Cd. de México.- La última vez que vio a su hijo fue en un centro de convivencia, en 2018, cuando tenía siete años, hoy tiene 14 y sigue batallando para que las autoridades que permitieron que se lo llevaran se lo devuelvan.

"El dolor que se siente que te quiten a tu hijo es como morirte en vida y algo que no le deseo a nadie", expresó Verónica en entrevista.

En 2016, en uno de los fines de semana que lo cuidaba la abuela paterna del menor y en el que sería llevado a terapia psicológica, Verónica fue llamada por la terapeuta para avisarle que había ocurrido una emergencia con su hijo y la citó en el edificio central de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.

Al llegar, le explicaron que presuntamente su hijo había sido abusado sexualmente por su entonces pareja, lo que para ella fue un shock.

No obstante, cuando su hijo terminó de ser entrevistado por las autoridades, salió como siempre, sonriente y feliz a abrazarla y pedirle que se fueran de ahí.

Aunque tenía la guardia y custodia del menor, las autoridades lo retuvieron y se lo entregaron a la abuela paterna, una mujer de 70 años, que vivía sola, aunque no contaba con los requisitos necesarios.

Verónica tenía derecho a ver a su hijo en las convivencias familiares, pero la mayoría de las veces no lo presentaban con el argumento de que estaba enfermo, pero él le contaba que se lo llevaban de viaje o a una fiesta y que por eso no la había podido ver.

En 2017, al menor le hicieron un examen a través de Bosty, un personaje virtual usado por las autoridades para identificar delitos en contra de los niños, a través de la confianza que crea en los menores.

Al Bosty preguntarle que quién era el novio de su mamá, le contó que una persona que lo llevaba al cine, que jugaba con él y, al cuestionar de forma directa si había abusado sexualmente de él, el menor le dijo de forma reiterativa que no, que la miss (terapeuta) Esmeralda y su papá lo habían obligado a mentir.

Desde entonces, el papá del menor dejó de llevarlo a hacerle estudios a su hijo y abandonó la carpeta de investigación.

Verónica lamentó que su inexperiencia en temas legales y el dolor de perder a su hijo benefició a Guillermo "N".

En 2020, agregó, fue declarado el no ejercicio penal de la denuncia por el abuso sexual, debido a que no existían elementos para judicializarla porque en las entrevistas el menor se contradecía y no podía sostener que había sido violentado.

Dos años después, pese a que las partes tienen 10 días para inconformarse por una resolución, a Guillermo "N" le permitieron hacerlo al argumentar que no habían sido notificados y, tras casi un año de lograr que se difirieran las audiencias, le ordenaron a un Juez local que determinara reabrir la carpeta, pese a que no ha habido aportación de pruebas.

Para Verónica ha sido un proceso de contradicciones, en 2023, la citaron en la Fiscalía para decirle que le devolverían a su, hijo pero como no lo encontraron en la casa de la abuela paterna, que es donde se supone estaba, no lo hicieron.

Refirió que el papá del menor se lo llevó a vivir a Tamaulipas, desde 2018, lo que hace más complejo que pueda verlo.

Se trata de una sustracción de menor, señaló, un delito que no ha sido perseguido por las autoridades y que la mantienen sin poder verlo.

Aunque la defensa de Verónica pidió que le hagan estudios a su hijo, las autoridades se han negado y sólo aceptaron un dictamen psicológico particular realizado en Tamaulipas por parte del papá.

Recientemente, regresaron la carpeta porque no cuenta con los elementos para ser judicializada y espera que esta vez las autoridades sí actúen como corresponde.