Chihuahua.- La evidencia del expediente de Fiscalía General de la República (FGR) sobre actuaciones irregulares en el desmantelamiento del narcolaboratorio en el municipio de Morelos, apunta a que el exfiscal de Operaciones Estratégicas, Arturo Zuany Portillo, era quien mantenía las conexiones con agencias de Estados Unidos.
El también exdirector de la Agencia Estatal de Investigación de la Fiscalía General del Estado, actualmente prófugo, fue quien recibió en sus oficinas del C-4 a personal de aquel país e incluso lo dotó de armas los días previos al operativo en la comunidad de El Pinal.
Asimismo -de acuerdo con el expediente federal, que consta de registros de video, bitácoras oficiales y testimonios de agentes, al que El Diario logró tener acceso- elementos extranjeros habían participado, armados y cubiertos con pasamontañas, en un operativo entre los municipios de Nonoava y San Francisco de Borja, junto con personal de la FGE, la Secretaría de Seguridad Pública, la Guardia Nacional y el Ejército.
Es decir, antes del desmantelamiento del narcolaboratorio, tras lo cual murieron dos agentes estadounidenses de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) que estaban irregularmente en territorio nacional, elementos de ese país habían participado en operaciones especiales en el estado.
En la causa penal federal por presunta traición a la patria, iniciada actualmente contra el exfiscal general del Estado, César Jáuregui Moreno, la FGR sostiene que un testimonio policial y videos de circuito cerrado hacen presumir que agentes de la CIA portaron armas en México sin autorización.
Uno de los videos corresponde precisamente a las instalaciones de la Fiscalía de Operaciones Estratégicas y al 16 de abril, fecha documentada en los reportes gráficos que contiene el expediente federal, en el que obran respuestas y documentos de la FGE, del Ejército y de otras autoridades estatales y federales.
Un operativo ante la ola de violencia... con intervención de EU
El 19 de marzo de 2026, la FGE dio a conocer los resultados de un operativo en el que participaron “elementos de Operaciones Estratégicas de la Agencia Estatal de Investigación, Secretaría de la Defensa Nacional, Grupo SWAT, Grupo de Inteligencia, Proyectos Especiales, GOT y de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal”.
Según ese comunicado oficial, en un camino de terracería cerca de la comunidad de Ciénega Ojos Azules, en el municipio de San Francisco de Borja, fue localizada una camioneta Ford Expedition negra, así como tres fusiles AR-15, uno de ellos marca Colt y otro Anderson. También se aseguraron 765 cartuchos calibre .223, 163 cartuchos calibre 7.62 por 39 milímetros, 35 cargadores calibre .223 y cuatro cargadores calibre 7.62 por 39 milímetros.
Asimismo, fueron localizados ocho chalecos tácticos, seis placas de blindaje para chaleco, un par de botas tácticas color beige, dos placas vehiculares y una funda de lona para arma corta.
Como parte del reporte, se establece que durante un recorrido en las calles Abasolo y Sexta de San Francisco de Borja, las autoridades detuvieron a Marvin Oswaldo T. V., de 32 años, por el delito de portación ilegal de arma de fuego. En el lugar se aseguró una camioneta Ford Explorer negra, un rifle calibre .22 con mira telescópica y 11 cartuchos útiles, así como un rifle Savage calibre .30-06 con mira telescópica y tres cartuchos.
El reporte también asentó el aseguramiento de un Buick Lacrosse modelo 2012, color gris, en una brecha que conduce de San Bernabé a San Francisco de Borja, además de una Chevrolet Silverado color café, localizada en las calles Cuarta y Prolongación Mariano, en esta última comunidad.
Por otra parte, menciona que en Nonoava fue asegurado un Jeep Wrangler modelo 2014, color gris, un arma larga descrita en el informe como Barret, con un cargador abastecido con un cartucho calibre .50, así como una bolsa con tres kilogramos de marihuana.
En ninguna parte del reporte es mencionada la participación de agentes extranjeros, pero los testimonios de los agentes estatales señalaron que estuvieron presentes, por instrucciones de Pedro Oseguera, director de AEI de la FGE, posición a la que llegó luego de que Zuany Portillo, meses atrás, fuera cambiado al cargo de fiscal de
Dos citas antes del narcolaboratorio
Según las investigaciones, el 13 de abril de 2026, el entonces fiscal general, César Jáuregui, sostuvo una reunión en sus oficinas con el director de la AEI y el fiscal de Operaciones Especiales, donde habrían definido un plan para localizar y destruir el narcolaboratorio de El Pinal.
La FGR basa parte de su acusación en este encuentro, pero el exfiscal de Operaciones Estratégicas está prófugo y el que fuera director de la AEI murió en el operativo; Jáuregui no ha declarado para qué fue esa reunión, aunque una declaración previa de Zuany asentó que ese día comenzó la planeación de la intervención en Morelos.
Otro registro contenido en la investigación corresponde al 14 de abril. En una bitácora de acceso al Complejo Estatal de Seguridad (C-4) estatal aparece el nombre de Richard Leiter Johnston III (QEPD), quien se habría dirigido a las instalaciones de la Fiscalía de Operaciones Estratégicas.
El motivo de la visita, registrada por una agente de seguridad a cargo de la caseta de acceso, asienta “cita con zuany (sic)”.
El dato que obra en los registros del expediente es aislado; únicamente se encontró un registro de ingreso a nombre de Johnston, aunque otros materiales videográficos muestran a sujetos no identificados en instalaciones de la Fiscalía de Operaciones Estratégicas.
El 16 de abril, dos días después, las cámaras registraron la llegada de Zuany a las instalaciones a las 9:29 horas de la mañana. El registro videográfico también ubica Oseguera Cervantes, alrededor de las 10 de la mañana.
Las secuencias de videos captados por las cámaras de vigilancia de la misma Fiscalía registran de entradas y salidas de personas identificadas como escoltas y visitantes. En varios momentos, un escolta aparece portando un arma larga; en una de las entradas lleva además un objeto que parece una caja de herramientas.
A las 11:13 horas, son captadas personas descritas como el escolta de Zuany, una escolta femenina y un hombre de cabello largo señalado como estadounidense, todos con armas largas. Segundos después, puede notarse la presencia de otros visitantes descritos como dos estadounidenses y una persona de rasgos filipinos. Más adelante, registra el intento de ingreso de un hombre identificado como “Jason” y la entrada de dos personas más.
Presumiblemente, ese día los agentes estadounidenses recibieron armas largas de la Fiscalía de Operaciones Estratégicas, a la vez que terminaron de planear el operativo posterior al que se dirigirían por tierra.
El operativo y sus consecuencias
Según la información publicada previamente por El Diario, la Sedena reportó a la FGR que su participación consistió exclusivamente en proporcionar seguridad periférica. Sin embargo, un dictamen de criminalística de campo de la propia Fiscalía federal y los testimonios de varios agentes estatales describen un recorrido conjunto de personal de la AEI y del Ejército, con participación de Oseguera, que culminó en la localización de las instalaciones utilizadas para producir drogas sintéticas.
En su declaración, un agente sostuvo que caminó durante aproximadamente hora y media siguiendo a Oseguera, elementos militares y uno de los hombres encapuchados que identificó como agente de la CIA. Otro policía afirmó que el director de la AEI, militares y los extranjeros que lo acompañaban fueron quienes llegaron primero al sitio.
El accidente del 19 de abril, en el que murieron Oseguera, su escolta y chofer, Manuel Genaro Méndez Montes, y los ciudadanos estadounidenses Richard Leiter Johnston III y John Dudley Black, ocurrió al regresar del operativo montado alrededor del narcolaboratorio.
Tras esos hechos y después de días en que variaron las explicaciones oficiales, renunció el fiscal general del Estado, César Jáuregui y el fiscal de Operaciones Estratégicas, Arturo Zuany, al mismo tiempo en que la gobernadora Maru Campos anunció la integración de una unidad especial de investigación del caso, a cargo de la entonces fiscal especial de Mujeres, Wendy Chávez.
La investigación estatal, que no ha sido pública, derivó en la detención del exfiscal Jáuregui por los delitos de ejercicio indebido del servicio público y coalición de servidores públicos; el día de su detención, el sábado pasado, trascendió que también había sido librada una orden de aprehensión también contra Zuany, quien sigue prófugo, por los mismos motivos, así como por falsedad de declaraciones.
Luego le fue ejecutada una orden de aprehensión al exfiscal estatal por el delito de traición a la patria, por lo cual fue presentado ante un juez federal en el Cefereso del Altiplano, en Almoloya de Juárez, Estado de México.
Tras la audiencia inicial, trascendió que la FGR presentó evidencias que involucran a directamente al exfiscal prófugo, quien dependía directamente de Jáuregui Moreno.
Entre el caudal probatorio para imputar al exfiscal, aparecen registros en video, testimonios de agentes que participaron en el operativo y en el procesamiento de la escena del accidente donde murieron Pedro Oseguera y sus acompañantes, además de comunicaciones oficiales internas de la Fiscalía del Estado, el Ejército y la FGR, antes y a partir de la investigación.
La audiencia inicial de Jáuregui se mantuvo cerrada debido a que la FGR así lo pidió al juez, porque ventilaría información que podría comprometer la seguridad nacional, pero han trascendido detalles del expediente con el que la instancia formuló la imputación, pidió la medida cautelar de prisión preventiva y hoy pedirá la vinculación a proceso del exfiscal de Chihuahua.
En tanto, al exfiscal de Operaciones Estratégicas no le ha sido ejecutada orden de aprehensión federal o estatal, ni han sido involucradas más personas de la Fiscalía General del Estado como presuntas responsables de actuaciones irregulares.








