Con el voto en contra de una parte de la Oposición, pero el apoyo de MC, Morena logró se aprobara en las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Reforma Política-Electoral el llamado Plan B electoral de la Presidenta Claudia Sheinbaum.

El dictamen que será discutido en el Pleno mañana, fue avalado con 60 votos a favor de Morena, el Partido del Trabajo, el Partido Verde y Movimiento Ciudadano, y 13 en contra de las bancadas de PAN y PRI.

El proyecto topa en 15 el número de regidurías en los Ayuntamientos y plantea que los recursos anuales de los Congresos locales no deberán exceder el 0.70 por ciento del presupuesto de egresos de la entidad federativa correspondiente.

Agrega que las remuneraciones de consejeros electorales, magistrados electorales, titulares de secretarías, órganos administrativos y áreas ejecutivas y técnicas del INE, organismos electorales y Tribunales Electorales locales no podrán ganar más que la Presidenta de la República, ni podrán adquirir o contratar seguros, tener cajas de ahorro especiales o regímenes especiales de retiro que no estén previstas por la ley.

Señala que, a partir de 2027, el presupuesto del Senado deberá ajustarse durante los próximos cuatro años hasta alcanzar una reducción acumulada de 15 por ciento en términos reales, con respecto a su presupuesto de 2026 y agrega que los ahorros derivados de las reformas en materia de Ayuntamientos y Congresos locales se quedarán en las haciendas de los municipios y de los estados y deberán ser destinados a obras de infraestructura pública.

Durante el debate, el PT y el PVEM adelantaron que acompañarán la reforma, porque responde a una lógica de austeridad, mientras que la Oposición lamentó que se perdiera la oportunidad de realizar una verdadera reforma electoral que sancionara la intervención del crimen organizado en los procesos electorales, la violencia política y la sobrerrepresentación.

La petista Lilia Aguilar dijo que establecer un tope salarial a los integrantes del INE, los OPLES y los Tribunales Electorales obedece a una norma que ya se reformó y que establece que nadie podía ganar más que el titular del Ejecutivo federal, pero que era obviada por los órganos electorales.

Como ejemplo, indicó que mientras el Congreso de Colima cuenta con un presupuesto de 128 millones de pesos, el de Baja California asciende a 800 millones, aun cuando ambos cuentan con 25 diputados.

Aguilar señaló que si bien es legítima la preocupación de los trabajadores de los Congresos locales, los ajustes serán determinación de cada una de las Legislaturas y éstos deberán respetar los derechos humanos.

La pevemista Ana Erika Santana afirmó que la propuesta responde a una exigencia legítima de la ciudadanía y su bancada la acompañará porque coincide con una visión de estado donde la austeridad, la equidad y la transparencia son compromisos con la ciudadanía.

La legisladora reconoció que si bien la propuesta es perfectible, constituye un paso fundamental hacia la construcción de instituciones más austeras, equitativas y más responsables frente a la ciudadanía.

La panista Noemí Luna advirtió que el llamado Plan B son las ruinas y lo que quedó de la intención de hacer una reforma electoral, aunque celebró que sea así, porque hace menos daño al país.

Aun así, dijo, contiene errores, porque en el proemio todavía habla de "fortalecer la revocación de mandato", a pesar de que el Senado, por fortuna eliminó las modificaciones al artículo 35 constitucional con las que, dijo, el oficialismo pretendía usar la revocación de mandato como arma electoral.

Luna calificó como una tragedia que el Congreso perdiera la oportunidad histórica de fortalecer el sistema electoral, de blindarlo del crimen organizado, de legislar en materia de sobrerregulación y rechazó que las modificaciones generen ahorros, porque sólo la mitad de los Congresos locales tienen recursos superiores al 0.70 por ciento del presupuesto estatal, mientras que el tope en regidurías impactará a menos de 60 de los más de 2 mil 400 municipios que existen en el país.

La priista Abigail Arredondo subrayó que si bien fue eliminado todo lo relativo a la revocación de mandato que permitía hacer activismo desde Palacio Nacional, su bancada no en el Plan B beneficio alguno para fortalecer la democracia del país.

Reiteró que en materia de integración de ayuntamientos, solamente el 3 por ciento tiene más de 15 regidores, mientras que sólo la mitad de los Congresos locales superan el tope establecido por la reforma.

"Dejan esta regla permisiva más que prohibitiva, el efecto podría ser contrario y muchos de estos Congresos locales que no tienen esos presupuestos, podrían crecerlos también", advirtió.

Adelantó que su bancada votará en contra de las modificaciones, porque no tocan la incursión del crimen organizado en los procesos electorales, el uso indebido de los programas sociales, la violencia política extrema, ni el chapulineo legislativo que, afirmó, lastima la democracia.

"¿Qué pasa con la sobrerrepresentación? Que gracias a eso nos utilizan como una vil oficialía de partes a este Congreso Federal, eso no, eso no es importante legislar en este país, no estamos hablando de una o dos personas, estamos hablando de más de 35 personas ejecutadas en el proceso del 2024, personas que ya habían ganado sus elecciones y que fueron privadas de su vida", dijo.

Aunque su bancada votó a favor, el emecista Sergio Gil Rullán planteó que la reforma es innecesaria, porque impactará Congresos locales y municipios en donde Morena es mayoría y podría realizar las modificaciones que plantea sin necesidad de reformar la Constitución.

"Esto no es una reforma electoral, es administrativa que vulnera el federalismo y que la podrían corregir donde ya gobiernan, porque son la mayoría en estos supuestos que exponen", dijo, luego de afirmar que el Plan B "está tan descafeinado que ya parece té".