El Gobierno mexicano está obligado a cooperar con la justicia de los Estados Unidos en el caso del Gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros funcionarios, en virtud de los tratados y los instrumentos jurídicos que ambos países han firmado, consideró la American Society of Mexico (AmSoc).

En un comunicado, la cámara de comercio, que agrupa a empresas estadounidenses con operaciones en el país, pidió una pronta respuesta a la solicitud de detención provisional con fines de extradición por narcotráfico contra el Gobernador morenista, así como contra nueve funcionarios y ex funcionarios de esa entidad.

"Los procesos judiciales estadounidenses se rigen por estándares rigurosos de investigación y debido proceso. En ese marco, la American Society of Mexico señala con claridad que la cooperación judicial entre Estados Unidos y México no es optativa: es un imperativo derivado de los tratados, acuerdos y compromisos bilaterales que ambos países han asumido en materia de seguridad y combate al crimen organizado", señaló.

Tras darse a conocer las acusaciones formuladas por un gran jurado ante una corte de Nueva York, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) emitió un comunicado en el que indicó que, según una revisión jurídica, la solicitud "no cuenta con elementos de prueba para poder determinar la responsabilidad de las personas" requeridas.

Por su parte, la Fiscalía General de la República (FGR) afirmó que Estados Unidos no aportó evidencias contundentes contra Rocha y los coacusados.

La AmSoc exhortó al Gobierno mexicano a responder con celeridad, transparencia y plena disposición institucional ante los mecanismos de cooperación judicial activados por las autoridades estadounidenses.

"La credibilidad de México como socio estratégico -económico, comercial y de seguridad- se juega también en la forma en que enfrenta estas circunstancias", resaltó.

Recordó que México es hoy el principal socio comercial de los Estados Unidos, por lo que esa relación, profunda e interdependiente, no puede sostenerse de manera duradera sin una cooperación genuina en materia de Estado de derecho.

"Los hechos que hoy adquieren visibilidad pública forman parte de un entramado judicial de largo alcance, vinculado directamente a la detención de Ismael 'El Mayo' Zambada y a las consecuencias estructurales que dicho acontecimiento ha tenido sobre grupos criminales con presencia en Sinaloa y con ramificaciones transnacionales. La gravedad del contexto exige respuestas institucionales a la altura del desafío", consideró.