Chihuahua, Chih.– Bajo el principio de que la seguridad en los municipios comienza con la protección a los mismos policías que salen a diario a cubrir el entorno, el senador Mario Vázquez propuso una reforma al artículo 62 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública que reforzaría la seguridad social, vivienda y protección de los elementos y sus familias.

Desde la tribuna del Senado de la República, el legislador por Chihuahua destacó que cuando una familia llama a emergencias, por lo general llega primero es una patrulla municipal y un policía que conoce las calles, las colonias, sus problemas y a su gente, asegurando que sus elementos son la cara más cercana del Estado con la ciudadanía y sin embargo muchas veces son los más abandonados

Vázquez Robles advirtió que esta situación adquiere especial relevancia frente al avance de las organizaciones criminales, que buscan controlar territorios, intimidar autoridades, corromper corporaciones y penetrar gobiernos locales.

Ante ello, sostuvo que la respuesta del Estado mexicano debe ser fortalecer las instituciones desde el territorio y respaldar a quienes tienen la responsabilidad de garantizar la seguridad de las familias.

Las tres acciones concretas de la iniciativa, son:

1. Fortalecer la seguridad social y proteger a las familias de los policías.

La propuesta contempla mejorar las condiciones de seguridad social de los elementos, particularmente cuando un policía fallezca o quede incapacitado como consecuencia del cumplimiento de su deber, para garantizar respaldo y protección a sus familias.

2. Facilitar el acceso a una vivienda digna.

Se propone que los ayuntamientos puedan celebrar convenios con los gobiernos estatales y la Federación para facilitar que los policías municipales tengan acceso a mecanismos que les permitan contar con una vivienda digna.

3. Proteger al policía municipal que denuncie la infiltración del crimen organizado.

Este es uno de los principales componentes de la iniciativa. El policía que, de buena fe, denuncie o aporte información sobre la infiltración del crimen organizado tendría derecho a la confidencialidad de su identidad, una evaluación inmediata de riesgo y medidas de protección para él y, cuando sea necesario, para su familia. Las medidas podrían incluir protección física, resguardo del domicilio, reubicación, asistencia jurídica, atención médica y psicológica, así como cambio temporal de adscripción, sin perder salario, prestaciones ni derechos laborales.

El legislador aclaró que la propuesta no crea privilegios ni inmunidades y tampoco sustituye al Ministerio Público, sino que busca que el Estado proteja a quienes deciden ponerse del lado de la ley cuando hacerlo implica enfrentar al crimen desde dentro de su propia institución.

“Dignificar a nuestros policías es fortalecer nuestros municipios. Y fortalecer nuestros municipios es fortalecer a México”, concluyó.