Chihuahua, Chih.- El secretario de Desarrollo Urbano y Ecología del Estado, Gabriel Valdez Juárez, pidió revisar la metodología y los parámetros utilizados por la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) para concluir que el 31 por ciento de los terrenos de vivienda en Chihuahua presentan alguna condición de irregularidad, cifra que equivale a más de 858 mil edificaciones.

El funcionario consideró que el porcentaje resulta elevado para la realidad que observa el estado y señaló que antes de emitir una valoración definitiva resulta necesario conocer con precisión los criterios empleados por la dependencia federal para clasificar una vivienda o asentamiento como irregular.

“Se me hace un número que habría que checar. No te puedo decir si está bien o mal, pero revisaría los datos y los parámetros que utilizan”, expresó.

La postura surge luego de que la Sedatu difundió los resultados de la Metodología para la Identificación de Asentamientos Humanos Irregulares en México, documento que estima que de las 2 millones 715 mil 421 edificaciones existentes en Chihuahua, al menos 858 mil 433 son potencialmente irregulares.

El estudio federal indica además que 105 mil 345 edificaciones se encuentran en zonas susceptibles a altos riesgos, 52 mil 577 en áreas con alto y muy alto grado de marginación, 44 mil 814 invaden derechos de vía y 21 mil 976 están asentadas en zonas de valor ambiental.

Valdez Juárez explicó que el estado trabaja con un universo cercano a 270 asentamientos urbanos sujetos a procesos de regularización, algunos desarrollados directamente por el gobierno estatal y otros mediante convenios con particulares.

De acuerdo con los registros de la dependencia, esos asentamientos concentran alrededor de 120 mil lotes, de los cuales más de 80 mil ya cuentan con regularización, mientras que unos 40 mil permanecen pendientes de concluir su proceso.

El secretario señaló que la legislación vigente obliga desde hace décadas a que los nuevos desarrollos habitacionales cuenten con autorizaciones municipales, situación que dificulta que los fraccionamientos recientes formen parte de un universo tan amplio de irregularidades.

Añadió que algunos casos podrían corresponder a viviendas ubicadas en zonas de riesgo, invasiones de derechos de vía o asentamientos surgidos sobre terrenos de origen ejidal o social sin la totalidad de los permisos requeridos.

Por su parte, el director de la Comisión Estatal de Vivienda, Suelo e Infraestructura (Coesvi), José Antonio Chávez Rodríguez, afirmó que la regularización de asentamientos corresponde principalmente a los municipios a través de sus direcciones de Desarrollo Urbano, por lo que dijo desconocer el origen de las cifras difundidas por la Sedatu.

Indicó que en Ciudad Juárez sí existen asentamientos identificados en zonas de riesgo, particularmente en áreas cercanas a cauces y cuerpos de agua que quedaron expuestos durante las lluvias registradas el año pasado, aunque evitó validar el porcentaje reportado por la dependencia federal.

“Desconozco estas cifras que están vertiendo por parte de Sedatu y no sé si se refieren a algún inventario o al levantamiento que ellos hayan realizado”, declaró.

Chávez Rodríguez destacó que la Coesvi participa en la regularización de viviendas mediante programas de escrituración y aseguró que durante la actual administración estatal han entregado más de mil 200 escrituras a familias cuyos predios cumplen con los requisitos de zonificación, uso de suelo y seguridad establecidos por las autoridades municipales.

El funcionario explicó que antes de emitir una escritura, la comisión verifica que los terrenos no se encuentren en áreas de riesgo y cuenten con las autorizaciones correspondientes para uso habitacional.

Tanto la SDUE como la Coesvi coincidieron en que la existencia de asentamientos irregulares representa un problema real en distintas regiones del estado, aunque consideraron necesario revisar los alcances del estudio federal para determinar si las más de 858 mil edificaciones reportadas efectivamente corresponden a viviendas en condición de irregularidad o si la metodología incorpora otros supuestos relacionados con la tenencia de la tierra y la situación jurídica de los predios.

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