Luego de que un juez de control de enjuiciamiento penal vinculó a proceso y prisión preventiva al líder del Concejo Indígena de Pueblos de Guerrero Emiliano Zapata (Cipog-EZ), Jesús Plácido Galindo, por su presunta responsabilidad en el delito de homicidio, pobladores de la comunidad de Buena Vista, del municipio de San Luis Acatlán, acordaron mantener retenidos a dos funcionarios del gobierno estatal.

En una asamblea que duró más de seis horas, la gente encabezados por el comisario municipal acordaron que van a dejar en libertad al director de Gobernación estatal, Rafael Julián Arcos; el delegado regional de esta dependencia, Germán Herrera Clemente y un chofer hasta que sea liberado Plácido Valerio.

Los sujetos fueron retenidos el pasado lunes 20 de julio cuando acudieron al bloqueo que realizaban los pobladores de de esta comunidad en la carretera Acapulco-Pinotepa Nacional, a la altura de la localidad de Marquelia.

"Los funcionarios están bien; no han sido golpeados, se les da de comer a sus horas y un médico del centro de salud los hace un chequeo todos los días", dijo uno de los pobladores en su momento.

Este viernes, familiares de los dos funcionarios y el chofer retenidos dieron a conocer que acudieron a la Fiscalía General del Estado (FGE) para presentar una denuncia penal contra los habitantes de Buena Vista y los familiares de Plácido Valerio por el delito de privación ilegal de la libertad.

Plácido Galindo fue vinculado a proceso por el delito de homicidio en agravio del comisario municipal de la comunidad de Xicotlán, del Municipio de Chilapa, José Pablo Xantenco, ocurrido el 30 de octubre de 2021.

De acuerdo a la versión de los familiares de Pablo Xantenco, éste habría sido asesinado por el propio Plácido Galindo, pues se negaba a pertenecer a las filas del Cipog-EZ, que tiene centro de operaciones en la comunidad de Alcozacán.

"Fue Jesús Plácido el que mató a mí papá y queremos que por fin se nos haga justicia; hemos esperado cuatro años sin poder hacer nada", dijo la hija del comisario Pablo tras la audiencia híbrida en la que el juez le notificó a Plácido Valerio su vinculación a proceso y prisión preventiva.

"Si algo me pasa a mí, yo hago responsable a la familia de Jesús Plácido", advirtió la hija del comisario asesinado.

Por su parte, Abel Barrerá Hernández, director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, y el abogado defensor Arón Díaz aseguraron que, pese a que durante la audiencia se le presentaron al juez una serie de inconsistencias de supuestos datos de prueba de la Fiscalía contra Plácido Galindo, se le vinculó a proceso.

"El caso de Jesús Plácido fue fraguado por el Gobierno del Estado y la Fiscalía porque no le perdonan de que éste haya señalado al Gobierno de estar coludido con el grupo criminal de Los Ardillos tras los ataques armados que esta organización realizó contra las comunidades de Tula, Acahuehuetlán, Alcozacán y Xicotlán en mayo pasado y que dejó seis muertos, decenas de casas incendiadas y familias desplazadas", afirmó Barrerá Hernández.