De acuerdo con un análisis del periodo 2019-2023, de un total acumulado de siete mil 136 recomendaciones emitidas por la Auditoria Superior del Estado (ASE), únicamente mil 647 han sido solventadas, lo que deja un 77% (5 mil 488) de las observaciones en estatus de "no atendida", por lo que dieron pie a la presentación de dos mil 194 denuncias administrativas y 69 promociones de denuncias de hechos.
Lo anterior, derivado de una revisión al último Informe Anual de Avances 2025, presentado por la Auditoría Superior del Estado (ASE) ante el H. Congreso del Estado, donde la mayoría de las instituciones que encabezan la lista de incumplimiento en el "Semáforo de atención de recomendaciones" son gobiernos municipales.
Los entes públicos con mayor número de recomendaciones pendientes de solventar durante el quinquenio analizado son Juárez (142 recomendaciones no atendidas), Madera (128), Gran Morelos (127), Urique (125), Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas (SCOP) (118), Allende (117), Rosales (112), Ahumada (110), Cuauhtémoc (100), Riva Palacio (96), Nuevo Casas Grandes (86), Morelos (84), Matachí (82), Práxedis G. Guerrero (75), Manuel Benavides (69), y Nonoava (69).
En contraparte, el informe destaca a las instituciones que han mostrado mayor voluntad para implementar las acciones de mejora sugeridas por la autoridad fiscalizadora, entre los cuales están: la Secretaría de Hacienda (55 recomendaciones atendidas), el Centro de Exposiciones y Convenciones de Chihuahua A. C. (25), Meoqui (25), Instituto Chihuahuense de Salud (Ichisal) (20), Instituto Chihuahuense del Deporte y Cultura Física (20), Promotora para el Desarrollo Económico de Chihuahua (20), Comisión Estatal de Vivienda, Suelo e Infraestructura (Coesvi) (18), Colegio de Bachilleres del Estado (Cobach) (17), Junta Central de Agua y Saneamiento (JCAS) (17), Congreso del Estado (16).
Han respondido sólo mil 647 de cinco mil 488 en cuatro años
El municipio de Madera, que encabeza el incumplimiento, cuenta con denuncias ante la Fiscalía Anticorrupción por hechos constitutivos de posible peculado en la Cuenta Pública 2019. El informe 2025 destaca que, aunque un auto de vinculación a proceso inicial fue revocado tras una apelación, la ASE presentó una nueva denuncia en 2025 por los mismos hechos. En auditorías de 2019 fincaron responsabilidades que resultaron en la inhabilitación por diez años de dos personas, además de sanciones económicas e indemnizaciones. Madera es señalada explícitamente como un ente "omiso" en las evaluaciones de transparencia de estados financieros y registros contables en al menos tres de los últimos cinco periodos evaluados.
En cuanto a la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas (SCOP), destaca por irregularidades en la gestión de recursos, señalándosele por no presentar evidencia suficiente de haber recuperado pagos en exceso realizados a contratistas. Esto derivó en múltiples PRAS en la Cuenta Publica del 2022.
Asimismo, sus solicitudes de aclaración de la Cuenta Pública 2023 no fueron solventadas en temas de conceptos de obra pagados pero no ejecutados, derivando en "Recomendaciones con vista al OIC" para investigar a los servidores públicos responsables.
En relación con el municipio de Nuevo Casas Grandes cuenta con un auto de vinculación a proceso vigente derivado de una denuncia penal de la Cuenta Pública 2021 con denuncias adicionales ante la Fiscalía Anticorrupción por la Cuenta Pública 2022 bajo el estatus de investigación inicial. Asimismo, de auditorías previas, hay IPRAS resueltos con responsabilidad y sanción, incluyendo inhabilitaciones.
Los municipios de Rosales y Nonoava presentan un perfil alto de judicialización con múltiples denuncias de hechos de la Cuenta Pública 2022 por posibles delitos que están actualmente en etapa de investigación inicial ante el Ministerio Público.
Los entes públicos ubicados en el "top" de incumplimiento de recomendaciones son señalados en el Capítulo de Transparencia del informe por ser omisos
Irregularidades en la gestión de recursos, peculado, falta de transparencia de estados financieros y conceptos de obra pagados pero no ejecutados, entre los señalamientos en responder las encuestas de cumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental Morelos, Matachí, Manuel Benavides, Madera y La Cruz.
La omisión sistemática en la solventación de observaciones activa mecanismos de sanción previstos en la Ley de Fiscalización Superior del Estado. Cuando una entidad no atiende las recomendaciones o sus aclaraciones son insuficientes, la ASE procede a través de tres vías principales, la Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria (PRAS): Notifican a los Órganos Internos de Control (OIC) por faltas no graves, Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA) que inician por hechos relacionados con faltas administrativas graves ante el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa (TEJA) y Denuncias de Hechos (DH) si la conducta detectada constituye un posible delito, el caso lo remiten a la Fiscalía Anticorrupción (FACH). (Roberto Piñón / El Diario)