Cd. de México.- La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno informó la apertura del registro para personas interesadas en integrar el Padrón Público de Testigos Sociales, mecanismo que busca garantizar la participación ciudadana en el ejercicio del gasto público.

A través de un comunicado, la dependencia indicó que busca redefinir la figura con nuevas normas y la introducción de un Código de Ética.

"Como parte del compromiso de avanzar hacia contrataciones más transparentes y participativas, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno informa que el registro para el proceso de selección de personas físicas y morales que integrarán el Padrón Público de Testigos Sociales se encuentra abierto y cierra el próximo 29 de mayo de 2026", indicó.

Los testigos sociales observan, documentan y emiten recomendaciones para los procedimientos de adquisiciones, obras públicas y asociaciones público-privadas para garantizar la legalidad, eficiencia, transparencia y rendición de cuentas en contrataciones y proyectos con altos costos.

La figura, subrayó la Secretaría, ha existido en México por más de 20 años, pero con el tiempo se convirtió en un requisito burocrático, con alta carga administrativa, costos elevados y poca influencia en la toma de decisiones, por lo que ahora busca modernizarla.

"La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno impulsa un nuevo enfoque que redefine al Testigo Social como un mecanismo de democracia participativa, que incluye la simplificación y sistematización de su participación, la ampliación del registro a nuevos testigos sociales, la actualización de la contraprestación y la emisión de un Código de Ética para su desempeño", detalló.

El link para la convocatoria está disponible en las redes sociales de la Secretaría.

¿Cuándo participan los Testigos Sociales?

- En Contrataciones públicas en materia de adquisiciones: cuando los montos superan $565,700,000 de pesos (equivalente a 5 millones de UMAS).

- En Contrataciones de obra pública: cuando los montos superan $2,602,220,000 de pesos (equivalente a 23 millones de UMAS).

- En Proyectos de Asociaciones Público Privadas: cuando la inversión inicial es igual o mayor a $2,768,169,200 de pesos (equivalente a 400 millones de UDIS).

- Cuando la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno lo considere necesario, en razón del impacto de la contratación en los programas prioritarios del gobierno.