Tres consejeros del INE solicitaron al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) revocar el nombramiento de Mario Alberto Alejo García como titular de la Unidad de Fiscalización del organismo.

El argumento es que carece de los requisitos para ocupar dicho cargo, uno de los más importantes del Instituto, pues se encarga de revisar el dinero o el financiamiento ilícito a partidos y candidatos.

"De manera clara y evidente la persona designada incumple con la experiencia mínima a nivel directivo en materia de fiscalización de 5 años establecida en el artículo 197 de la LGIPE (Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales), siendo esta por tanto ilegal", indica el recurso.

La consejera Carla Humphrey y sus compañeros Arturo Castillo y Martín Faz argumentan que la legislación los obliga a vigilar correctamente la oportuna integración y el adecuado funcionamiento de los órganos del INE.

Además, advierten, no es una afectación meramente interna, sino que incide directamente en la fiscalización de los actores políticos.

"No se cuenta con algún otro mecanismo establecido en la Ley para combatir la ilegalidad de la designación C. Mario Alberto Alejo García, como titular de la Unidad Técnica de Fiscalización del INE, y evitar así, que las atribuciones con que cuenta la Unidad Técnica de Fiscalización sean ejercidas de manera indebida por personas que carecen de la experiencia y pericia que la Ley exige para dicho puesto", afirman.

En el juicio general, los consejeros aprovechan para recriminar al Congreso entregar a la presidenta Guadalupe Taddei la facultad exclusiva de nombrar a los directores, sin la necesidad de contar con 8 de los 11 votos, como era antes del 2024.

En el documento detallan el currículum público de Alejo García, quien desde el 2023 hasta el 22 de abril, que lo nombró la sonorense como titular de Fiscalización, se desempeñaba como asesor del consejero Jorge Montaño.

Previo a esto, trabajó en un despacho jurídico y como auxiliar de abogado defensor de la Coordinación de Defensores del Tribunal de lo Contencioso Administrativo.

Del 2013 al 2023 ocupó varios cargos en Tabasco. Por ejemplo fue apoderado legal de los Ayuntamientos de Macuspana -tierra natal del ex Presidente Andrés Manuel López Obrador- y de Jalapa; asesor jurídico del diputado Luis Rodrigo Marín Figueroa; y asesor en dos ocasiones en el Congreso local.

Esto, acusan, que no sólo requiere un título de licenciatura y contar con conocimientos y experiencia que le permitan el desempeño de sus funciones de fiscalización, sino exige una experiencia a nivel directivo de cinco años.

Exhiben que este miércoles, Taddei les entregó una carpeta con el nombre y datos de los nuevos titulares, pero ésta carece de la información que acredite que cumple con los requisitos.

Por ejemplo, en el oficio sobre Alejo García se argumenta que cuenta con un título profesional "con antigüedad de cinco años", además de que los cargos de apoderado, asesor y secretario técnico son equivalentes a una dirección y manejó temas de fiscalización.

"El requisito de experiencia busca garantizar que la persona designada cuente con la capacidad necesaria para dirigir, supervisar y coordinar eficazmente el órgano encargado de fiscalizar los recursos de los partidos políticos y otros sujetos obligados, lo que implica experiencia real en toma de decisiones relevantes y funciones de mando, no solo en tareas secundarias o administrativas", aseguran.