A tres semanas de la explosión de una pipa de gas LP de Tomza Gas Titanium en Cuernavaca, la diputada federal de Morena Magda Erika Salgado Ponce pidió investigar las condiciones en que opera la empresa y, de acreditarse responsabilidades, imponerle sanciones.

La legisladora presentó un punto de acuerdo para que autoridades federales, estatales y municipales revisen los protocolos de seguridad y las condiciones de las unidades que transportan y distribuyen gas LP en Morelos. También planteó retirar de circulación los vehículos que incumplan la regulación y realizar operativos permanentes para verificar su estado.

Salgado Ponce señaló que, a su consideración, la empresa ha estado involucrada en varios incidentes, por lo que consideró necesario revisar qué los ha provocado y evitar que vuelvan a ocurrir tragedias que, además de dejar viviendas y comercios destruidos, han cobrado vidas.

Entre las revisiones propuestas están las condiciones mecánicas y de hermeticidad de las pipas, sus mecanismos de seguridad, permisos y pólizas vigentes. La diputada también pidió que se determinen, "de manera pronta", las sanciones administrativas y penales que correspondan si se acredita alguna responsabilidad de Tomza Gas Titanium.

El planteamiento ocurre después de la explosión registrada el 6 de agosto en la colonia Las Granjas, en Cuernavaca, que dejó una mujer muerta. De acuerdo con la legisladora, la víctima era madre de tres menores. Tras el accidente, la Coordinación Estatal de Protección Civil de Morelos notificó a la empresa el inicio de un procedimiento administrativo.

El Grupo Tomza también ha enfrentado investigaciones por la explosión de una pipa de su filial Gas Titanium en Iztapalapa, ocurrida en septiembre de 2025 y que dejó 32 personas muertas. La semana pasada, la Presidenta Claudia Sheinbaum señaló que la empresa podría enfrentar nuevas sanciones si se determina que incumplió las normas de seguridad y que esto provocó la explosión.

Salgado Ponce pidió además que la ASEA, la Comisión Nacional de Energía, la Fiscalía General de Justicia de Morelos, el Gobierno estatal y el Ayuntamiento de Cuernavaca den seguimiento a las investigaciones.

La diputada planteó que los acuerdos reparatorios que la empresa alcance con las personas afectadas no sean impedimento para continuar con las investigaciones ni para determinar, en su caso, responsabilidades penales.