información periodística para generar mayor credibilidad entre el público. De igual manera, afirmó que algunos partidos políticos difunden mensajes propagandísticos como si fueran información objetiva, situación que, desde su perspectiva, puede confundir a la ciudadanía.

"Muchos partidos políticos sacan notas publicitarias en las cuales dan información como si se tratara de un hecho veraz", comentó.

El licenciado recordó que estas situaciones ya se encuentran contempladas dentro de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, particularmente en el Capítulo IV, comprendido entre los artículos 251 al 261, además del artículo 311, donde se establecen disposiciones relacionadas con los derechos de las audiencias y las obligaciones de los concesionarios de radio y televisión.

A su consideración, esas disposiciones representan una garantía para los ciudadanos, ya que buscan evitar que la información difundida sea engañosa o que la publicidad se presente como si fuera contenido periodístico.

Valenzuela enfatizó que el derecho de las audiencias debe entenderse principalmente como una protección para la población y no únicamente como una regulación dirigida a los medios de comunicación.

Añadió que cuando los ciudadanos pueden identificar claramente la diferencia entre hechos, opiniones y publicidad, cuentan con mejores herramientas para formar un criterio propio y tomar decisiones informadas sobre los asuntos públicos.

Finalmente, el licenciado Marcelo Valenzuela reiteró que el centro del debate debe ser el derecho de la ciudadanía a recibir información veraz, transparente y claramente diferenciada de cualquier contenido de carácter opinativo o publicitario.

En su opinión, fortalecer el derecho de las audiencias significa ofrecer mayores garantías para que la población conozca con precisión qué tipo de contenido está consumiendo y evitar que mensajes publicitarios o posturas personales sean percibidos como información objetiva, contribuyendo así a un ejercicio más responsable de la comunicación y al pleno cumplimiento del derecho a la información consagrado en el artículo sexto de la Constitución.