Para la atención del desplazamiento forzado en Chihuahua, durante inicios de agosto fueron realizadas una serie de reuniones en la Ciudad de México con representantes de diversas instancias gubernamentales a nivel federal, las cuales se comprometieron a atender el desplazamiento forzado en Chihuahua.

Las organizaciones civiles solicitaron que se actúe ante las necesidades de las comunidades y personas desplazadas.

Todas estas, son integrantes de la Misión Civil de Observación son la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas, Todos y Todes” (Red TDT), Servicios y Asesoría para la Paz (Serapaz), Brigadas Internacionales de Paz México (PBI México) y Centro de Derechos Humanos de la Montaña (Tlachinollan), Alianza Sierra Madre (ASMAC), Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (Cedehm), Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos (Cosyddhac), Consultoría Técnica Comunitaria (CONTEC) y el Colectivo Nuevo Amanecer.

Esta agrupación estuvo en diferentes momentos con la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) y la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR); la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (SEGOB) en la que estuvo un representante del Senado de la República, la ONU y la ACNUR; y con Jesús Ramirez Cuevas, como representante de la Coordinación de Asesores de la Presidencia de la República.

También estuvieron presentes personas de comunidades desplazadas, quienes dieron su testimonio y hablaron sobre las necesidades y dificultades que experimentan las familias que sufren el despojo de sus patrimonios, comunidades, modos de vida, tranquilidad y, en muchos casos, la pérdida de un ser amado. Como resultado de estas reuniones, las autoridades del Gobierno de la República se comprometieron a actuar en consecuencia y en colaboración con la ONU-DH, ACNUR y las organizaciones de la sociedad civil para atender las necesidades de las comunidades desplazadas.

Uno de los compromisos asumidos por parte de la Subsecretaría de Derechos Humanos de la SEGOB fue la realización de una visita a Chihuahua con comunidades afectadas, para la atención oportuna inmediata. En esta reunión la SEGOB afirmó que en recientes días comenzaron una serie de acciones que forman parte de una ruta de acción. En la reunión celebrada dieron a conocer que cuentan con un diagnóstico derivado de la visita que realizaron el 8 y 9 de agosto, donde reconocieron la magnitud de la problemática del desplazamiento forzado.

Durante estos diálogos se dio a conocer el “Informe sobre el desplazamiento forzado interno en Chihuahua. Resultados de la

Misión Civil de Observación. Mayo 2026”. Las organizaciones civiles ofrecieron la información recabada durante sus visitas a las comunidades desplazadas y expresaron su apertura y disposición a trabajar en coadyuvancia con las instituciones públicas, siempre priorizando los requerimientos de las comunidades desplazadas y garantizando el respeto a sus derechos humanos y comunitarios.

Fue en mayo de 2026 cuando la Misión Civil realizó visitas en tres municipios del estado de Chihuahua para conocer la situación en la que viven las personas desplazadas y se reunió con la Comisión del Gobierno del Estado de Chihuahua para la atención al desplazamiento forzado, así como con la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) y la Fiscalía General del Estado, quienes no realizaron compromisos concretos pero comentaron tener disposición de coordinarse con la Federación.

Las organizaciones integrantes de la Misión Civil de Observación reconocieron y celebraron la apertura y disposición de funcionarios públicos de los tres niveles de gobierno y de los tres poderes del gobierno de México, así como de la ONU-DH y ACNUR para escuchar los testimonios de los mexicanos y tomar acción para garantizar que las personas desplazadas tengan la oportunidad de reconstruir sus vidas, obtener justicia y vivir con dignidad.

Así mismo agradecieron el apoyo de organizaciones civiles del estado de Chihuahua y del país que han mostrado su apoyo incondicional a las familias desplazadas de la Sierra Tarahumara y se han mantenido observantes del recorrido de la Misión, dando eco a las denuncias, demandas y propuestas que se han extendido en torno al Desplazamiento Forzado Interno (DFI).

La Misión Civil de Observación continuará con sus actividades de acompañamiento a las comunidades desplazadas que luchan por el reconocimiento de sus derechos humanos y comunitarios. La exigencia y el llamado para dar atención a las comunidades son para los tres niveles de gobierno y para todas las instancias públicas que puedan aportar al tema, sin distinción de su nivel de gobierno, partido o grupo político.

El Informe ofrece un diagnóstico sobre la situación actual de las comunidades desplazadas, la violencia generalizada e inseguridad que se viven en la Sierra Tarahumara, así como el peligro que corren otras comunidades de ser expulsadas de sus territorios.

En este documento se emiten una serie de peticiones y recomendaciones a las instituciones de los tres niveles de gobierno para atender de manera integral e interinstitucional a las víctimas de este delito. Entre las principales peticiones se encuentra la coordinación entre municipios, Gobierno del Estado de Chihuahua y la Federación, así como la realización de un plan especial de atención colectiva al desplazamiento forzado interno en Chihuahua.