-¿Pusieron freno al caso Otto contra Corral? 

-Ve Municipio muy mal servicio del Palmore

-De nuevo personal judicial federal a la calle

Uno de los modos de operar más criminales en la trata de personas parece ocurrir no en las travesías por carretera o el desierto, sino en plena ciudad, a la vista de todos, hasta de las corporaciones de seguridad, pasivas en todos sus niveles.

No hay denuncias formales en las instancias investigadoras, hasta donde pudimos confirmar en los últimos días, pero los casos existen y se cuentan por decenas o tal vez ya por cientos.

Choferes de Uber, DiDi o particulares con vehículo propio acuden a los campamentos migrantes, donde viven en condiciones infrahumanas cientos de extranjeros en su paso al norte del país, para ofrecerles traslados supuestamente muy baratos.

Las imágenes en GPS versión digital muestran esa realidad, ese primer acercamiento de lo que será un viaje fraudulento, falsamente esperanzador para los guatemaltecos, hondureños, salvadoreños y demás migrantes imposibles de convencer de que regresen a sus países de origen. 

No hay criterios ni tarifarios definidos para este negocio que consiste en la estafa, el engaño y el robo, así de la forma más vil e inhumana que pueda existir, porque aprovechan la ignorancia y la situación crítica que padecen los migrantes.

Después de levantarlos de los campamentos, previa negociación de los costos que pueden ir de los 200 a los mil 500 pesos, según lo que traigan los migrantes, los transportan por toda la ciudad hasta la salida a Juárez, por la carretera vieja.

En el entronque con la carretera de cuota, después de evitar la caseta de peaje Sacramento, aparece el permanente retén de agentes municipales. Casi siempre hay también estatales, Ejército y Guardia Nacional en la revisión aleatoria de los vehículos que ingresan.

En ese punto, a la vista de los elementos, de viajeros y comerciantes, los migrantes son convencidos de bajar del auto que los transporta. Los instruyen a rodear el retén, que no vigila salida sino ingresos a la ciudad, con la promesa de que habrán de recogerlos un kilómetro más adelante... pero nunca vuelven a aparecer los choferes.

Tal vez cuando los migrantes creen haber burlado a los agentes del retén, esos Ubers y Didis ya van de regreso a la zona urbana de la capital, a cazar más incautos en los campamentos de la “Pistolas” Meneses o del Juan Pablo II.

Es un doble crimen sin freno a plena luz del día, el tráfico de personas y además la estafa, el engaño contra gente en la miseria. Todo a la vista de autoridades omisas que siguen sin aparecer en esta crisis ya no migratoria nada más, sino humanitaria.

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En el surrealista universo de Morena hay de sobra casos raros entre fundadores y arribistas del partido de la 4T, que no pueden ser otra cosa más que un presagio de lo que podría sucederle en pocos años, ganen o pierdan las elecciones para los distintos cargos en competencia.

El exgobernador y expanista Javier Corral, hoy postulado para una pluri al Senado de la República por el morenismo, es uno de esos casos raros, sobre todo a la vista de los rivales que él mismo persiguió y ahora son sus compañeros de partido.

El candidato a alcalde de Parral por Morena es Otto Valles, de los encarcelados en la cacería de la mala broma llamada “Operación Justicia” de Corral Jurado; también es el denunciante de juicio político contra el golfista ante el Congreso del Estado, proceso congelado y abortado por una pésima conducción política y legislativa que le puede cobrar factura a la mayoría conformada en esta legislatura.

Pero el caso es que Valles, desde el 23 de marzo pasado, convocó a los medios de comunicación a una visita a la torre legislativa para darle seguimiento a su demanda. Lo hizo poco después de las seis de la mañana de ese día, pero dos horas después desinvitó a todos, canceló definitivamente.

¿Habrán frenado desde Morena a Otto Valles para que agache la cabeza y tal vez no le aplauda, pero sí deje de hacerle ruido a su nuevo compañero de partido?

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En los pasillos del Instituto Municipal de Pensiones (Impe), a cargo de Juan Antonio González Villaseñor, casi dan por hecho que dicha instancia habrá de cancelar el contrato histórico con el Hospital Palmore, por un caso delicado que le costó la vida al hijo pequeño de un empleado.

La clínica brinda el servicio médico especializado a los trabajadores municipales y sus familiares derechohabientes desde hace muchos años, pero a finales de marzo ocurrió la tragedia para la que ni explicaciones a medias ha brindado el nosocomio.

El caso fue de un niño que entró a quirófano para un procedimiento en apariencia sencillo, una cirugía testicular, pero salió con muerte cerebral en lo que sus padres, de acuerdo con la información que tuvieron, creen que fue un error médico grave, debido al suministro excesivo de anestesia.

Además de eso, los empleados municipales nos reportan que el trato a los familiares fue con una prepotencia inaudita de parte del administrador del Palmore, Luis Muro, de quien, en otras ocasiones, los trabajadores se habían quejado, dada su falta de sensibilidad para tratar temas delicados de salud.

Así, el deceso del niño de siete años de edad, con inicial R., habría sido la gota que derramó el vaso para que el Impe busque nuevas opciones de atención médica en la capital.

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El próximo cinco de mayo, día de la batalla de Puebla, el personal del Poder Judicial de la Federación saldrá a las calles a manifestarse contra las reformas que pretenden abrir las puertas para la selección de jueces, magistrados y ministros mediante el voto popular.

Aprovecharán los empleados jurisdiccionales federales para recordar que aún sigue pendiente reforzar la seguridad del fideicomiso laboral que el gobierno de México intentó apropiarse y que seguramente volverá a tratar de hacerlo si el voto popular los favorece el próximo dos de junio.

Ese fideicomiso contiene recursos ahorrados por los trabajadores del Poder Judicial, de todos los niveles, y forma parte de sus derechos de retiro, por ello, ha sido postura consistente defender dicho fondo con uñas y dientes.

Ya están organizándose los trabajadores principalmente sindicalizados para elaborar lonas y pancartas. Junto con ellos estará también el personal precario, que está por contrato, porque sus condiciones laborales siguen siendo lastimosas, pero de ellos no todos saldrán a expresarse, precisamente por el temor de exhibirse y sufrir alguna represalia. Sigue habiendo en dicho poder empleados de primera y de segunda.

Tienen el fundado temor los integrantes del Poder Judicial que la reforma constitucional en relación con dicha función jurisdiccional vendrá a perjudicarlos; no los convence el discurso de que presidencia va solo en contra de los ministros y los altos funcionarios.

Además, muchos de estos empleados, algunos secretarios de Juzgado y Tribunal, hacen fila desde hace años, mediante la meritocracia, para llegar a un puesto superior y ven con desconfianza que se vayan a abrir las puertas de par en par, para que entren personas a brincarlos en sus justas aspiraciones.

La manifestación está anunciada para el cinco de mayo, pero dicha fecha cae en domingo. Es muy probable que se cambie, para que caiga en día hábil y exista mayor repercusión social. Estaremos al pendiente.