El Gobierno Municipal de Chihuahua informó que el Poder Judicial de la Federación confirmó la legalidad de los principales actos realizados para impulsar el proyecto del nuevo relleno sanitario metropolitano de Mápula, luego de casi tres años de litigio. El secretario del Ayuntamiento, Roberto Fuentes, señaló que el Juzgado Primero de Distrito negó la mayor parte de los actos reclamados por un grupo de propietarios de la zona, quienes habían expresado preocupación por posibles afectaciones al acuífero.
Fuentes explicó que, de acuerdo con la resolución emitida el pasado 10 de agosto, el predio seleccionado para el proyecto no se encuentra en una zona prohibida, área natural protegida, planicie aluvial, zona de recarga funcional del acuífero ni sobre fallas geológicas.
Añadió que también fueron considerados válidos los permisos federales de cambio de uso de suelo, las autorizaciones urbanísticas municipales, la adquisición del terreno y el proceso de licitación para la construcción del nuevo relleno sanitario.
El funcionario destacó que la resolución judicial se emitió después de que durante el proceso se presentaran diversos dictámenes técnicos y periciales realizados por especialistas en geología, hidrología e ingeniería. Sin embargo, precisó que todavía existe una etapa técnica que deberá cumplirse antes de que el relleno sanitario pueda comenzar operaciones, particularmente en materia ambiental.
Aclaró que estas medidas adicionales no representan un señalamiento de irregularidad contra el Municipio, sino un reforzamiento de las condiciones de seguridad del proyecto.
Entre las disposiciones se contempla fortalecer el sistema de impermeabilización mediante una doble barrera o una medida equivalente, además de contar con mecanismos para detectar posibles fugas de lixiviados.
También deberá existir un dictamen favorable emitido por una unidad de inspección acreditada, una red de pozos para monitorear permanentemente el agua subterránea y planes definitivos para el manejo seguro de los lixiviados.
A esto se sumará una reunión pública de información, en la que la ciudadanía podrá conocer los estudios técnicos y presentar observaciones que deberán recibir una respuesta fundada y motivada.
Fuentes indicó que una vez que se acrediten estas condiciones y se emita la resolución correspondiente, podrá levantarse la suspensión relacionada con el permiso de impacto ambiental estatal y autorizarse el inicio de operaciones.
El secretario del Ayuntamiento afirmó que el Municipio continuará trabajando con el Gobierno del Estado para cumplir con esta última etapa y sostuvo que la resolución federal respalda la actuación de las autoridades en la selección del sitio, la compra del terreno, las autorizaciones y la licitación del proyecto.