Cd. de México.- La última imagen de Mario Alberto con vida quedó registrada por una cámara de seguridad.

Tenía 19 años y cenaba junto a un adolescente de 17 en un puesto de comida de Chimalhuacán, Estado de México, cuando dos hombres descendieron de una motocicleta, caminaron directamente hacia ellos y dispararon a quemarropa.

Mario murió en el lugar. El menor quedó gravemente herido. Fue el viernes 31 de julio.

El ataque duró apenas unos segundos y el video circuló después en redes sociales: los jóvenes frente a la mesa, la llegada de los pistoleros, los disparos y la huida.

La escena se sumó a una sucesión de ataques que durante 2026 ha dejado adolescentes muertos en calles, canchas deportivas, motocicletas, negocios, viviendas y hasta en los trayectos hacia la escuela.

Aunque los registros oficiales muestran una disminución respecto del año pasado, la violencia homicida continúa golpeando principalmente a los adolescentes.

Entre enero y junio de 2026, las Fiscalías del País registraron 282 niñas, niños y adolescentes víctimas de homicidio doloso o feminicidio. De ellos, 225 fueron asesinados con armas de fuego. Es decir, cuatro de cada cinco menores víctimas de esos delitos murieron a balazos.

La afectación se concentra particularmente entre los adolescentes: 85.1 por ciento de las víctimas tenía entre 13 y 17 años y, cuando el homicidio fue cometido con arma de fuego, la proporción llegó a 89.8 por ciento, de acuerdo con cifras recopiladas por la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM).

Los números significan que prácticamente cada día del primer semestre de este año al menos un menor de edad murió víctima de homicidio doloso o feminicidio en el País.

Además, otros 261 sobrevivieron a lesiones dolosas, tentativas de homicidio o feminicidio cometidas con armas de fuego.

La estadística disminuyó respecto de 2025, pero sigue dejando cientos de víctimas.

Durante todo el año pasado fueron asesinados de manera dolosa 754 menores y otros 63 casos fueron clasificados como feminicidios. De los homicidios dolosos, 609 se cometieron con armas de fuego.

Para el primer semestre de este año, los homicidios dolosos de menores registraron una reducción de 32.8 por ciento respecto del mismo periodo anterior y los cometidos con arma de fuego disminuyeron 26.7 por ciento.

La caída, sin embargo, convive con ataques casi cotidianos en algunas de las regiones con mayores disputas entre organizaciones criminales.

SALE POR COMIDA Y LO MATAN

Ricardo Mizael López Cebreros tenía 15 años, estudiaba preparatoria y jugaba basquetbol.

La mañana del 11 de febrero salió de su casa, en Culiacán, para comprar un biberón y alimento para unos gatos que había rescatado.

Debía regresar para ir a clases y posteriormente acudir a su entrenamiento. No volvió.

Hombres armados que viajaban en una motocicleta lo atacaron sobre la carretera a Imala, cerca del Colegio Mar de Cortés, donde había cursado la secundaria.

Ricardo intentó correr. Los disparos lo alcanzaron y quedó tendido sobre la vía pública. Su familia aseguró posteriormente que los agresores lo habían confundido con otra persona.

El adolescente cursaba la preparatoria en el plantel Emiliano Zapata de la Universidad Autónoma de Sinaloa y formaba parte del equipo de basquetbol Las Águilas.

Después del asesinato comenzaron a circular versiones que intentaban relacionarlo con un supuesto ajuste de cuentas. Su padre las rechazó.

Explicó que Ricardo ni siquiera tenía motocicleta ni sabía conducir una. Había salido caminando porque su padre se encontraba trabajando.

A la hora en que murió debía prepararse para entrar al salón de clases.

Días después, compañeros y familiares colocaron flores donde fue asesinado. Su madre, Berenice López, convocó a una marcha para exigir justicia y cuestionó la falta de resultados de las autoridades pese al despliegue de fuerzas federales en Culiacán.

El caso no fue excepcional dentro de la violencia que golpea a Sinaloa.

El 22 de junio, Cristian Yael, de 14 años, fue atacado a balazos cuando llegaba a su domicilio en la Colonia Los Girasoles, al norte de Culiacán.

Dos noches después, Fermín, de 16 años, circulaba en motocicleta cerca de unas canchas deportivas de Loma de Rodriguera cuando hombres armados que viajaban en otra unidad comenzaron a perseguirlo.

El adolescente abandonó la motocicleta e intentó escapar corriendo. Los pistoleros lo alcanzaron junto a una pista de terracería, a un costado de las canchas de futbol. Paramédicos confirmaron su muerte.

En menos de 48 horas, dos adolescentes habían sido asesinados en colonias cercanas del norte de la capital sinaloense.

La violencia en Sinaloa escaló después del inicio, en septiembre de 2024, de la disputa entre facciones del Cártel de Sinaloa. La confrontación no sólo ha dejado muertos entre presuntos integrantes de grupos criminales, policías y operadores de las organizaciones en pugna.

También ha alcanzado a menores que iban a la escuela, caminaban por sus colonias, viajaban con sus padres o se encontraban dentro de sus viviendas.

En 2023, Sinaloa registró 58 homicidios de niñas, niños y adolescentes; en 2024 fueron 67 y durante 2025 la cifra superó las 90 víctimas, según balances citados por REDIM.

LOS MATAN JUNTO A SUS PADRES

La violencia contra adolescentes tampoco se limita a Sinaloa.

En Valle de Santiago, Guanajuato, un menor de 15 años fue asesinado junto con su padre, quien se desempeñaba como Servidor de la Nación. Ambos se desplazaban por el municipio cuando fueron atacados. Los agresores dispararon y huyeron.

El caso se incorporó a la lista de menores alcanzados por ataques dirigidos contra adultos en Guanajuato, una de las entidades que durante los últimos años ha registrado los mayores niveles de homicidio del País.

Familiares señalaron que el adolescente era estudiante y no estaba relacionado con actividades criminales.

Su muerte mostró otra de las formas en que la violencia alcanza a los menores: no necesariamente como blancos de los ataques, sino por encontrarse junto a una persona perseguida.

Pero en otros casos los adolescentes sí han sido atacados directamente. En Guadalupe, Nuevo León, un joven de 17 años fue perseguido por hombres armados a través de varias calles.

Los agresores lo alcanzaron en un crucero y le dispararon en repetidas ocasiones. Cuando llegaron los servicios de emergencia ya había muerto. La investigación comenzó sin personas detenidas.

En Chilpancingo, Guerrero, otro adolescente, de 15 años, fue asesinado durante un ataque armado en la Colonia Independencia, al poniente de la capital.

Y en la Ciudad de México, un muchacho de 17 años fue asesinado mientras conducía una motocicleta sobre Eje 1 Norte, a la altura de la Colonia Guerrero. Los atacantes dispararon contra él mientras circulaba. Otro joven, de 21 años, que viajaba con la víctima resultó herido.

El crimen ocurrió en una zona rodeada de comercios, transporte público y cámaras de vigilancia. Los agresores escaparon.

Otro adolescente de 17 años, Carlos Santiago, esperaba que revisaran su motocicleta frente a un taller mecánico de la Colonia Jalalpa Tepito, en Álvaro Obregón, cuando fue baleado. Murió afuera del establecimiento.

Los casos tienen circunstancias distintas, pero comparten un elemento: víctimas que todavía no habían alcanzado la mayoría de edad y fueron atacadas en actividades ordinarias.

TRES ESTADOS CONCENTRAN LA VIOLENCIA

Los asesinatos tampoco están distribuidos uniformemente en el territorio nacional.

Guanajuato, Michoacán y Sinaloa concentraron tres de cada diez homicidios dolosos y feminicidios de niñas, niños y adolescentes registrados entre enero y junio de 2026.

Las tres entidades mantienen desde hace años disputas entre organizaciones criminales, acompañadas por homicidios múltiples, extorsiones, desapariciones, ataques armados y enfrentamientos.

A escala municipal, Culiacán, Irapuato y Centro, Tabasco, encabezaron la incidencia de homicidios dolosos y feminicidios de menores.

Cuando se consideran únicamente los asesinatos cometidos con armas de fuego, aparecen Culiacán e Irapuato junto con Cajeme, Sonora.

En Michoacán, la violencia contra niños y adolescentes se desarrolla paralelamente a fenómenos como desapariciones, desplazamientos y reclutamiento por parte de grupos criminales.

En determinados expedientes, las fiscalías investigan posibles vínculos de adolescentes con narcomenudeo, pandillas o células delictivas.

Pero organizaciones defensoras de la infancia han advertido que la participación de menores en esas estructuras también debe analizarse bajo fenómenos de reclutamiento y explotación por parte de adultos.

Las organizaciones criminales utilizan adolescentes como vigilantes, mensajeros, vendedores de droga, transportistas, informantes y, en los casos más extremos, sicarios.

Su edad los hace menos visibles ante las autoridades y facilita su sustitución dentro de las células.

Así, la violencia contra los menores tiene dos caras: los grupos criminales pueden convertirlos en víctimas y también utilizarlos como mano de obra.

80 MIL VÍCTIMAS EN SEIS MESES

Los homicidios representan sólo la expresión más extrema del problema.

Entre enero y junio de 2026, personas de cero a 17 años aparecieron como víctimas en 80 mil 163 registros delictivos en México.

Los expedientes incluyeron 17 mil 511 víctimas de delitos sexuales; 17 mil 140 de violencia familiar; 9 mil 347 relacionadas con incumplimiento de obligaciones de asistencia y más de 8 mil por conductas vinculadas con formas graves de violencia y delincuencia organizada.

También fueron contabilizados 7 mil 287 menores víctimas de lesiones dolosas, tortura, tentativa de feminicidio, tentativa de homicidio y otros ataques contra la integridad física.

Otros 108 fueron víctimas de extorsión o tentativa de extorsión; 123, de trata; 26, de secuestro, y 2 mil 809, de amenazas.

Las cifras muestran que la relación entre infancia y violencia no comienza con un homicidio.

Antes pueden aparecer violencia familiar, amenazas, lesiones, explotación, desapariciones, extorsiones o reclutamiento.

Y en las regiones donde operan organizaciones criminales, las actividades ordinarias de los adolescentes pueden desarrollarse en territorios atravesados por esas disputas.

Ir a la escuela. Caminar hacia una tienda. Circular en motocicleta. Jugar futbol. Acompañar a sus padres. Estar afuera de un taller. O sentarse a cenar. En cualquier lugar puede suceder.

ADVIERTEN SUBREGISTRO; CRIMEN AMPLÍA RECLUTAMIENTO

La cifra de adolescentes asesinados en México podría ser mayor a la registrada oficialmente debido al subregistro de homicidios, desapariciones y cuerpos localizados en fosas clandestinas que no han sido plenamente identificados, advierte el especialista en seguridad David Saucedo.

El experto señala que una parte de los menores reclutados por organizaciones criminales desaparece de sus comunidades y posteriormente puede terminar en fosas clandestinas sin que exista una identificación que permita incorporarlos inmediatamente a las estadísticas de homicidio.

Agrega que el fenómeno se presenta particularmente en entidades con fuerte presencia de organizaciones criminales y altos niveles de desaparición, como Jalisco, Guanajuato y Baja California.

Saucedo explica que el crecimiento de la participación de adolescentes dentro de las estructuras del crimen organizado también está relacionado con la necesidad permanente de esas organizaciones de sustituir a sus integrantes muertos o detenidos.

Los menores, dice, se han convertido en una fuente de reclutamiento para células dedicadas al narcomenudeo, vigilancia, traslado de drogas, cobro de extorsiones y actividades de sicariato.

El especialista distingue entre el reclutamiento forzado y aquel en el que los propios adolescentes se incorporan a grupos delictivos atraídos por dinero, armas, vehículos o la expectativa de obtener reconocimiento dentro de sus comunidades.

En ambos casos, explica, las organizaciones criminales aprovechan condiciones de vulnerabilidad y la ausencia de oportunidades para incorporar jóvenes a sus estructuras.

Para los grupos delictivos, añade, los adolescentes representan además mano de obra barata y fácilmente reemplazable.

Los utilizan inicialmente como vigilantes o "halcones", posteriormente pueden encargarlos de transportar droga, realizar cobros o participar en agresiones y, conforme avanzan dentro de las células, algunos terminan involucrados directamente en homicidios.

El especialista indica que esa incorporación temprana también incrementa las posibilidades de que los propios adolescentes sean asesinados.

Algunos mueren durante enfrentamientos con organizaciones rivales, otros son ejecutados por grupos contrarios y otros más son asesinados por las mismas células a las que pertenecían ante sospechas de traición, pérdida de mercancía o incumplimiento de órdenes.

A esa población se agregan los menores que no mantienen ninguna relación con actividades delictivas y terminan convertidos en víctimas colaterales de ataques dirigidos contra familiares, acompañantes o personas que se encontraban cerca.

Saucedo considera que esta combinación complica conocer la dimensión real de la violencia homicida contra adolescentes.

Por un lado aparecen las víctimas plenamente identificadas y registradas por las fiscalías como homicidios; por otro permanecen los desaparecidos, los cuerpos sin identificar y los restos recuperados de fosas clandestinas cuyo perfil todavía no ha podido establecerse.

El problema, alerta, es especialmente grave en estados donde coinciden elevados niveles de violencia criminal, desapariciones y reclutamiento.

En esas regiones, sostiene, las organizaciones delictivas han generado mecanismos permanentes para incorporar jóvenes ante la necesidad de mantener sus estructuras operativas.

El reclutamiento tampoco comienza necesariamente con la entrega de un arma.

Puede iniciar con labores aparentemente menores: vigilar una esquina, reportar el paso de patrullas, transportar paquetes, prestar una vivienda o informar sobre los movimientos de determinada persona.

Después, los adolescentes pueden avanzar dentro de la estructura criminal.

Saucedo advierte que combatir el fenómeno únicamente mediante operativos policiales resulta insuficiente debido a que las organizaciones encuentran constantemente nuevos jóvenes dispuestos —o forzados— a sustituir a quienes son detenidos o asesinados.

Por ello, considera necesario fortalecer programas de prevención y mecanismos destinados específicamente a evitar el reclutamiento de menores en las zonas donde existe alta presencia de organizaciones criminales.

Mientras esa capacidad de captación permanezca intacta, señala, las células pueden reconstruir rápidamente sus niveles más bajos incluso después de sufrir detenciones.

Y esa dinámica coloca a los adolescentes en una doble condición frente a la violencia criminal: como víctimas potenciales de homicidio y como población utilizada por las propias organizaciones para mantener funcionando sus estructuras.