Chihuahua, Chih.- Las madres y familias buscadoras que desde hace años recorren fiscalías, oficinas gubernamentales, calles y zonas de búsqueda para encontrar a sus seres queridos desaparecidos anunciaron que recurrirán a las vías legales para hacer valer su derecho de audiencia y lograr ser recibidas directamente por la gobernadora del Estado, María Eugenia Campos Galván.

Acompañadas por el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres ( CEDEHM), las familias dejaron claro que su exigencia no consiste en desconocer a las instituciones que ya las han atendido. Reconocen que han sostenido reuniones con funcionarios de la Fiscalía General del Estado (FGE) y de la Secretaría General de Gobierno, pero consideran que esas reuniones no sustituyen la audiencia que han solicitado con quien encabeza el Poder Ejecutivo estatal.

La jornada empezó en el templo del Sagrado Corazón de Jesús, donde participaron en una misa especial en memoria de sus seres queridos.

Durante la celebración religiosa, familiares llevaron consigo fotografías y mensajes dedicados a sus seres queridos, en un acto de memoria y acompañamiento entre quienes enfrentan la incertidumbre de no conocer su paradero.

Al concluir la misa, los asistentes continuaron con las actividades programadas para esta jornada, entre ellas una marcha hacia el Palacio de Gobierno.

La movilización partió desde el cruce de las avenidas 20 de Noviembre y Ocampo, donde los participantes se concentraron desde temprana hora para avanzar hacia el Centro Histórico de la ciudad.

Con fotografías de sus familiares desaparecidos y consignas, los manifestantes recorrieron las calles de la capital como parte de las actividades realizadas ayer 30 de agosto, Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas.

El contingente tuvo como destino el Palacio de Gobierno, donde emitieron un posicionamiento y expusieron públicamente sus principales demandas ante las autoridades estatales.

El reclamo cobró fuerza en al Plaza Hidalgo donde está la Cruz de Clavos, en que las familias anunciaron las acciones legales que emprenderán ante lo que consideran una falta de respuesta a su solicitud formal de audiencia.

El pasado 7 de agosto, las familias solicitaron una audiencia pública con la gobernadora para exponer directamente la situación que enfrentan, plantear propuestas y exigir respuestas frente a la crisis de desapariciones en Chihuahua.

Sin embargo, de acuerdo con el posicionamiento difundido por el colectivo, la respuesta recibida fue una invitación a participar en un encuentro estatal convocado por la Fiscalía General del Estado (FGE), sin la presencia de la gobernadora y bajo condiciones distintas a las planteadas originalmente; las familias decidieron no acudir. Su argumento es que no están pidiendo un favor, sino ejerciendo un derecho.

El colectivo acompañado por CEDEHM encabezado por Gabino Gómez y Ruth Fierro, sostuvo que tiene la gobernadora, como titular del Ejecutivo estatal, responsabilidades directas en materia de seguridad, búsqueda y atención a las víctimas, por lo que consideran indispensable establecer un diálogo directo con ella.

“No es que no queramos hablar con las autoridades”, es el fondo de su postura: las familias ya han hablado con funcionarios de distintas dependencias. Lo que buscan ahora es que la máxima autoridad del estado las reciba y escuche personalmente sus planteamientos.

De acuerdo con cifras de la FGE citadas en marzo de este año, cinco mil 25 personas permanecían desaparecidas en Chihuahua, con registros que remontan hasta 1972. El Centro reportó que más de 600 casos corresponden a este 2026 y son cifras similares más o menos anuales, lo que impactaban a más de mil familiares.

El colectivo de familias que actualmente acompaña CEDEHM está integrado por más de 500 familias, de acuerdo con el posicionamiento difundido previo a la movilización.

Según la organización, es el grupo más numeroso de familias de personas desaparecidas acompañado por una organización civil en Chihuahua.

Detrás de cada cifra existe una historia y una familia que permanece en espera; para las madres buscadoras, la desaparición no concluye con la presentación de una denuncia.

La incertidumbre continúa mientras no exista información sobre el paradero de sus familiares y, en muchos casos, mientras las investigaciones permanecen abiertas sin una respuesta definitiva.

Dijeron que no buscan únicamente otra mesa de trabajo con funcionarios, sino quieren sentarse frente a la titular del Ejecutivo estatal para plantearle directamente sus demandas y escuchar qué acciones tomará su administración ante la crisis de desapariciones.

Las familias sostienen que la búsqueda, la verdad y la justicia son obligaciones del Estado y que escuchar directamente a quienes padecen la desaparición de un familiar debe ser el punto de partida para diseñar políticas públicas eficaces.

Por ello, ante la falta de una audiencia con la gobernadora, anunciaron que utilizarán los mecanismos legales disponibles para exigir que su petición sea atendida.

El reclamo adquiere una dimensión adicional porque quienes buscan a sus familiares también enfrentan riesgos y desgaste emocional, económico y físico durante las jornadas de búsqueda.

Para ellas, el problema no puede reducirse a estadísticas ni a reuniones institucionales.

Quieren saber dónde están sus hijos, hermanos, esposos, padres y demás familiares. Quieren resultados y quieren que la gobernadora las escuche directamente.

Frente a Palacio de Gobierno, las madres buscadoras volvieron a colocar fotografías de sus seres queridos como recordatorio de que, mientras miles de personas continúen desaparecidas, la tragedia seguirá abierta.

Y ahora, además de las búsquedas en campo, las familias llevarán su lucha a los tribunales y a las instancias legales para defender algo que consideran elemental: su derecho a ser escuchadas por quien encabeza el Gobierno del Estado.