Cd. de México.- Un juez federal advirtió que denunciará ante la FGR al Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Puebla (CJPJEP), en caso de no acatar en un plazo de 24 horas una orden que giró para reinstalar en su anterior adscripción a un juzgador del fuero común.

El fallo que no ha acatado el Consejo es regresar a Enrique Romero Razo, Juez de lo Civil y de lo Penal del Distrito Judicial de Chalchicomula, en Ciudad Serdán, a su anterior cargo como Juez Segundo de lo Civil y de lo Penal del Distrito Judicial de Cholula.

Francisco René Olivo Loyo, Juez Sexto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales de Puebla, precisó que, de persistir el desacato, presentará la querella ante la FGR por desobedecer una suspensión debidamente notificada, un delito que se castiga con 3 a 9 años de prisión y multa de 50 a 500 días de salario.

"Procede aplicar la consecuencia expresamente prevista en el artículo 209 de la Ley de Amparo: requerir a las autoridades responsables para que, dentro del término de 24 horas, cumplan la suspensión definitiva en sus términos, bajo el apercibimiento de que, de no hacerlo, serán denunciadas al Ministerio Público de la Federación por el delito que corresponda conforme a las fracciones III y IV del artículo 262 de la propia ley", señala el fallo.

Olivo Loyo dictó este apercibimiento en un recurso denominado "incidente por defecto o incumplimiento de la suspensión definitiva", promovido por la defensa de Romero, a cargo de Raúl Andrade Osorio, ante el desacato de las autoridades judiciales del Estado.

El 30 de junio pasado el Pleno del CJPJEP acordó readscribir el juez Romero de Cholula a Ciudad Serdán, a partir del día siguiente.

El 17 de julio Romero presentó el amparo contra su readscripción y el 19 de agosto el juez Olivo Loyo le otorgó la suspensión definitiva con efectos restitutorios, es decir, para que en un plazo de 3 días fuera regresara al juzgado de Cholula.

El 31 de agosto, con una aclaración de por medio, se notificó esta suspensión al Consejo de la Judicatura poblano y le dieron 3 días para emitir el acuerdo que devolviera a Romero a su anterior órgano jurisdiccional.

De acuerdo con el fallo de Olivo, ese plazo transcurrió del 1 al 3 de septiembre, sin que fuera acatada en sus términos la suspensión definitiva.

Por esta razón, el 20 de septiembre el abogado del quejoso presentó ante el juez federal el citado recurso contra el desacato e informó al juez federal que el CJPJEP había programado una sesión para examinar el asunto hasta el 8 de octubre.

Una vez llegada esta fecha, la sesión no se llevó a cabo por falta de quórum, debido a la ausencia de la consejera Araceli Cabido Vaillard y el consejero presidente Pedro Antonio Martínez Hernández, según un oficio suscrito ayer por Doryan Eliseo López Camacho, secretario del Pleno del Consejo.

Esta respuesta del CJPJEP es la que ocasionó que el juez Olivo declarara como fundado el recurso de la defensa contra el desacato y apercibiera a los responsables con denunciarlos ante la FGR.

"La programación de una sesión futura constituye una actuación preparatoria, no la ejecución de la suspensión definitiva. La determinación cautelar es obligatoria y debe cumplirse en sus propios términos, sin que la organización o los procedimientos internos de la autoridad desplacen la fecha fijada judicialmente", determinó.