La gobernadora María Eugenia Campos Galván acusó a Morena de promover ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) la invalidación de la reforma electoral de Chihuahua que permitía anular una elección cuando quedara acreditada la intervención del crimen organizado o los vínculos criminales de un candidato.

En un mensaje difundido este miércoles, la mandataria afirmó que Morena votó en contra de la reforma en el Congreso del Estado y posteriormente promovió su impugnación ante la Suprema Corte, que finalmente dejó sin efecto la disposición.

Campos sostuvo que la resolución eliminó la posibilidad legal que tenía Chihuahua para anular una elección cuando existiera evidencia de que grupos criminales intervinieron mediante recursos económicos, amenazas, violencia o cualquier otra forma de presión.

De acuerdo con la gobernadora, Chihuahua era la única entidad del país que contemplaba una disposición de este tipo, por lo que, tras la resolución de la Corte, ya no existe una norma similar vigente en México.

La mandataria también señaló que la ministra Yasmín Esquivel votó a favor de mantener la disposición impulsada por Chihuahua y argumentó que la intervención del crimen organizado afecta la libertad del voto y reviste una gravedad que debe tener consecuencias jurídicas.

Campos afirmó que la resolución de la Corte será acatada por su administración, pero adelantó que el Congreso del Estado presentará en las próximas horas una nueva iniciativa para establecer nuevamente un mecanismo que permita actuar contra la intervención del crimen organizado en los procesos electorales.

“Si nos cerraron un camino, abriremos otro”, expresó la gobernadora, al señalar que buscarán reponer la disposición “por la vía de la propia Corte, por la vía que deje abierta”.

Finalmente, Campos sostuvo que Chihuahua no debe resignarse ante la intervención del crimen organizado en las elecciones y afirmó que continuará la defensa de mecanismos legales para impedir que grupos criminales determinen quiénes pueden competir o llegar a ocupar cargos públicos.