Un día después de su aprobación en comisiones y tras darle publicidad en una sesión de Pleno previa, la Cámara de Diputados analiza la "cascada" de aumentos en el costo de visas, derechos migratorios, navegación aérea, turismo extranjero y, sobre todo, en el sector de salud privado.

El pasado lunes, en la Comisión de Hacienda se determinó avalar la Ley Federal de Derechos 2027 que contiene aumentos en la licencia sanitaria para servicios de transfusión, que pasará de mil 482 a 17 mil 349 pesos, un incremento superior al mil por ciento.

La autorización de protocolos de investigación de medicamentos o dispositivos médicos pasará de 8 mil 195 pesos a 43 mil 209 pesos, mientras que la licencia de establecimientos que utilizan fuentes de radiación para diagnósticos médicos, se duplicará.

Sobre las cuotas para el uso, goce y aprovechamiento del espacio aéreo aumentarán 10 por ciento, en tanto que la visa subirá 66 por ciento y la de larga duración se incrementará un 153 por ciento.

En el caso de los turistas extranjeros, deberán pagar al visitar México mil 158 pesos, un aumento de casi el 18 por ciento; actualmente se cobra 983 pesos por Derecho de No Residente (DNR).

El coordinador de la bancada del PAN, José Elías Lixa, aseguró que el Gobierno de la '4T' le ha sumado en los últimos ocho años 10 billones de pesos de deuda para las y los mexicanos.

"Sólo para el año 2027, le recetan a las familias mexicanas 1.7 billones de nueva deuda. Claro es navegar a la deriva, para qué quieren 1.7 billones de pesos de deuda, para pagar su propia deuda por irresponsables, porque de los 1.7 billones de nueva deuda destinan 1.6 solo para pagar su deuda", dijo en tribuna.

"(...) Eso sí, se escondieron para no explicar que están flagelando al servicio de turismo en el país poniéndoles nuevos derechos, nuevos impuestos, incrementando los costos como si quisieran que los turistas no visiten en Baja California, Baja California Sur, Quintana Roo, Yucatán y tantos destinos turísticos porque sólo para este año incrementan el costo de los vuelos de avión, incrementando los derechos sobre el espacio aéreo, pero también el DNR".

Patricia Flores Elizondo, de MC, quien ayer se posicionó en contra del dictamen, dijo este martes que se están disfrazando los impuestos a través del pago de un servicio público por el uso de bienes de la nación.

"Recordamos que son los derechos son el pago por un servicio público por el uso de bienes de la nación. No debe ser un impuesto disfrazado ni una forma cómoda de llenar la caja. Cada aumento debería pasar tres pruebas: cuánto cuesta realmente el servicio, quién termina pagando el aumento y qué se va a mejorar de manera proporcional con ese dinero que se recaude", planteó.

"Por eso es que este Congreso debe exigir que cada aumento de un derecho se justifique y que la hacienda rinda cuentas por sus resultados".