Ciudad de México.- El Gobierno de México presentó ante organismos internacionales y delegaciones diplomáticas los avances de su estrategia de búsqueda de personas desaparecidas, en vísperas de que el Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas exponga ante la Asamblea General su decisión de solicitar medidas de asistencia internacional para el País.

La presentación se realizó en Nueva York, después de que el Comité solicitó el 2 de abril remitir urgentemente la situación mexicana a la Asamblea General, al considerar que existen indicios fundados de desapariciones forzadas cometidas de manera sistemática o generalizada.

Durante el foro, el subsecretario de Derechos Humanos de Gobernación, Arturo Medina Padilla, informó que en 2026 se han localizado a más de 16 mil personas.

La reunión, denominada "Avances en materia de búsqueda de personas, identificación humana e investigación de desapariciones en México", fue organizada en la sede de la ONU con la participación de funcionarios de Gobernación, Cancillería y la Fiscalía General de la República.

El procedimiento iniciado por el Comité se sustenta en el artículo 34 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, que permite solicitar la intervención de la Asamblea General cuando existan indicios de una práctica generalizada o sistemática.

El organismo planteó que la Asamblea examine posibles medidas de cooperación técnica, apoyo financiero y asistencia especializada para fortalecer la prevención, investigación, sanción y erradicación de las desapariciones.

El Gobierno federal ha rechazado las conclusiones del Comité por considerar que no reflejan la situación actual del País ni incorporan las reformas y medidas adoptadas durante la Administración de la Presidenta Claudia Sheinbaum.

El 23 de septiembre, la Presidenta confirmó que su Gobierno había establecido contactos con el alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, el secretario general de la organización y otras instancias internacionales para explicar las acciones emprendidas en México.

Durante el encuentro de este viernes, Medina expuso las reformas de 2025 que obligan a abrir una carpeta de investigación por cada reporte de desaparición e iniciar inmediatamente las labores de búsqueda, sin esperar plazo alguno.

También informó sobre la operación del Centro de Mando Nacional las 24 horas, el avance en la instalación de puestos de mando estatales y la incorporación de 300 profesionistas a la Comisión Nacional de Búsqueda.

El funcionario señaló que México conformó, con acompañamiento de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, un grupo de especialistas nacionales e internacionales para revisar científicamente las metodologías del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas.

La estrategia incluye la Plataforma Única de Identidad, la revisión de registros, búsquedas en hospitales y centros penitenciarios, el fortalecimiento forense y acciones para prevenir el reclutamiento de jóvenes.

Por parte de la Fiscalía General de la República, Mariana Díaz Figueroa, titular de la Fiscalía Especializada en materia de Derechos Humanos, presentó los avances en la actualización del Protocolo Homologado de Investigación, con participación de familiares y colectivos de búsqueda.

La funcionaria también expuso el fortalecimiento del Banco Nacional de Datos Forenses y el uso de herramientas científicas y tecnológicas para mejorar la identificación humana y las investigaciones penales.

De acuerdo con un comunicado de la Secretaría de Gobernación, Catharina Boehme, subsecretaria general de la ONU y directora adjunta del Fondo de Población de Naciones Unidas, informó que la asistencia técnica del organismo ha contribuido a restituir la identidad de más de 24 mil personas fallecidas desde enero de 2023, mediante el cotejo de huellas dactilares de servicios forenses con registros del INE.

Según la dependencia, James Turpin, de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, reconoció las reformas adoptadas por México, pero señaló la necesidad de traducir los cambios legales en resultados efectivos, fortalecer las investigaciones y garantizar la participación de las familias.

El subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Cancillería, Enrique Ochoa Martínez, reiteró la apertura de México al diálogo, al escrutinio internacional y a la cooperación técnica, así como su compromiso de investigar las desapariciones y garantizar los derechos de las víctimas y sus familiares.