La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) avaló la orden del Congreso para que los municipios destinen a pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas al menos el 10 por ciento de sus recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS), que este año tiene alrededor de 136 mil millones de pesos.

La decisión se tomó pese a que la medida fue impugnada por al menos 12 entes por la presunta invasión de su autonomía, la configuración de una "partida secreta", y opacidad y vicios formales en la aprobación.

La Corte sobreseyó parcialmente las controversias únicamente respecto a 2025, pues ya se publicaron las nuevas reglas del Fondo para 2026.

Sin embargo, avaló de fondo la disposición del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2026 al considerar que se trata de recursos federales etiquetados que no forman parte de la libre administración municipal y que responden a un mandato constitucional tras la reforma que reconoció a los pueblos indígenas como sujetos de derecho público con personalidad jurídica y patrimonio propio y que pueden recibir y administrar directamente sus recursos.

"El proyecto cierra una etapa oscura, una etapa terrible de la vida del país", dijo el Ministro presidente, Hugo Aguilar Ortiz.

La mayoría estuvo de acuerdo con el presidente de la Corte, aunque cuando la Ministra Lenia Batres acusó que históricamente la Corte les había negado la entrega directa de fondos, Yasmín Esquivel le recordó que en el Amparo en Revisión 782/2024, fallado en julio de 2025, el anterior Pleno fijó la jurisprudencia que reconoce el derecho de las comunidades indígenas.

"(Fue) una sesión histórica en la que, por cierto, la Ministra Lenia Batres votó en contra", dijo Esquivel.

Batres, compañera de Esquivel desde la anterior Corte, aclaró que su reproche no era contra Esquivel, con quien frecuentemente se enzarza en disputas.

"Ya parece que el tema es entre ella y yo. No, en realidad, mi queja es con la anterior integración", dijo.

La autollamada "Ministra del pueblo" aceptó que votó en contra, pero porque la Corte no resolvió la entrega inmediata del dinero a la comunidad quejosa, Santo Tomás Lachitá, Oaxaca, y prefirió revocar la sentencia para devolver los autos a un Tribunal Colegiado.

"Si tiene duda, le mando ahorita mi voto particular", dijo.

Hugo Aguilar tuvo que encauzar la sesión. El presidente de la Corte resaltó la reforma de 2024 y recordó que en febrero, en la primera sesión itinerante de la Corte, en Tenejapa, Chiapas, se tomó una decisión parecida.

"Creo que eso es lo relevante. Eso es lo que debemos de resaltar en esta sesión pública, que yo, en lo personal, resalto, porque ha sido parte de mi lucha, de vida y he presenciado estas injusticias que, a lo mejor, no me excedo en señalar que el día de hoy estamos ayudando a cerrar este capítulo lamentable en la vida del país", dijo.

Once municipios, entre ellos San Nicolás de los Garza, Nuevo León; Huixquilucan, Estado de México, y Kanasín, Yucatán, más la Alcaldía Cuauhtémoc, de la Ciudad de México, alegaron por separado que la creación del denominado "Componente Indígena" del FAIS les reduce sus ingresos, vulnera la autonomía municipal y que la intervención de la Secretaría de Bienestar la convierte en una "autoridad intermedia" prohibida en la Constitución y que se configuraba una "partida secreta" y opacidad, pues no se aclaraba ni las reglas ni quiénes serían las autoridades o entes ejecutores de los recursos.