CDMX.- Estuardo Mario Bermúdez Molina, quien fuera titular de la desaparecida Fiscalía Especializada de Atención a Delitos contra la Salud (FEADS) de la PGR, litiga contra el bloqueo de sus cuentas bancarias dictado por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).

El 2 de agosto de 2023 Bermúdez se enteró que habían sido inmovilizados los recursos de sus cuatro cuentas bancarias en Banamex y Santander, a las que estaban relacionadas cuatro tarjetas de crédito, una de cheques y una de débito.

De acuerdo con registros judiciales, Bermúdez ya logró que la justicia federal ordenara descongelar casi todas sus cuentas, pero después de un año y medio la UIF mantiene inmovilizada una de ellas, en la que cobraba en forma bimestral su pensión universal de adulto mayor.

Además, aunque obtuvo suspensiones de amparo que le permitieron desbloquear y retirar los recursos del resto de las cuentas, los tribunales mantienen vigente el impedimento para destinar esos fondos a inversiones financieras.

En el amparo que promovió contra la UIF, el ex fiscal afirma que su inclusión en la Lista de Personas Bloqueadas tiene su origen en un error.

La UIF, dice, da por sentado que él era parte de la firma de abogados Molrod, Silber y Asociados, cuando se vio involucrada en un presunto despojo de 60 mil viviendas de cartera vencida del Infonavit en Nayarit, estimado en 2 mil 257 millones de pesos.

Bermúdez, sin embargo, renunció el 21 de febrero de 2013 a ese despacho legal y los hechos presuntamente delictivos sucedieron ocho meses después de su salida, cuando el bufete tenía nuevos propietarios, según escrituras notariales incluidas en su demanda de amparo.

"La UIF emitió el Acuerdo 276/2013 en razón de la participación que la persona moral Molrod, Silber y Asociados tuvo o tiene en unos juicios hipotecarios tramitados en el estado de Nayarit a partir del 16 de octubre de 2013, y por ello incluyó en la Lista de Personas Bloqueadas a quienes conformamos inicialmente dicha sociedad civil", refiere en su recurso legal.

"El suscrito dejó de pertenecer al mismo antes de la fecha de los hechos en los cuales trata de motivarse la resolución del Acuerdo de la UIF".

Si bien el bloqueo de cuentas fue solicitado a la UIF, con base en una carpeta de investigación, la FGR nunca aseguró ministerialmente los activos y tampoco procedió penalmente contra ningún miembro o ex integrante de este u otro despacho legal implicado en los hechos. Incluso, tampoco citó a declarar ninguno de los abogados.

Además de Bermúdez, la UIF inmovilizó los recursos de otros 9 socios del despacho de abogados, entre ellos Héctor Rodríguez Franco, ex director General de Averiguaciones Previas; y Bernardo Espino del Castillo, ex coordinador General de Delegaciones, ambos de la PGR.

A diferencia de Rodríguez, quien ya ganó en todas las instancias su amparo contra el bloqueo, o de Espino, a quien un juez le concedió la protección de la justicia y tiene pendiente el fallo definitivo de un tribunal, el litigio de Bermúdez no tiene sentencia ni siquiera de primera instancia.

El suyo es un asunto con una secuencia inusual en el Poder Judicial de la Federación, porque en tres ocasiones cambió de juzgado, hubo un conflicto competencial y le difirieron hasta 14 veces una audiencia, lo que impidió que su amparo fuera resuelto y concluido en los mismos plazos que los de sus ex socios del despacho.

Bermúdez fue titular de la FEADS de abril de 2001 a marzo de 2003, durante el sexenio de Vicente Fox. Tras su salida, esa Fiscalía pasó a ser parte de la recién creada Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO, hoy FEMDO).

Hasta hoy, es el único ex alto mando antidrogas que ha enfrentado el congelamiento de su dinero.

Salida del despacho

En su amparo, el ex titular de la FEADS, Estuardo Mario Bermúdez Molina, se queja de que la UIF congelara sus cuentas por el hecho de que un despacho de abogados al que ya no pertenecía se vio implicado en un caso de supuesto fraude y lavado de dinero en Nayarit.

El 21 de febrero de 2013 el ex fiscal renunció a Molrod, Silber y Asociados, indican escrituras notariales incluidas en el amparo que tramita el Juzgado Décimo Tercero de Distrito en Materia Penal de la Ciudad de México.

La primera demanda hipotecaria de ese despacho que fue señalada de fraudulenta, se presentó el 16 de octubre de 2013, ocho meses después de la renuncia de Bermúdez, señala en su amparo.

La UIF inmovilizó los activos del ex funcionario una década después de que saliera de la firma legal.

Según documentos judiciales, el 2 de agosto de 2023, el también ex Magistrado del Tribunal Electoral del DF no pudo hacer un retiro de su cuenta de cheques en un cajero de Santander y en la pantalla le notificaron que la causa era "un problema con su banco emisor".

Al verificar, supo que estaban congeladas sus cuatro cuentas en Banamex y Santander, a las que están relacionadas cuatro tarjetas de crédito, una de cheques y una de débito.

El 22 de agosto del mismo año el ex funcionario presentó su amparo contra el congelamiento y en el informe justificado que envió al juzgado, la UIF reportó que el bloqueo lo ejecutó por una solicitud de la FGR.

Esa solicitud de colaboración derivaba de la carpeta de investigación FED/DGCAP/DGCAP-NAY/0000019/2019, iniciada por el probable lavado de dinero de un fraude de 2 mil 257 millones de pesos, en el despojo de viviendas.

Según la FGR, de 2013 a 2018 despachos de abogados interpusieron en Nayarit demandas hipotecarias contra 60 mil derechohabientes del Infonavit en situación de cartera vencida, por el impago de las viviendas en Chihuahua, Jalisco, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas y Zacatecas.

Las demandas se presentaron con constancias falsas y sin notificaciones ni emplazamientos y concluyeron en sentencias en favor del Infonavit, que luego revendió las viviendas en un 75 por ciento de lo establecido en el avalúo, lo que ocasionó el quebranto multimillonario a los derechohabientes.

Este caso salió a la luz a fines de 2018 y llevó a que jueces y magistrados del fuero común de Nayarit fueran vinculados a proceso.

Al menos cinco despachos de abogados promovieron los juicios fraudulentos y uno de ellos era Molrod, Silber y Asociados.

Aunque existe una carpeta de investigación, la FGR nunca aseguró por su cuenta los activos de los ex integrantes del despacho; tampoco procedió penalmente contra ninguno de ellos ni contra los abogados de otros bufetes implicados en este supuesto fraude. De hecho, tampoco citó a declarar a ninguno de los ex socios.

Molrod, Silber y Asociados fue constituida el 31 de agosto de 2011 ante la Notaría Pública 104 de la Ciudad de México, señalan registros judiciales.

La firma legal tuvo como fundadores a Francisco Molina Ruiz, director del Instituto Nacional de Combate a las Drogas (INCD) en el sexenio de Ernesto Zedillo; y Rodrigo de la Riva Robles, titular de la Unidad de Análisis Estratégico de Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana en la administración pasada. El primero falleció en 2023 y el segundo en 2021.

Además de Bermúdez, los otros socios eran Héctor Rodríguez Franco, ex director general de Averiguaciones Previas; y Bernardo Espino del Castillo, ex coordinador general de Delegaciones, ambos de la PGR, durante la gestión del Procurador Arturo Chávez.

También, Juan Edgar Santiago Jijón, Alfonso Espinosa Benítez, Francisco Marcelino González Fernández, Lucero Rubí Bello Fernández, Luis Arturo González Nava, Ignacio Gilberto Silva Hernández y Javier Molina Sierra.

Con excepción de los fallecidos, la UIF bloqueó las cuentas a todos los socios.

Bermúdez alega en su amparo que él renunció al despacho el 21 de febrero del 2013, un año y medio después de haberlo fundado, y ocho meses antes de la primera demanda hipotecaria que presentaron sus nuevos propietarios en Nayarit.

De hecho, entre el 15 de marzo de 2012 y el 8 de noviembre de 2013 renunciaron todos los fundadores del despacho, según escrituras notariales.

Bello Fernández, la última en dejar el bufete, es la única que estaba el 16 de octubre de 2013, cuando se presentó la primera demanda señalada de fraudulenta; sin embargo, renunció tres semanas después de que se interpusiera.

José Guillermo de la Rosa y Blanca Irina Cruz Flores compraron el capital social a los fundadores del despacho, según una asamblea del 25 de marzo de 2024.

Varios de los integrantes originales del bufete ya ganaron sus amparos contra la UIF, precisamente porque los tribunales concluyeron que el bloqueo de capitales carecía de fundamento.

Incluso, en su demanda de amparo, el propio Bermúdez ofreció como prueba la sentencia dictada por el Vigésimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa en la que ordena a la UIF borrar en forma definitiva a Rodríguez Franco de la Lista de Personas Bloqueadas.

Largo litigio

El amparo del ex titular de la FEADS contra el bloqueo de la UIF ha pasado por tres juzgados durante el último año y medio, sin que hasta el momento se haya dictado la sentencia de primera instancia.

Su demanda fue presentada el 22 de agosto de 2023 ante el Juzgado Décimo de Distrito en Materia Administrativa, que el 27 de septiembre le dio la suspensión definitiva contra la inmovilización de sus cuentas.

El juzgado hizo más de un requerimiento a la UIF para que acatara este mandato y le permitiera al ex funcionario disponer de su dinero, cosa que finalmente sí cumplió.

En diciembre de ese año, el quejoso presentó una ampliación de su demanda, porque los bancos no le permitían abrir una nueva cuenta para recibir su pensión por edad avanzada del ISSSTE, correspondiente a las aportaciones de 28 años y medio como servidor público.

Pero el 7 de diciembre este órgano judicial se declaró incompetente y turnó el caso al Juzgado Tercero de Distrito en Materia Administrativa.

El nuevo juzgado aplazó 14 veces la audiencia incidental en la que debía resolver la suspensión definitiva y difirió también en 4 ocasiones la audiencia constitucional, establecida como el último requisito que deben cumplir los jueces previo a dictar la sentencia del amparo.

Si bien le concedieron la suspensión provisional y definitiva, el 28 de mayo de 2024 el juzgado también se declaró incompetente y envió el amparo al Juzgado Décimo Tercero en Materia Penal.

Este último rechazó admitir el caso, porque dijo que los bloqueos de cuentas de la UIF son materia administrativa y no penal.

Lo anterior ocasionó un conflicto competencial entre dos juzgados, que tardó 8 meses en dirimirse, en parte por el paro de labores del PJF por la reforma judicial. Apenas el 10 de enero pasado un tribunal colegiado resolvió que el asunto debía llevarlo el juez penal, porque el congelamiento se ejecutó por pedido de la FGR.

Según registros judiciales, la última suspensión le permitió al ex fiscal disponer de su pensión del ISSSTE, pero desde junio de 2024 le bloquearon otra cuenta en la que cobraba la pensión universal de adulto mayor.

Al mismo tiempo, sobre sus cuentas ya desbloqueadas sigue vigente el impedimento de la UIF para realizar cualquier tipo de inversión financiera.