Ciudad de México.- Las senadoras priistas Mely Romero y Claudia Anaya exigieron transparencia al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) sobre el manejo de los recursos de los derechohabientes y la ejecución del programa de vivienda.
En ese tenor, exigieron, que el titular, Octavio Romero Oropeza, comparezca ante el Senado para aclarar los contratos, las adjudicaciones y el destino del dinero de los trabajadores.
Mely Romero, por su parte, cuestionó un contrato por 580 millones 534 mil 548 pesos para el arrendamiento de equipos multifuncionales de impresión, escaneo y copiado, así como otro por 90 millones de pesos para la realización de encuestas. Explicó que estos gastos reflejan costos inflados, amén de cuestionó que el Instituto destine recursos a servicios que no corresponden a sus funciones sustantivas. Además, advirtió que la información sobre los contratos no está disponible de manera clara en el portal institucional.La senadora también expresó preocupación por las condiciones de los desarrollos habitacionales. Señaló que existen dudas sobre los servicios básicos, el transporte público, la tenencia de la tierra y los estudios de factibilidad. Indicó que se han contratado 593 mil 354 viviendas y solicitó visitas de verificación para detectar posibles problemas de infraestructura y afectaciones al entorno.
La senadora Claudia Anaya advirtió sobre adjudicaciones directas por miles de millones de pesos a constructoras sin experiencia acreditada y empresas de reciente creación. Agregó que algunas no aparecen en el portal de Compranet y otras están vinculadas con Octavio Romero desde su paso por Pemex. También cuestionó el manejo de los recursos de las subcuentas de vivienda. De estas, el Instituto ha dispuesto de más de 150 mil millones de pesos, con más de 60 mil millones erogados y otros 92 mil millones disponibles para pagos. Anaya señaló que persisten dudas sobre la información financiera del Instituto, particularmente para distinguir los resultados del modelo anterior de vivienda frente al nuevo esquema y conocer las garantías para el retorno de los recursos de los trabajadores.
