La Suprema Corte de Justicia justificó hoy su propuesta de presupuesto para 2027, luego de que la Ministra Lenia Batres envió un oficio al Órgano de Administración Judicial (OAJ) para denunciar el incremento solicitado y la reactivación del seguro de gastos médicos mayores que se había cancelado.

Más de seis horas después de que Batres publicó en la red X su oficio al OAJ, la Corte difundió una tarjeta informativa para justificar la solicitud de 6 mil 104 millones de pesos, un aumento de 12.7 por ciento en términos reales sobre lo autorizado para 2026.

"Durante los ejercicios fiscales 2025 y 2026, la SCJN enfrentó reducciones relevantes respecto de los recursos originalmente solicitados. En 2025, la reducción fue de 12 por ciento, equivalente a 714.4 millones de pesos, mientras que en 2026 fue de 11.2 por ciento, por 661 millones de pesos", explicó.

Sostuvo que, al no recibir esos fondos, tuvo que adoptar medidas como eliminación de prestaciones, cancelación de aumentos salariales, supresión de 83 plazas administrativas-10 por ciento del total-, así como de becas para el personal.

"Ocho de cada diez pesos solicitados serán destinados a cubrir los sueldos y prestaciones previstas en la ley y en las Condiciones Generales de Trabajo vigentes, al tiempo que se cumple con lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley Federal de Austeridad Republicana y se garantiza el respeto a los derechos laborales de las personas servidoras públicas de la Suprema Corte", afirmó.

"Además, la asignación permitirá fortalecer acciones preventivas de mantenimiento, evitar el deterioro de las instalaciones y reducir, en el mediano y largo plazos, los costos asociados a los ámbitos jurisdiccional y de infraestructura", agrega el comunicado.

La Corte admitió que, por seis votos contra tres, en la sesión privada del 6 de agosto se acordó restaurar el seguro de gastos médicos mayores para mandos medios y superiores, salvo Ministros y Ministras, cancelado en 2025.

Según Batres, este seguro es ilegal y los empleados tendrían que pagarlo con su dinero. Pero la eliminación de este beneficio fue un factor relevante en la salida, el año pasado, de decenas de secretarios de estudio y cuenta y otros funcionarios con larga experiencia en la Corte.

El comunicado enfatiza que el seguro estará sujeto a los recursos que apruebe la Cámara de Diputados, donde es previsible que, como cada año, se aplicará un recorte a lo solicitado.

Además, en una de las novedades de la reforma de 2024, la propuesta de la Corte tiene que pasar previamente por el visto bueno del OAJ, que es el que envía el proyecto de presupuesto de todo el Poder Judicial Federal (PJF).

Este es el primer proyecto elaborado totalmente por el PJF que resultó de la reforma, pues el de 2026 todavía fue enviado a la Secretaría de Hacienda por los anteriores Ministros y Consejeros de la Judicatura, que estuvieron en funciones hasta agosto de 2025.