Ciudad de México.- Diputados de Morena, PT y PVEM avalaron modificaciones a la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo que agilizan el proceso administrativo de los juicios de reclamación, pero a decir de la Oposición, amplía las facultades de la autoridad en detrimento de los particulares.

La reforma establece un plazo de seis meses para la substanciación del juicio sumario y amplía los supuestos de no procedencia de la suspensión de la ejecución del acto administrativo impugnado.

Precisa que el recurso de revisión también será procedente cuando se declare la nulidad del acto o resolución impugnada por vicios de forma o procedimiento y establece que la impugnación de resoluciones en juicios sumarios para la devolución de saldos a favor, solo procederá cuando el importe reclamado no exceda 30 veces el valor anual de la unidad de medida, es decir, un millón 284 mil 544 pesos.

La reforma fue aprobada con 328 votos a favor y 119 en contra de la Oposición y devuelta al Senado, luego de aprobar una reserva que establece que en los juicios en la vía tradicional, la autoridad demandada o la persona que tenga el carácter de tercera podrán comparecer en el juicio y presentar sus promociones a través del sistema de justicia en línea o a través de la herramienta digital que para tal efecto establezca el tribunal

Damián Retes, del PAN, acusó a la mayoría de votar para que el Servicio de Aministración Tributaria (SAT) tenga privilegios y evitar que los ciudadanos exijan lo justo.

"Están votando para que el SAT tenga privilegios, para que cuando haya un cobro indebido, cuando se le pague de más al SAT, el SAT tenga un medio para defenderse de los ciudadanos. Ah, qué peligrosos, los ciudadanos. Hay que crearle un recurso de revisión fiscal al SAT, no vaya a ser que los ciudadanos exijan lo justo: que le regrese el SAT su dinero", dijo.

El legislador mencionó que la reforma cuida al Gobierno y olvida a la gente, porque con las nuevas disposiciones será más difícil defenderse de la autoridad.

El emecista Juan Zavala advirtió que las modificaciones son una derivación de la reforma al Poder Judicial a la que le han seguido alrededor de 15 cambios legales que han ido en el sentido de fortalecer a la autoridad y debilitar a las personas, grupos, colectivos y asociaciones.

"Le están dando dos beneficios procesales adicionales a la autoridad. El primero: negar las suspensiones cuando se trata de actividades reguladas y esto ni siquiera es en beneficio de los jueces o de los magistrados, porque les está quitando el poder y la capacidad de interpretar, poniéndoles la regla expresa de cuándo tienen que negar la suspensión. Y es tan arbitrario, como que se tiene que negar la suspensión cuando esa actividad vaya en contra del interés público o del interés social", señaló.

Zavala advirtió que las modificaciones amplían los supuestos de procedencia del recurso de revisión fiscal a favor de la autoridad, cuando ésta debería ser excepcional.

"Ahora, una persona que le gane una pensión al gobierno, que recupere una licencia, que gane una expropiación en el juicio de nulidad, tendrá que esperar más tiempo, porque la autoridad puede ir en un nuevo supuesto a la revisión fiscal. Y todo esto va en contra de lo que reconocía la propia reforma, que es el enorme rezago en el Poder Judicial", dijo.

En su turno, el morenista Julio César Moreno aseguró que la reforma es necesaria, útil y profundamente justa, porque hace que la justicia sea pronta, completa, imparcial y verdaderamente accesible para todos.

"Fija un objetivo claro que el juicio en la vía sumaria se resuelve en un plazo máximo de seis meses", sostuvo.

El legislador afirmó que la reforma no debilita derechos, al contrario, busca que el derecho de acceso a la justicia deje de ser un principio abstracto y se convierta en una realidad concreta.

"Votar a favor de este dictamen es votar a favor de una justicia más cercana al pueblo de México. Es votar a favor de procedimientos más ágiles. Es votar a favor de la seguridad jurídica", expresó.