La Fiscalía General del Estado (FGE) de Oaxaca inició una carpeta de investigación contra el médico residente Carlos Esteban Robles Reyes por los delitos de violencia sexual y digital tras ser señalado por difundir fotografías íntimas de al menos 15 mujeres sin su consentimiento en la plataforma Telegram.
Las denuncias indican que el imputado, quien se desempeña como residente de tercer año de anestesiología en el Hospital de Especialidades "Dr. Aurelio Valdivieso", ejerce este tipo de agresiones desde el año 2020.
El colectivo Marea Lila hizo pública la acusación tras recibir testimonios y pruebas que incluyen capturas de pantalla de chats donde aparecen rostros, cuerpos y diálogos que sustentan el acoso. Según las víctimas, el señalado también ha sido acusado por compañeras de trabajo de grabar a pacientes bajo la justificación de obtener material con fines médicos, además de incurrir en manipulación psicológica y amenazas de muerte contra ex parejas."Porque no debe agregarse una víctima más a tus manos, porque muchas no saben el peligro que corren a tu lado", sostuvo Mayde López, una de las afectadas que exhibió el comportamiento del médico desde que este era estudiante de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca.
Los testimonios coinciden en que el sujeto utilizaba grupos de Telegram para intercambiar las imágenes robadas por fotografías de otras mujeres y colocaba información personal para incentivar el acoso directo. Feministas y víctimas reprocharon que a pesar de los señalamientos, el residente continúa en sus funciones dentro del Hospital "Dr. Aurelio Valdivieso" y que no han recibido notificaciones oficiales en su contra. La colectiva denunció que la institución ha intentado silenciar la situación eliminando etiquetas en redes sociales y restringiendo comentarios, por lo que exigieron la intervención directa del Gobernador Salomón Jara Cruz. "La violencia digital es un delito que se castiga en Oaxaca y se sanciona a quien comparta y distribuya material sin consentimiento", advirtió la Fiscalía estatal este 8 de abril tras ventilarse el caso. El Fiscal General, Bernardo Rodríguez Alamilla, estableció contacto con las feministas para recabar los elementos necesarios que permitan solicitar una orden de aprehensión por la violación a la intimidad sexual. El Código Penal de Oaxaca establece sanciones de hasta ocho años de cárcel para quien divulgue o distribuya contenido íntimo sin autorización, conforme a lo establecido en la Ley Olimpia vigente en la entidad desde 2019. Las autoridades ministeriales mantienen bajo resguardo las pruebas digitales aportadas por el colectivo y las afectadas para acreditar la responsabilidad del médico en la red de distribución de material sin consentimiento.