Chihuahua.- Pensiones Civiles del Estado redujo en aproximadamente 20 por ciento la deuda histórica de diversas dependencias afiliadas, entre ellas la Universidad Autónoma de Chihuahua y la Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Chihuahua, lo que permitió mejorar infraestructura, fortalecer la atención médica y avanzar hacia un abasto de medicamentos de hasta 92 por ciento durante 2026, informó el director general del organismo, Heriberto Miranda Pérez.

El funcionario explicó que, al asumir la dirección en mayo de 2025, PCE enfrentaba reclamos constantes por deficiencias en el servicio, desabasto recurrente de medicamentos, instalaciones deterioradas y diferimiento de consultas. Para identificar las principales problemáticas, la institución realizó recorridos por delegaciones de distintas regiones del estado y sostuvo reuniones directas con derechohabientes y personal médico.

De esos encuentros surgió un diagnóstico común que ubicó cinco ejes críticos: infraestructura con rezago de mantenimiento, percepción de trato impersonal, falta de medicamentos, retrasos en consultas de primer contacto y especialidades, así como limitaciones en áreas de hospitalización y urgencias, particularmente en las delegaciones con mayor demanda.

Ante la falta de recursos adicionales, la estrategia financiera se concentró en la recuperación de cartera vencida. PCE acumulaba adeudos superiores a 5 mil 600 millones de pesos de organismos afiliados. Durante 2025, la institución recuperó alrededor de mil millones de pesos mediante convenios de pago y reconocimiento formal de adeudos que no se habían regularizado en administraciones anteriores.

Entre los casos mencionados se encuentra la Universidad Autónoma de Chihuahua, que aceptó el adeudo y estableció un esquema de pagos mensuales, además de cubrir de manera puntual las retenciones corrientes. En el caso de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Chihuahua, PCE logró recuperar alrededor de 90 millones de pesos correspondientes a pasivos de ejercicios previos.

Los recursos recuperados permitieron regularizar pagos con proveedores de servicios médicos y farmacéuticos, además de destinar una parte a obras de rehabilitación y equipamiento. Miranda Pérez señaló que la institución optó por reinvertir los ingresos extraordinarios en áreas prioritarias para mejorar la atención al derechohabiente.

En el rubro de medicamentos, PCE modificó el esquema de compra y distribución. La licitación del abasto para 2026 se realizó desde noviembre de 2025, lo que permitió asegurar precios del año previo y programar entregas desde enero. Además, se implementó un modelo de abastecimiento simultáneo, que divide cada clave entre tres proveedores para reducir riesgos de incumplimiento.

Al 10 de febrero de 2026, la institución reportó un cuadro básico de mil 56 claves, de las cuales 868 quedaron licitadas y 768 ya se encontraban en almacén, lo que representó un avance del 88 por ciento sobre las claves adjudicadas. En ese periodo, PCE distribuyó más de 959 mil piezas en todo el estado.

Para las claves con desabasto nacional, la institución realizó compras de emergencia y trabajó con el personal médico en la definición de alternativas terapéuticas. Miranda Pérez indicó que el objetivo es alcanzar un nivel de abasto de 92 por ciento al cierre del primer bimestre del año.

En materia de infraestructura, PCE ejecutó obras en la delegación Chihuahua, donde habilitó una nueva área de observación en urgencias, además de remodelar consultorios. En Ciudad Juárez, el organismo instaló una nueva unidad de hemodiálisis y adquirió ambulancias para esa ciudad y para la capital del estado.

En atención médica, la institución contrató más de 35 profesionales de la salud en distintas regiones y habilitó consultorios de atención médica continua las 24 horas en cinco ciudades. Actualmente, PCE mantiene un diferimiento de cirugías de prótesis, para el cual ya definió una estrategia de programación quirúrgica durante el primer semestre de 2026.

Sobre el sistema pensionario, el director general señaló que se trata de un problema estructural, ya que las aportaciones solo cubren una parte del costo total y el resto depende de subsidio estatal, el cual, afirmó, ha sido cubierto de manera regular por la Secretaría de Hacienda.

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