El dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Moreno Cárdenas y la diputada federal Graciela Ortiz González acusaron a Morena de intervenir en el Instituto Nacional Electoral (INE) por presuntos vínculos entre personal del partido y colaboradores de la consejera presidenta, Guadalupe Taddei. Ambos exigieron que las investigaciones alcancen a todos los funcionarios y consejeros que pudieran tener responsabilidad, y no se limiten a la salida de su titular.
Durante su visita a Chihuahua, Moreno señaló que el caso debe investigarse hasta sus últimas consecuencias y mencionó las actuaciones de la Fiscalía General de la República (FGR), la Unidad de Inteligencia Financiera y la Auditoría Superior de la Federación. Sostuvo que las irregularidades deben revisarse tanto en el manejo de recursos públicos como en los contratos, adjudicaciones y nombramientos realizados dentro del organismo electoral.
Como ejemplo de los presuntos vínculos entre Morena y la presidencia del INE, el dirigente priista afirmó que una persona que trabajaba con el representante de ese partido ante el Instituto cobraba en Morena y al mismo tiempo ocupaba la jefatura de oficina de Guadalupe Taddei.
Moreno agregó que las investigaciones no deben limitarse a la estructura financiera, sino incluir las áreas de formación, capacitación y fiscalización, donde consideró que también pudieron presentarse irregularidades en los nombramientos. Incluso sostuvo que podría haber consejeras o consejeros involucrados en los hechos que son investigados.
El dirigente nacional del PRI afirmó que el organismo electoral atraviesa una crisis de credibilidad y responsabilizó a Morena por el deterioro de la confianza en una institución que, dijo, debe garantizar elecciones con certeza e independencia. Por ello, demandó que la próxima presidencia del INE recaiga en una persona íntegra, autónoma e independiente.
Por su parte, Graciela Ortiz consideró que los señalamientos contra Taddei confirman las denuncias que el PRI ha realizado sobre el debilitamiento de la estructura democrática del Instituto y cuestionó el manejo de los recursos públicos durante su gestión.
La legisladora calificó como vergonzoso que el organismo enfrente acusaciones de esta naturaleza y sostuvo que no basta con la renuncia de la consejera presidenta, sino que deben fincarse responsabilidades tanto a ella como a los funcionarios y consejeros que hayan participado en las presuntas irregularidades.
Ortiz acusó a Taddei de favorecer mediante contratos a personas cercanas y señaló que las investigaciones deben determinar quiénes participaron en esas decisiones.