Chihuahua, Chih.- El equipo jurídico que encabeza la defensa del exfiscal general de Chihuahua, César Jáuregui Moreno, sostuvo que -con una carpeta de investigación idéntica a la de la fiscalía de Chihuahua- la Fiscalía General de la República (FGR) carece de elementos probatorios contundentes para acreditar que el exfuncionario autorizara o tuviera conocimiento de la incursión operativa de agentes extranjeros armados en territorio estatal.
Frente al auto de vinculación a proceso dictado la madrugada de este domingo por el delito de traición a la patria, los litigantes cuestionaron la solidez del expediente federal y señalaron la inviabilidad procesal de litigar dos causas penales de alto impacto al mismo tiempo.
Previo y durante la prolongada audiencia inicial de más de siete horas celebrada a puerta cerrada en el Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez, el abogado José Ramón Flores —quien integra la defensa junto con Héctor Villasana— aseveró que los datos aportados por el Ministerio Público Federal no demuestran ninguna responsabilidad penal directa de Jáuregui en los hechos investigados.
Esta postura fue respaldada por el abogado Luis Villegas al término de una caravana ciudadana en Chihuahua que demandó la libertad del exservidor público.
Villegas afirmó que la carpeta federal abierta por traición a la patria resulta prácticamente idéntica a la indagatoria del fuero común y subrayó que no existe evidencia alguna que confirme que Jáuregui hubiese consentido la portación de armas o la intervención de los agentes estadounidenses en las diligencias de campo.
Asimismo, la representación legal y familiares del imputado reprocharon públicamente las declaraciones emitidas en medios nacionales por la gobernadora María Eugenia Campos, al considerar que vulneran el entorno de la defensa y constituyen un acto de deslealtad política contra un colaborador histórico.
Uno de los principales señalamientos procesales formulados por los defensores de Jáuregui se centra en lo que calificaron como un escenario judicial «inédito» y de extrema complejidad.
La defensa expuso que resulta «humana y jurídicamente imposible» desahogar al mismo tiempo un proceso penal en el fuero común de Chihuahua y otro en el fuero federal en el Estado de México.
Los abogados explicaron que ambos frentes demandan simultáneamente el análisis exhaustivo de voluminosas carpetas de investigación, el ofrecimiento de pruebas periciales y testimoniales, así como la presencia constante del imputado para enterarse de las acusaciones.
Pese a que un juez de control local le concedió la posibilidad de seguir en libertad el proceso estatal por ejercicio ilegal del servicio público mediante medidas cautelares no privativas, la inmediata ejecución de la orden de aprehensión de la FGR en la Ciudad Judicial de Chihuahua impidió su salida y forzó su reclusión federal.
César Jáuregui permanece encarcelado en el Centro Federal de Readaptación Social Número 1 "El Altiplano" desde la madrugada del lunes 19 de octubre de 2026, fecha en que fue trasladado vía aérea por agentes de la Policía Federal Ministerial.
La imputación por traición a la patria —prevista en el artículo 123, fracción I, del Código Penal Federal— se originó a partir de las acciones efectuadas entre el 18 y el 19 de abril en la Sierra del Pinal, municipio de Morelos, donde corporaciones estatales y el Ejército desmantelaron un laboratorio clandestino con más de 55 mil litros y 50 toneladas de precursores químicos.
La presencia clandestina de dos agentes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) —Richard Leiter Johnston III y John Dudley Black— quedó al descubierto la madrugada del 19 de abril, al volcar la camioneta en la que viajaban junto con el titular de la Agencia Estatal de Investigación, Pedro Román Oseguera Cervantes, y su escolta Manuel Genaro Méndez Montes, muriendo los cuatro ocupantes.
La FGR acusó al exfiscal de haber facilitado dicha incursión sin que los extranjeros contaran con autorizaciones de internación del Grupo de Alto Nivel de Seguridad ni licencias de portación de armas expedidas por la Sedena, afectando la soberanía nacional.
Pese a las objeciones del equipo legal, el juez de control Ricardo Alfonso Santos Dorantes determinó vincular a proceso al exfuncionario federal al estimar que los 149 datos de prueba del Ministerio Público justifican la probabilidad del delito.
Jáuregui continuará bajo prisión preventiva justificada durante los dos meses fijados como plazo de investigación complementaria, periodo en el que la defensa buscará desvirtuar la imputación de la FGR.