Un detenido fue sometido por dos policías municipales de Coquimatlán, Colima, quienes le cubrieron la cara y le vertieron agua para ahogarlo mientras una tercera persona grababa la agresión; el caso ya se encuentra bajo investigación de las autoridades.

Dicho Ayuntamiento informó que inició procedimientos administrativos internos para investigar a elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, luego de que se difundiera en plataformas digitales un video que expone presuntos actos de tortura y tratos crueles en contra de un ciudadano detenido.

"En esta administración no seremos omisos ante ninguna conducta que pudiera contravenir la ley, los reglamentos o los principios que deben regir el servicio público. Nuestro compromiso es actuar con responsabilidad, transparencia y estricto apego al marco legal", comunicó el Municipio a cargo del Alcalde Luis Gerardo García Olivares (PAN-PRI).

"Reiteramos a las y los coquimatlenses que actuaremos con firmeza", agregó.

La grabación comenzó a circular la noche del martes 23 de junio. En las imágenes se observa el interior de lo que aparenta ser un área de retención o comandancia, debido a la presencia de rejas metálicas en el fondo.

En el sitio, un hombre semidesnudo y esposado permanece sentado en una silla, mientras dos uniformados locales lo someten físicamente.

El registro audiovisual detalla que los agentes colocaron un trapo de color negro sobre el rostro de la víctima para inmovilizarla. Posteriormente, utilizando una jícara o charola azul, le vertieron agua de manera directa y continua sobre la nariz y la boca con el propósito de inducir asfixia por ahogamiento, una práctica identificada internacionalmente como tortura por sumisión química o waterboarding.

Durante la agresión, el detenido muestra claras señales de asfixia y se retuerce en el asiento al llenarse su cavidad abdominal con el líquido.

Pese a sus intentos por zafarse y ponerse de pie, el afectado pierde el equilibrio y se tambalea debido a la contención física. En la misma escena se aprecia una mesa contigua con objetos confiscados, entre ellos un cinturón y dinero en efectivo consistente en monedas y un billete de 50 pesos, mientras un tercer involucrado filma el suceso entre risas.

El Ayuntamiento informó que la activación de los protocolos internos tiene como objetivo determinar el grado de responsabilidad de los servidores públicos adscritos a la Dirección de Seguridad Pública, establecer si existieron omisiones reglamentarias y, en su caso, aplicar las sanciones administrativas correspondientes conforme a derecho, asegurando el respeto al debido proceso.

Hasta el momento, las dependencias del municipio de Coquimatlán no han precisado la identidad de la víctima, la fecha exacta en la que se filmó el material informativo ni las condiciones de salud del afectado.

De igual manera, no se ha detallado si los policías captados en flagrancia fueron suspendidos temporalmente de sus funciones o si el caso ya fue notificado a la Fiscalía General del Estado (FGE) para iniciar una carpeta de investigación formal por la vía penal.

La difusión del caso provocó señalamientos negativos de ciudadanos y la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima (CDHEC) emitió un pronunciamiento público o una queja de oficio por las agresiones registradas en las instalaciones policiales.

La CDHEC notificó al Ayuntamiento de Coquimatlán y le otorgó un plazo de 24 horas para presentar un informe detallado sobre la probable participación de los agentes al condenar los hechos, el organismo calificó la tortura como una práctica "repugnante" y recordó que, además de ser una grave violación institucional, constituye un delito penal que debe ser combatido con firmeza.