La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) inmovilizó recursos y bloqueó cuentas relacionadas con la red criminal que, de acuerdo con el Gabinete de Seguridad, operó bajo un esquema de protección en el Gobierno municipal de Juchitán, Oaxaca.

La medida financiera fue revelada horas después de la captura del Alcalde morenista Miguel Sánchez Altamirano y de Carlos Alberto "N", alias "La Parca", quienes contaban con órdenes de aprehensión por extorsión agravada y delitos contra la seguridad del Estado.

El Gobierno federal amplió el alcance de las investigaciones y relacionó a ambos con una estructura dedicada al cobro de piso a comerciantes y empresarios, narcomenudeo, tráfico de personas y homicidios.

La indagatoria también alcanzó a servidores públicos que habrían permitido el funcionamiento de células criminales mediante "esquemas de protección que habrían facilitado las operaciones de integrantes de grupos delictivos", indicó el Gabinete.

Sin embargo, esas actividades formaron parte de la investigación general sobre la estructura delictiva. Las órdenes de aprehensión ejecutadas contra Sánchez Altamirano y "La Parca" fueron específicamente por extorsión agravada y delitos contra la seguridad del Estado.

El Gabinete no precisó el número de cuentas bloqueadas, el monto de los recursos inmovilizados ni la identidad de sus titulares.

Tampoco identificó a la organización criminal beneficiada por la presunta protección municipal ni detalló la conducta atribuida a cada detenido.

La captura se realizó dentro del Operativo Enjambre, dirigido contra servidores públicos relacionados con actividades criminales o señalados por brindar protección a grupos delictivos.

En el despliegue participaron elementos de Marina, Defensa, SSPC, FGR y Guardia Nacional, en coordinación con la Fiscalía y la Secretaría de Seguridad de Oaxaca.

El caso colocó bajo investigación al propio Presidente Municipal cuatro meses después de que el Gobierno de Oaxaca presumió los avances del Plan Juchitán para la Paz, la Justicia y el Bienestar, que hasta el 23 de mayo había dejado 66 detenidos y 25 cateos.