Chihuahua, Chih.- Desde el inicio de la presente administración estatal, la Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS) de Chihuahua ha interpuesto alrededor de 900 denuncias ante la Fiscalía General del Estado (FGE) por tomas clandestinas de agua, una práctica que ha disminuido de manera considerable durante los últimos años gracias a los operativos de vigilancia y a las sanciones económicas y penales aplicadas a quienes incurren en este delito, informó el director de la dependencia, Alan Falomir Sáenz.
El funcionario explicó que la mayoría de las denuncias corresponden a conexiones irregulares detectadas fuera de la mancha urbana, principalmente en conducciones utilizadas para actividades agrícolas. En estos casos, la JMAS presenta las querellas correspondientes ante la Fiscalía y participa en el cierre de las tomas ilegales, mientras que la autoridad ministerial continúa con los procedimientos penales.
Falomir señaló que durante 2026 la detección de nuevas conexiones clandestinas ha disminuido de forma importante debido al trabajo realizado durante los últimos tres años. Indicó que actualmente resulta más complicado localizar este tipo de instalaciones porque quienes las realizan buscan ocultarlas mejor, aunque aseguró que la dependencia mantiene labores permanentes de supervisión para identificarlas.
Precisó que las conexiones irregulares ubicadas dentro de la ciudad, como aquellas que abastecen viviendas particulares, siguen un procedimiento administrativo distinto y generalmente no derivan en denuncias penales debido a los volúmenes involucrados. En esos casos, la JMAS aplica sanciones económicas conforme a la normatividad vigente.
El director atribuyó la reducción de las tomas clandestinas a la capacidad operativa, tecnológica y de personal con la que cuenta el organismo en la capital del estado. Explicó que la vigilancia de la red hidráulica permite monitorear en tiempo real los volúmenes de agua transportados y detectar comportamientos anómalos que podrían indicar una extracción ilegal.
Añadió que en años anteriores algunas conexiones clandestinas eran realizadas directamente en válvulas expulsoras o en puntos visibles de las conducciones principales, situación que facilitaba su detección. Sin embargo, las personas que continúan incurriendo en esta práctica buscan ocultar cada vez más las instalaciones, lo que obliga a reforzar las labores de inspección.
Falomir recordó que la ciudad de Chihuahua registra una dotación aproximada de 400 litros de agua por habitante al día, mientras que el consumo estimado ronda los 280 litros diarios por persona. La diferencia forma parte del volumen conocido como agua no contabilizada, que incluye pérdidas por fugas, consumos sin medición, errores de registro y robo de agua mediante conexiones irregulares.
En ese sentido, destacó que la JMAS ha impulsado durante los últimos cuatro años acciones para reducir las pérdidas mediante la instalación de medidores, la sectorización de la red y el combate a las fugas. Estas medidas, afirmó, han contribuido a mejorar la distribución del recurso y a disminuir los reportes ciudadanos por falta de agua o baja presión.
El funcionario indicó que cuando asumió la dirección de la JMAS registraban entre mil 500 y dos mil reportes diarios relacionados con interrupciones en el suministro. Actualmente, la cifra oscila entre 160 y 170 reportes diarios, aun durante los periodos de temperaturas más elevadas.
Respecto a las sanciones, explicó que las multas administrativas por conexiones irregulares pueden iniciar alrededor de mil 500 pesos y alcanzar hasta 40 mil pesos en viviendas particulares. En el caso de tomas clandestinas instaladas en conducciones de mayor capacidad, las sanciones económicas pueden ascender a millones de pesos dependiendo del volumen de agua extraído ilegalmente.
Además de las multas y la reparación del daño, los responsables pueden enfrentar consecuencias penales. Falomir advirtió que los casos reincidentes, particularmente aquellos relacionados con actividades agrícolas y grandes volúmenes de extracción, pueden derivar incluso en penas de prisión conforme a la legislación aplicable.