Chihuahua, Chih.- Un grupo de 165 ejidatarios y sus familias del ejido Zaragoza, en el municipio de Juárez, acudió este lunes al Tribunal Unitario Agrario Distrito 5 para exigir justicia por la ocupación de más de 20 hectáreas de terrenos ejidales que, aseguran, fueron tomadas por empresas maquiladoras sin autorización de la asamblea ejidal.
Encabezados por su representante legal, Tomás Valderrama Gutiérrez, los afectados comparecieron ante el órgano agrario en lo que corresponde a la segunda audiencia del juicio iniciado el año pasado, derivado de la instalación de complejos industriales en predios que consideran propiedad colectiva del ejido.
“Los comparecientes vienen a solicitar impartición de justicia en virtud de la ocupación que tienen empresas maquiladoras en terrenos del ejido Zaragoza. Son 165 ejidatarios directamente afectados, además de sus familias”, expresó Valderrama Gutiérrez al exterior del tribunal.
De acuerdo con la parte demandante, las construcciones comenzaron entre 2021 y 2022, periodo en el que diversas empresas iniciaron operaciones en la zona sin contar aseguran con el consentimiento legal del ejido.
“Por parte del ejido no se otorgó ninguna autorización. Desconocemos cómo fue que las maquiladoras se instalaron en esos terrenos, porque son totalmente ejidales y eso es precisamente lo que se está ventilando en el juicio”, señaló.
Entre las compañías señaladas por los inconformes se encuentran Grupo Vesta Baja California y la empresa Wistron de México, esta última identificada como una de las principales firmas asentadas en el área en conflicto.
El litigio agrario fue promovido en agosto del año pasado y actualmente continúa su proceso jurídico ante el Tribunal Unitario Agrario Distrito 5, donde los ejidatarios esperan obtener una resolución favorable.
“Confiamos en la justicia agraria. Sabemos que el tribunal está para resolver este tipo de conflictos y esperamos que pronto podamos tener una resolución favorable a los intereses de los 165 ejidatarios que representamos”, añadió el representante.
Los afectados sostienen que la disputa no solo involucra la propiedad de la tierra, sino también el respeto a los derechos agrarios y a la legalidad en la instalación de desarrollos industriales sobre terrenos de uso ejidal.