Cd. de México.- El Gobierno federal alista una reforma a la Ley de Aviación Civil que contempla penas de hasta 160 años de prisión por delitos contra la seguridad aérea, cuando las conductas provoquen la muerte de personas o tengan como finalidad cometer actos de terrorismo o delitos relacionados con la delincuencia organizada.
El anteproyecto de la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC), sujeto a revisión regulatoria, propone incorporar un capítulo de delitos especiales. Entre ellos, plantea penas de 40 a 80 años de cárcel para quien prive de la libertad a una persona a bordo de una aeronave con el propósito de obligar a una autoridad, a la tripulación o a un tercero a realizar, omitir o tolerar actos que pongan en peligro la seguridad de las operaciones.
"A quien, a bordo de una aeronave prive de la libertad a una persona, con el propósito de obligar a una autoridad, a la tripulación o a una tercera persona a realizar, omitir o tolerar un acto que ponga en peligro la seguridad operacional y de la aviación civil, se le impondrá una pena de 40 a 80 años de prisión", establece el artículo 97 del documento. La propuesta también contempla sanciones de tres a 20 años de prisión para quienes introduzcan ilegalmente armas, explosivos o sustancias peligrosas con la finalidad de comprometer la seguridad aérea; ingresen sin autorización a zonas restringidas, o proporcionen información falsa que afecte las operaciones.El mismo rango de penas se aplicaría a quienes ejerzan violencia a bordo de aeronaves o en instalaciones de aviación civil para interferir con las operaciones, así como a quienes incurran en actos de desobediencia deliberada que pongan en riesgo la seguridad operacional.
El artículo 98 establece aumentos de hasta una mitad de las penas cuando se utilicen aeronaves comerciales con pasajeros, los hechos ocurran desde el inicio de la carrera de despegue hasta el aterrizaje o intervengan servidores públicos o personal técnico aeronáutico. Las sanciones podrían incrementarse hasta el doble cuando los hechos provoquen la muerte de alguna persona, tengan como finalidad cometer delitos de terrorismo o se realicen con el propósito de perpetrar alguno de los delitos previstos en la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada. Actualmente, el Código Penal Federal ya sanciona diversas conductas que atentan contra la seguridad aérea. El artículo 170 establece penas de tres a 20 años de prisión por apoderarse de una aeronave o desviarla de su ruta mediante violencia, amenazas o engaños. La destrucción de aeronaves ocupadas por personas o de instalaciones de navegación aérea puede castigarse con 20 a 30 años de cárcel. Por su parte, el artículo 167 sanciona la comunicación de información falsa que perjudique o pueda perjudicar la seguridad de una aeronave.REGULA A PASAJEROS CONFLICTIVOS
El anteproyecto obliga a las empresas de transporte aéreo a prevenir, atender y reportar incidentes provocados por pasajeros insubordinados o perturbadores, tanto a bordo de aeronaves como en instalaciones aeroportuarias.
También faculta a los comandantes para aplicar restricciones físicas cuando sean necesarias, proporcionales y razonables para preservar la seguridad de pasajeros, tripulación y bienes, conforme a los tratados internacionales. El proyecto contempla multas de hasta 2 millones 932 mil 750 pesos por maniobras que provoquen alertamientos aéreos injustificados; de hasta un millón 173 mil 100 pesos y cancelación de matrícula por irregularidades en documentación aeronáutica, y de hasta 58 mil 655 pesos por no reportar incapacidades ocurridas durante el vuelo dentro de las siguientes 24 horas.REFUERZA CONTROLES SOBRE CARGA Y CORREO
Asimismo, exige que las empresas encargadas de inspeccionar carga y correo cuenten con acreditación técnica de la AFAC y cumplan requisitos de personal certificado, instalaciones, equipos y procedimientos autorizados.
Las inspecciones para detectar explosivos y otros artefactos prohibidos sólo podrán realizarlas personas morales acreditadas. La Agencia podrá revocar sus autorizaciones si emiten constancias de revisiones no realizadas, alteran resultados, utilizan personal sin certificación vigente o incumplen los procedimientos de seguridad.
