Cd. de México.- Sábado por la noche. 1 de agosto de 2026. El umpire apenas se preparaba para cantar el siguiente lanzamiento cuando el sonido del bat fue sustituido por el de las armas.

Primero se escucharon unas cuantas detonaciones. Después vino la estampida.

Jugadores, ampáyers, niños y familias que asistían a un partido de softbol en la Unidad Deportiva Estrellas Nogalenses, en la ciudad fronteriza de Nogales, Sonora, corrieron en distintas direcciones mientras otros se lanzaban cuerpo a tierra para intentar protegerse.

Las gradas dejaron de ser un sitio para mirar el encuentro y se convirtieron en refugio improvisado. Quienes alcanzaron un vehículo se escondieron detrás de él. Los demás buscaron cualquier muro que los separara de los disparos.

La escena quedó registrada en videos difundidos en redes sociales. En las imágenes no aparecen sicarios. Tampoco se observa el origen de los disparos. Lo único visible es el miedo.

Padres abrazando a sus hijos. Jugadores abandonando el diamante. Mujeres gritando.

Personas tiradas sobre la tierra mientras las detonaciones continúan de fondo.

En cuestión de segundos, un partido recreativo terminó convertido en una escena de guerra.

El Gobierno Municipal precisó después que los disparos no ocurrieron dentro de la unidad deportiva, sino sobre Avenida Tecnológico, en las inmediaciones. Policías habían detectado un vehículo con placas sobrepuestas; sus ocupantes huyeron y realizaron disparos durante la persecución.

Pero independientemente del resultado de la indagatoria, el episodio volvió a dejar una certeza: en México ni siquiera una cancha garantiza estar a salvo.

Porque lo ocurrido en Sonora no fue un hecho aislado.

Fue apenas el episodio más reciente de una violencia que durante 2026 ha irrumpido en campos de futbol, diamantes de beisbol, canchas de usos múltiples y torneos comunitarios.

Lugares donde durante décadas las familias acudieron a convivir los fines de semana ahora han sido escenario de ejecuciones, persecuciones, enfrentamientos y ataques de comandos.

UNA FINAL TERMINÓ EN MASACRE

La tarde del 25 de enero debía ser una fiesta para la comunidad de Loma de Flores, en Salamanca, Guanajuato.

Decenas de personas acudieron a los Campos de las Cabañas para presenciar el partido de ida de la final de un torneo de futbol amateur. Había jugadores, familiares, vendedores y aficionados.

Muchos permanecían todavía dentro del inmueble cuando varios hombres armados ingresaron al campo. No buscaban jugar. Querían matar.

Sin mediar palabra comenzaron a disparar contra quienes se encontraban reunidos alrededor de la cancha. La confusión fue inmediata.

Algunos intentaron correr hacia las salidas. Otros buscaron protegerse detrás de los muros perimetrales. Hubo quienes quedaron atrapados entre las gradas y los vehículos estacionados.

Cuando cesaron las detonaciones, el campo deportivo se había transformado en una escena de ejecución múltiple. Once personas fueron asesinadas. Doce más resultaron heridas.

Los uniformes deportivos quedaron manchados de sangre. Los balones quedaron abandonados sobre el césped mientras peritos y elementos de seguridad acordonaban el lugar.

La masacre conmocionó a Guanajuato, no sólo por el número de víctimas, sino porque ocurrió en uno de los espacios de convivencia más importantes para las comunidades rurales, donde cada fin de semana se reúnen familias completas alrededor del futbol llanero.

Las investigaciones permitieron posteriormente detener a presuntos integrantes de la célula criminal señalada como responsable.

Las autoridades relacionaron la agresión con la disputa entre grupos delictivos que operan en la región. Pero para los habitantes de Loma de Flores eso poco cambió.

MIRABAN JUGAR A MÉXICO

La noche del 30 de junio, decenas de vecinos de la Colonia Rancho Nuevo, en Yautepec, Morelos, no acudieron a una cancha para jugar. Fueron a ver futbol.

Sobre una pantalla seguían el partido entre México y Ecuador, rodeados de familias, niños y comerciantes, en uno de esos espacios donde las colonias acostumbran reunirse cuando juega la Selección Nacional. La convivencia terminó a balazos.

De acuerdo con las investigaciones, una camioneta y una motocicleta llegaron hasta la cancha de usos múltiples. Los ocupantes descendieron y comenzaron a disparar contra un grupo de asistentes.

El sonido del narrador del partido fue sustituido por las detonaciones. Las sillas quedaron tiradas. Las hieleras fueron abandonadas. Algunas personas buscaron refugio detrás de la barda perimetral mientras otras corrieron hacia las calles aledañas.

Cuando terminó el ataque, tres personas habían sido asesinadas y otras nueve resultaron heridas.

Entre las víctimas se encontraba un colaborador del diputado federal Agustín Alonso Gutiérrez y una menor de edad quedó lesionada durante la agresión.

La cancha permaneció acordonada durante horas.

Donde minutos antes había familias reunidas para ver futbol terminaron trabajando peritos, militares y policías.

El ataque confirmó que los espacios deportivos tampoco permanecen ajenos a la violencia que vive Morelos, un estado golpeado por homicidios, extorsiones, desapariciones y disputas criminales en municipios como Cuautla, Temixco, Emiliano Zapata y Yautepec.

NI LA FINAL FEMENIL SE SALVÓ

Cinco días después, la historia volvió a repetirse. Esta vez ocurrió en Comalcalco, Tabasco. Era la final de un torneo femenil de softbol. Las jugadoras se encontraban en el diamante y decenas de personas observaban el encuentro desde las gradas del campo conocido como Tripa Ciega, uno de los escenarios deportivos de la región.

De pronto, una motocicleta llegó hasta las inmediaciones. Los ocupantes ubicaron a un hombre entre los asistentes y comenzaron a disparar. El objetivo era un policía municipal que observaba el partido. El agente murió en el lugar.

La agresión provocó pánico entre jugadoras y espectadores. Algunas deportistas abandonaron el terreno sin siquiera recoger sus guantes. Otras corrieron hacia los dugouts mientras padres de familia intentaban sacar a los menores del inmueble.

La final nunca terminó.

Como ha ocurrido en otros estados, los agresores utilizaron un evento deportivo para localizar a una víctima sin importar que alrededor hubiera decenas de personas ajenas al ataque.

Ese patrón se repite en varios de los casos.

Los agresores aprovechan que los torneos comunitarios concentran a decenas o cientos de asistentes y saben que ahí pueden encontrar a quien buscan.

No importa que alrededor haya menores. No importa que las gradas estén llenas. La prioridad es ejecutar al objetivo.

NIÑOS CUERPO A TIERRA

Otra de las imágenes impactantes ocurrió también en Sonora. Pero esta vez no eran adultos quienes estaban sobre el terreno. Eran niños.

Durante un partido de beisbol infantil en Ciudad Obregón, un operativo de agentes ministeriales contra civiles armados derivó en un enfrentamiento a escasos metros del campo. Los disparos comenzaron repentinamente. Los entrenadores dejaron de dar instrucciones. Los padres comenzaron a gritar.

Los pequeños peloteros obedecieron entonces la única orden que importaba: "Tírense".

Las fotografías y videos mostraron a niños acostados boca abajo sobre el diamante. Algunos todavía abrazaban sus guantes. Otros se cubrían la cabeza con las manos. Entrenadores intentaban protegerlos mientras esperaban que terminaran las detonaciones.

El intercambio de disparos no ocurrió dentro del campo, pero eso poco importó. Las balas estuvieron suficientemente cerca para convertir un partido infantil en una escena propia de una zona de conflicto.

El episodio exhibió otra modalidad del mismo problema. No siempre es necesario que los sicarios ingresen al terreno. Un enfrentamiento en las inmediaciones, una persecución o un operativo son suficientes para poner en riesgo a quienes están dentro.

CANCHAS SIN BLINDAJE

A diferencia de los estadios profesionales, las instalaciones deportivas comunitarias generalmente carecen de filtros de acceso, vigilancia permanente, cámaras suficientes y dispositivos capaces de reaccionar ante una agresión.

En ellas puede ingresar prácticamente cualquiera. Los vehículos permanecen estacionados a unos metros del terreno. Jugadores y aficionados comparten accesos.

Hay distintas rutas de entrada y salida.

Los partidos son organizados por ligas locales, comités vecinales, sindicatos, empresas o particulares que difícilmente cuentan con recursos para desplegar seguridad.

Esa apertura es parte de la naturaleza del deporte comunitario, pero también facilita que un comando llegue hasta una cancha, localice a una víctima, dispare y escape antes de que aparezcan las autoridades.

ADVIERTEN MÁS ATAQUES A 'OBJETIVOS BLANDOS'

Las balaceras y ejecuciones registradas en canchas deportivas no son hechos aislados, sino parte de una adaptación del crimen organizado para dirigir su violencia hacia sitios con alta concentración de civiles, escasa vigilancia y prácticamente nula capacidad de reacción de las autoridades.

Eduardo Vázquez Rossainz, especialista en seguridad nacional, advierte que México enfrenta condiciones de conflicto armado interno en distintas regiones y que, ante una mayor presión del Estado, las organizaciones criminales están modificando sus métodos y encontrando en la población civil y los llamados "objetivos blandos" una vía para generar presión, miedo y repercusión pública.

"Debemos ubicarnos en una realidad incómoda, pero hay que aceptarla. México vive un conflicto armado interno en distintas regiones del País", afirma.

"Y en los conflictos armados internos existe riesgo siempre a infraestructura y a personas".

Canchas de futbol, campos de beisbol y softbol, centros comerciales, cines, restaurantes, tiendas de conveniencia y otros sitios de reunión, explica, tienen características que los convierten en blancos particularmente vulnerables.

Son espacios con alta concentración de personas, acceso libre o escasamente controlado, limitadas medidas de vigilancia y, en muchos casos, sin presencia policial.

Además, poseen un valor simbólico, económico o social que permite que una agresión tenga repercusiones mucho mayores al lugar donde ocurre.

"Tienen un gran potencial para producir pánico", señala.

La irrupción de hombres armados en encuentros deportivos documentado durante este año, sostiene, encaja en ese patrón. Los asistentes pueden tener o no relación con organizaciones delictivas, pero el sitio donde se encuentran facilita una agresión.

"Por ser objetivos blandos, pues se vuelven blancos fáciles de atacar, con una representación simbólica para quien manifiesta esas acciones violentas", explica.

Vázquez Rossainz señala que detrás de algunos ataques pueden encontrarse disputas entre organizaciones antagónicas regionales que buscan golpear a un grupo dominante en determinado territorio.

En otros casos, agrega, integrantes de organizaciones criminales acuden a sitios públicos sin mayores esquemas de protección y quedan expuestos a sus adversarios, poniendo también en riesgo a jugadores, espectadores, vendedores y familias que nada tienen que ver con las disputas.

El especialista advierte que estos episodios podrían multiplicarse.

"Lamentablemente, en el País esto lo estamos viendo como un incremento de casos. Pero el escenario no va a cambiar", sostiene.

La razón, explica, es la capacidad de adaptación de las organizaciones criminales frente a las operaciones de seguridad.

"Como sabes, la delincuencia organizada se adapta a las acciones del Estado.

"Lo que puedo advertir es que la delincuencia en todo el territorio nacional, prácticamente en todas las organizaciones, se está adaptando a este nuevo momento donde el Estado mexicano, a través de las instituciones, está presionado para, de alguna manera, intentar contener la acción criminal", indica.

"¿Qué hace? Ataca a población civil. O genera presión principalmente a gobiernos locales".

Para Vázquez Rossainz, la vulnerabilidad es mayor en los municipios debido a que policías, alcaldías y áreas de Protección Civil carecen, en términos generales, de una cultura para identificar y proteger objetivos susceptibles de ataques.

El problema, afirma, no es únicamente impedir que un comando ingrese a una cancha, restaurante o plaza pública, sino identificar previamente amenazas y vulnerabilidades.

Para determinar el riesgo de un sitio, explica, primero debe identificarse el objetivo, después la amenaza existente y posteriormente las vulnerabilidades que permitirían una agresión.

"En mi opinión, sobre todo los Presidentes Municipales y los Secretarios de Seguridad Municipal en todo el territorio nacional no tienen idea, o no tienen cultura de estimación de riesgos de esta índole", reprocha.

La consecuencia, añade, es que a la facilidad para cometer las agresiones se suma la impunidad.

"Además de que tienes varios ataques, tienes prácticamente impunidad absoluta porque no hay capacidad de reacción o para prevenir o para contener el momento del ataque y, por ahora, aún no hay capacidad de investigación para sancionar a los responsables".

Como ejemplo contrapuso los ataques perpetrados por tiradores activos en Estados Unidos, donde, pese a que los agresores consiguen abrir fuego contra escuelas u otros lugares concurridos, existe generalmente una respuesta policial inmediata.

"Si te fijas, casi el 100 por ciento de casos la Policía responde y neutraliza la amenaza. Y si no la neutraliza en un momento, en unas horas determina quién fue el culpable.

"En México se nos van casi todos los casos", sostiene.

El especialista considera necesario capacitar a policías y responsables de seguridad de instalaciones, realizar evaluaciones de riesgo e incorporar a las áreas municipales de Protección Civil en las estrategias preventivas.

Estas últimas, dice, suelen concentrar su preparación en desastres naturales y emergencias convencionales, cuando las nuevas condiciones de violencia obligan a considerar también posibles agresiones armadas.

Vázquez Rossainz alerta además sobre otra consecuencia: la clasificación internacional de estos hechos.

A partir de la designación realizada por Estados Unidos de organizaciones criminales mexicanas como organizaciones terroristas extranjeras, explica, ataques que dentro de México siguen contabilizándose simplemente como hechos criminales pueden adquirir otra lectura para agencias y analistas internacionales.

"A los ojos de los analistas de seguridad de las agencias de seguridad nacional en Estados Unidos, en Canadá y en Europa, estos actos se registran como actos terroristas en las bases de datos internacionales", dijo.

Esto, agrega, puede repercutir en la evaluación internacional de México y particularmente de las regiones donde operan los grupos designados.

El efecto no queda únicamente en el terreno de la seguridad.

Empresas, aseguradoras y firmas especializadas en análisis de riesgo toman en cuenta la presencia y actividad de organizaciones consideradas terroristas al determinar las condiciones para invertir u operar en determinadas regiones.

Para el especialista, el ataque ocurrido durante un partido de softbol en Sonora exhibe precisamente el problema.

La escena de jugadores y asistentes buscando refugio ante las detonaciones demuestra la facilidad con la que hombres armados pueden aproximarse a un espacio concurrido y abrir fuego sin encontrar inicialmente resistencia.

"Te habla de la facilidad en la que tú puedes llegar a un objetivo blando y no pasa nada", afirma.

EXTIENDEN VIOLENCIA A VIDA COTIDIANA

Las balaceras en canchas y campos deportivos reflejan cómo la violencia criminal se ha extendido hacia espacios cotidianos y actividades comunitarias que antes permanecían relativamente al margen, advierte Alejandra Gasca Cano, directora de Comunidad y Cultura de la Legalidad de México Unido Contra la Delincuencia (MUCD).

"Lo que consideramos que reflejan este tipo de eventos es cómo la violencia se va extendiendo a espacios cotidianos y a algunas actividades comunitarias, no únicamente a escenarios que nosotros consideramos vinculados con actividades criminales", señala en entrevista.

Explica que el fenómeno también se observa en negocios que cierran por cobros de piso, familias que modifican sus rutinas por miedo y jóvenes que extreman precauciones para salir de noche.

Gasca advirtió que la impunidad favorece esa expansión, pues ataques cometidos incluso frente a numerosas personas no necesariamente terminan en castigos.

"En estos casos en donde el Estado manda el mensaje de que las personas pueden cometer cualquier acto ilícito y que no hay castigos, es decir, lo pueden hacer porque aquí no pasa nada, los delincuentes ocupan estos vacíos a través de la violencia, la intimidación y el control de las actividades de los habitantes", afirma.

Considera que detrás del problema existe una falta de gobernabilidad, incluida la incapacidad del Estado para garantizar seguridad y posibles casos de colusión de servidores públicos con grupos criminales.

Para revertirlo, planteó fortalecer a las policías locales con presupuesto, capacitación y controles, además de reducir el flujo ilícito de armas.