El Servicio de Administración Tributaria (SAT) informó que, de octubre de 2024 a agosto de 2026, canceló la posibilidad de emitir facturas a 2 mil 205 empresas comercializadoras que vendían combustible de manera ilegal.

El dato fue dado a conocer esta tarde por Hacienda después de que, en la mañanera, la Presidenta Claudia Sheinbaum pidió al SAT informar cuántos RFC de comercializadoras de combustible habían sido dados de baja por irregularidades relacionadas con facturación y venta ilegal.

"(Son) RFC (que) se bajaron, de comercializadoras de combustible, porque no cumplían o eran factureras, es decir, facturaban combustible cuando en realidad no transportaban combustible", señaló.

Sheinbaum explicó que parte del esquema consistía en crear empresas que operaban durante periodos muy cortos, facturaban operaciones y posteriormente desaparecían.

"Pero hay controles para crear una empresa, que se creaban empresas y desaparecían a los siete días. Entonces no es que vinieran de hace cinco años, seis años, siete años, ocho, sino que se crean, dicen que comercian combustible o facturan IVA y después desaparecen y se vuelven a crear otras empresas", afirmó.

La Mandataria sostuvo que el SAT mantiene una estrategia permanente contra las llamadas factureras, incluidas las utilizadas para operaciones relacionadas con combustibles.

"El SAT está permanentemente combatiendo las factureras, ya sea por combustibles o por otros productos que en realidad no comercian nada", indicó.

Horas después, Hacienda difundió una tarjeta informativa en la que precisó que las 2 mil 205 comercializadoras perdieron la posibilidad de emitir facturas por vender combustible de manera ilegal.

La Presidenta informó además que, desde el inicio de su Gobierno, fueron retirados 63 permisos a agentes aduanales por irregularidades que podrían estar relacionadas con contrabando de mercancías, combustible u otras anomalías.

"Son 63 permisos de agentes aduanales que han sido retirados. 63 desde que llegamos al Gobierno", precisó.

Sheinbaum agregó que actualmente existe una base de datos de trazabilidad de combustibles en la que participan el SAT, Aduanas, la Secretaría de Energía y Pemex, cuyas áreas sostienen reuniones semanales para detectar posibles irregularidades.