Chihuahua, Chih.- Los jueces son funcionarios públicos electos y tienen una responsabilidad mayor que los coloca ante el escrutinio público, y el caso de Juan Pablo Campos, quien a través de medidas cautelares beneficia a Luis Fernando E. I., debe estar en la lupa del Poder Legislativo y sobre todo, por el Tribunal de Disciplina Financiera(tdf) del Tribunal Superior de Justicia (TSJ).

Así lo declaró el coordinador de la bancada del PAN en el Congreso de Chihuahua, Alfredo Chávez, quien dijo que desconoce la carpeta de investigación, pero coincidió con otros diputados en que por su papel como representantes populares, deben estar al tanto de este tipo de casos considerados injusticia por analistas y amplios sectores de la opinión pública.

El juez Campos López, quien fue regidor del Ayuntamiento de Chihuahua de 2021 a 2024, modificó la medida cautelar de Luis Fernando E.I., hasta el momento denominado asesino imprudencial de Bacilio C.I., de 63 años, y flexibilizó el proceso a tal grado de conceder que siga el proceso bajo resguardo domiciliario, es decir, desde su casa y no desde el Cereso.

En redes sociales y diferentes foros de medios de comunicación, la opinión pública cuestiona el retiro de acusación de asesinato culposo, a pesar de que el pasado 28 de agosto por la mañana, Luis Fernando E.I. conducía bajo el influjo de alcohol, cristal y mariguana un vehículo de alta gama a exceso de velocidad, desnudo, hasta chocar con la víctima y luego de arrancarle la vida por el impacto, resistirse al arresto de policías estatales.

Chávez Madrid mencionó que el proceder del juez en cuestión y el de todas las personas juzgadoras electas, está sujeto a criterios generales de la gente que desde las urnas los llevó al puesto. Si hay alguna queja, precisó, tendría que abordarla el Tribunal de Disciplina.

“Claro que hace falta una evaluación y que la sociedad pida transparencias y rendición de cuentas al Tribunal (Superior de Justicia), y ver la actuación de los jueces y magistrados electos”, indicó Chávez Madrid.

La presidenta del Poder Legislativo, diputada Joceline Vega (PAN), coincidió en el respeto del principio de división de poderes, sin embargo, como representante popular escuchará las voces de reclamo para en medida de lo posible ajustar las nuevas normas productos de la reforma judicial que empujaron hasta su materialización, Morena y aliados.

La secretaria de la Comisión de Justicia en el Congreso, Irlanda Márquez, sin descuidar la autonomía del Poder Judicial, adelantó que el próximo jueves en sesión del órgano legislativo abordarán el caso.

“Hay que ver las cosas como son, cuál es el delito que se cometió y si es verdad si el presunto delincuente está siendo protegido por el juez”, declaró la legisladora, quien dijo que la capacidad económica de las personas no debería ser factor para burlar la justicia.

Las consideraciones del juez, destacó, parten de aspectos relacionados a la salud mental de Luis Fernando E.I., quien lejos de haber sido internado en el Cereso, en todo momento estuvo en un exclusivo hospital privado.

“Para eso fue la reforma judicial, para evitar ese tipo de situaciones: negligencias, compadrazgos, amigazgos, etcétera; nuestra labor como legisladores también es ver que eso no esté sucediendo y, si no es así, hay que actuar”, concluyó Márquez Nolasco.