El Partido Acción Nacional (PAN) advirtió que aunque prorrogar la elección judicial a 2028 atiende uno de los principales riesgos de la reforma judicial, el modelo impulsado por Morena, continúa sometiendo al Poder Judicial a dinámicas político-electorales que vulneran su autonomía e independencia.

En un pronunciamiento conjunto, el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del partido y sus bancadas en el Congreso señalaron que sacar la elección judicial del proceso electoral ordinario de 2027 es necesario.

No obstante, sostuvieron que es una media parcial, porque el oficialismo mantiene riesgos de movilización partidista, operación política mediante acordeones, promoción gubernamental e intervención electoral en un proceso que debería estar completamente separado de cualquier lógica política.

"Es positivo que se haya decidido cambiar la fecha de la elección judicial para evitar su concurrencia con el proceso electoral de 2027, pero eso no basta. Mientras Morena mantenga mecanismos de control político sobre quienes aspiran a impartir justicia, el problema de fondo seguirá intacto. La justicia debe sacarse de las garras del poder político y garantizar verdadera autonomía e independencia para las y los mexicanos", señaló.

De acuerdo con el pronunciamiento, desde la discusión de la reforma judicial, el PAN alertó sobre los riesgos de partidizar la justicia, sustituir criterios técnicos por dinámicas electorales y debilitar la independencia de jueces y magistrados mediante mecanismos sujetos a intereses político- electorales.

Los coordinadores parlamentarios en la Cámara de Diputados, Elías Lixa y en el Senado, Ricardo Anaya, señalaron que la creación de una nueva Comisión Coordinadora o Comité Técnico no garantizará autonomía ni independencia real, ya que mantiene el proceso de selección de candidaturas judiciales bajo esquemas de captura institucional y no incorpora mecanismos verdaderamente ciudadanos ni participación independiente de universidades, colegios o barras de abogados.

"El problema nunca fue únicamente la fecha. El problema de fondo es haber convertido la justicia en un mecanismo sometido a intereses políticos y electorales, a costa de sacrificar el acceso a la justicia para las familias mexicanas", dijo Lixa.

Anaya sostuvo que cambiarle el nombre al Comité no corrige el hecho de que Morena mantiene los mecanismos que le permiten influir políticamente en quien puede competir por espacios dentro del Poder Judicial.

"El problema no es solamente cuándo se elige, sino quién sigue controlando el proceso", reiteró.

El partido lamentó que la Presidenta Claudia Sheinbaum desperdicie una oportunidad histórica para corregir una reforma ampliamente cuestionada por especialistas, organizaciones civiles y organismos internacionales.

Señaló que el oficialismo está dejando pasar la oportunidad de enmendar el deterioro institucional que hoy enfrenta el sistema de justicia por la falta de experiencia, capacidad técnica y perfiles idóneos en muchos de los nuevos juzgadores.

Advirtió que la concurrencia de la elección judicial con una posible revocación de mandato en 2028, abre la puerta a movilización político-electoral, el uso de acordeones, estructuras de promoción gubernamental e influencia indebida desde el poder.

La iniciativa, agregó, mantiene abierta la posibilidad de que en 2030 vuelva a presentarse una elección concurrente, preservando los mismos riesgos de politización que hoy el propio oficialismo reconoce parcialmente.

Señaló que el nuevo esquema de funcionamiento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) mediante dos secciones podría generar tensiones relacionadas con quórum, integración y distribución de asuntos, profundizando problemas operativos y de eficiencia en la impartición de justicia.

Detalló que el Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ), creado con la reforma judicial, continuará diseñado como un mecanismo de presión y control político sobre quienes no resuelvan conforme a los intereses del oficialismo.

Acción Nacional reiteró que México necesita una reforma judicial seria, técnica y verdaderamente autónoma, no ajustes cosméticos que mantengan incentivos políticos sobre quienes deben garantizar justicia imparcial para las y los mexicanos.