Luego de la detención del exgobernador Ernesto Ruffo Appel, el arresto del exmandatario de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, por su presunta participación en el ocultamiento de evidencias del caso Ayotzinapa, marca un antes y un después en la relación entre el poder político y la justicia. Durante años, pocos imaginaron que exgobernadores pudieran enfrentar procesos penales relacionados con decisiones tomadas durante sus administraciones. Hoy, el mensaje parece distinto.
La Fiscalía General de la República informó que la captura de Aguirre deriva del nuevo modelo de investigación aplicado al caso Ayotzinapa. Tras revisar nuevamente las actuaciones realizadas desde 2014, el Ministerio Público encontró elementos para atribuirle una probable participación en el ocultamiento de pruebas relacionadas con la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos.
El caso Ayotzinapa cambió el rumbo político del país. La desaparición de los normalistas aceleró el desgaste del gobierno de Enrique Peña Nieto, profundizó la crisis del PRI y fortaleció el crecimiento de Morena hasta llevarlo a la Presidencia de la República. Para miles de mexicanos, el expediente se convirtió en el mayor símbolo de impunidad de la última década.
Las recientes detenciones también envían una señal sobre el alcance de las investigaciones. La atención vuelve a centrarse en expedientes de alto impacto, entre ellos el del gobernador de Sinalo con licencia, Rubén Rocham quien enfrenta señalamientos públicos de autoridades estadounidenses, aunque hasta ahora la FGR no ha presentado cargos penales en su contra. Si las investigaciones continúan avanzando contra personajes de alto nivel, la narrativa de que ciertos cargos garantizan impunidad podría comenzar a quedar atrás.