Chihuahua. – La diputada Xóchitl Contreras (PAN) propuso una reforma para que deudores alimentarios enfrenten consecuencias reales en Chihuahua, debido a la gran cantidad de madres que acuden a los tribunales para exigir una pensión alimenticia para sus hijos.
La legisladora mencionó que las madres enfrentan procesos legales que pueden durar años sin lograr que el padre cumpla con su responsabilidad, y ante dicha realidad, presentó una iniciativa para fortalecer la aplicación del Registro Estatal de Personas Deudoras Alimentarias Mor y garantizar que quienes incumplen con la manutención de sus hijos enfrenten consecuencias reales.
El REPDAM fue creado en 2021 con el objetivo de registrar a los padres que no cumplen con la pensión alimenticia, sin embargo, en la práctica la herramienta casi no se utiliza, mientras el procedimiento actual es complicado, costoso y obliga a las madres a iniciar trámites adicionales después de años de juicio, consideró la legisladora.
“Cuando un padre deja de pagar la pensión, la carga recae completamente en la madre. Muchas tienen que endeudarse, reducir sus jornadas laborales o sacrificar proyectos personales para sacar adelante a sus hijos. Eso no puede seguir ocurriendo mientras la ley permanece sin aplicarse”, declaró.
La iniciativa propone transformar el funcionamiento del REPDAM para que en la realidad proteja a las familias y entre las principales medidas destacan que el registro de deudores sea de oficio desde el primer incumplimiento de la pensión provisional, sin que la madre tenga que realizar trámites adicionales, y que la inscripción se ejecute en un plazo máximo de 24 horas.
Además, la propuesta establece que instituciones como el Servicio de Administración Tributaria, el Instituto Mexicano del Seguro Social, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, así como bancos y empleadores, estén obligados a informar a los jueces sobre los ingresos y bienes del deudor en un plazo máximo de cinco días hábiles.
También contempla consecuencias patrimoniales reales para quienes incumplan con la pensión alimenticia, como la imposibilidad de vender propiedades, la retención de devoluciones fiscales, el bloqueo de cuentas bancarias por orden judicial y la restricción para ocupar cargos públicos, ser candidatos, proveedores del gobierno o realizar trámites notariales.
Así mismo, plantea que el registro estatal se conecte con el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias y establece sanciones de hasta 500 UMAs para servidores públicos, notarios o patrones que obstaculicen la aplicación de la ley.
César Lozano T / clozano@diarioch.co.mmx