El traslado de las salas Penal y Civil de Parral a Chihuahua capital representa un retroceso para las víctimas de la región sur, al alejarlas de una justicia cercana y aumentar las barreras territoriales, culturales y de comunicación que enfrentan para acceder a ella, advirtió la comisionada ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado (CEAVE), Norma Ledezma Ortega.

La funcionaria consideró que la decisión del Poder Judicial (PJE) debe analizarse nuevamente desde una visión más empática con las víctimas, especialmente con quienes habitan en municipios serranos y comunidades alejadas, donde el acceso a los servicios, las vías de comunicación y la conectividad digital todavía resultan limitados.

Ledezma Ortega explicó que la presencia de las salas de segunda instancia en Parral permitía acercar la justicia a una región en la que los traslados hacia la capital pueden representar varias horas de camino, además de mayores gastos y dificultades para las personas que necesitan dar seguimiento a sus procesos judiciales.

Aunque reconoció que la conformación de una Red Estatal de Magistraturas y el uso de herramientas digitales pueden tener como propósito agilizar la resolución de los asuntos, sostuvo que la centralización también puede producir el efecto contrario para las víctimas que no cuentan con acceso permanente a Internet o enfrentan condiciones económicas y geográficas adversas.

“Hay lugares donde todavía no está garantizada una comunicación fluida, incluso personalizada”, manifestó la comisionada, quien señaló que las fallas de señal son constantes en los caminos y comunidades del sur del estado, por lo que la tecnología no sustituye completamente la atención presencial ni la cercanía con las autoridades judiciales.

Añadió que la distancia no sólo debe medirse en kilómetros, debido a que las víctimas de las regiones serranas viven contextos sociales y culturales distintos a los de Chihuahua capital. La atención de sus casos, precisó, requiere conocimiento jurídico, pero también comprensión de las comunidades, sus costumbres y las condiciones en las que enfrentan la violencia.

Desde su experiencia en el acompañamiento directo a víctimas y personas desplazadas, advirtió que retirar instituciones de las regiones puede debilitar el acceso a la justicia, principalmente entre grupos vulnerables que ya encuentran obstáculos para denunciar, trasladarse o mantenerse informados sobre el avance de sus expedientes.

“Hay lugares donde todavía no está garantizada una comunicación fluida, incluso personalizada” Norma Ledezma Ortega Comisionada ejecutiva de Ceave

Ledezma aclaró que el traslado de las salas no implica necesariamente la negativa del servicio, pero consideró que sí puede alejarlo de la población y resultar contradictorio con el principio constitucional de una justicia pronta y expedita. Por ello, pidió que la determinación sea revisada con mayor consulta y con conocimiento de las necesidades particulares de la zona sur.

“Si centralizamos, estamos alejando la justicia, expresó al señalar que las decisiones institucionales deben garantizar los derechos de las personas y evitar que los habitantes de comunidades apartadas enfrenten nuevas dificultades para acceder a tribunales, magistrados y resoluciones de segunda instancia”.

La postura de la comisionada se suma al rechazo manifestado por colegios de abogados, cámaras empresariales, legisladores y representantes de la sociedad civil de Parral, quienes consideran que el traslado de las salas Penal y Civil constituye un retroceso para la vida institucional de la región.

El acuerdo aprobado por el Órgano de Administración Judicial (OAJ) contempla que ambas salas comiencen a despachar desde Chihuahua capital como parte de una Red Estatal de Magistraturas apoyada en sistemas de Justicia Digital. La sala Penal sería trasladada en su totalidad, mientras una parte del personal de la sala Civil permanecería en Parral.

El Poder Judicial ha sostenido que los distritos de Hidalgo, Jiménez, Camargo, Mina, Andrés del Río y Arteaga conservarán la atención y contarán con el respaldo de las salas instaladas en la capital. Sin embargo, los sectores inconformes advierten que la eficiencia administrativa no debe alcanzarse a costa de retirar de las regiones los órganos que acercan la justicia a la población.