-Rumores de quiebra por el “helicopter money”

-Aseguran que sí pasa la reforma judicial

-Hicieron en Chiapas lo que aquí no han podido

A finales de febrero pasado, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación que fue interpretada como un embate contra la gobernadora Maru Campos, por el ya lejano conflicto de los libros de texto gratuitos.

La resolución firmada por la titular del organismo, Rosario Piedra Ibarra, estaba dirigida también al gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez, y a los secretarios de Educación de las dos entidades involucradas, pues frenaron la distribución de los libros una vez que promovieron, por la demanda social, sus respectivos recursos ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

La recomendación 21/2024 no escatimó en intentos de sanciones por la supuesta violación del derecho a la educación. Era notable el sesgo morenista de la ombudswoman ante tal atentado a la non sanctísima voluntad federal cometido por los gobernadores.

De poco sirvió el intento de hacer ruido o generar nerviosismo en el aparato estatal. Como era lógico, la recomendación no fue aceptada, pero además fue rebatida al grado de reducir al ridículo a la CNDH, por la extralimitación en la que incurrió.

Resulta, nos reportan los conocedores, que la comisión se excedió desde el hecho de darle entrada a un reclamo por un asunto que estaba ya en tribunales. No sólo en tribunales, sino en el máximo juzgado de la nación.

Después, entró a estudiar la queja a pesar de que los gobiernos estatales acusados únicamente ejercieron una facultad que les concede la ley, como promover un recurso ante la SCJN, donde deben dirimirse las controversias constitucionales que puedan surgir.

Para colmo, emitió la recomendación cuando el asunto había sido juzgado en la Corte, resuelto, acatado en todos sus términos. Casi medio año después fue el resolutivo derechohumanista que, por cierto, omitió que hubo muchos retrasos en la entrega de los libros todavía después del fallo judicial, porque la SEP no los había mandado a los estados.

Total, la famosa recomendación quedó reducida a la nada, tanto por la respuesta oficial como por error de dejarse llevar por la oficiosidad y los afanes de quedar bien en la 4T.

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El despido y recontratación horas después de más de 100 empleados de unidades del federalizado Servicios de Salud del Estado, puede esconder algo más que un intento de castigo de parte de la Federación al Gobierno estatal, aunque la crisis le haya tocado al titular de Salud, Gilberto Baeza.

La respuesta federal oficial fue que el despido de los trabajadores era consecuencia de que Chihuahua no se hubiera adherido al modelo IMSS-Bienestar, con el que la 4T ha doblegado a los estados para que prácticamente entreguen sus sistemas de salud, en aras de construir el modelo tipo Dinamarca.

La realidad es que no dejaban de ser empleados federales, contratados en tiempos de la contingencia sanitaria y que terminaron quedándose como eventuales sin más prestaciones que el sueldo, a pesar de la terrible irregularidad que eso representa.

El machetazo a sus sueldos, sin embargo, más que ser una presión directa al Gobierno del Estado para que acepte adherirse o padezca las consecuencias, podría tener como fondo algo más grave.

Los rumores de que está en quiebra ese aparato de salud, que ha convertido de malos a peores los servicios médicos en casi todos los niveles, suenan con fuerza y pueden ser el anticipo de una crisis de mayores dimensiones.

Sería esa la consecuencia de la expansión del gasto federal en esta época electoral, el creciente déficit fiscal y la descapitalización provocada por la especie de “helicopter money” que son los programas sociales.

Aunque el término concreto hace referencia a la indiscriminada impresión de papel moneda para repartir y fomentar el consumo, de lo que no hay señales en el país, aplica a la perfección por la cantidad de becas y pensiones cuyo fondeo y sostenibilidad son inciertas.

Ojalá que esos empleados despedidos, a los que contrataron irregularmente por otros tres meses (en lo que pasan las elecciones), no sean el anticipo de un problema mayor de solvencia federal que deje de herencia Andrés Manuel López Obrador.

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Dicen que en Palacio de Gobierno ni sufren ni se acongojan con el tema de la reforma judicial, aunque iba a aprobarse en el Congreso del Estado la semana pasada, pero terminó sin ser subido el dictamen a la sesión por un atasco que dificultó conseguir la mayoría calificada.

A pesar del evidente atorón, por supuestos reclamos y caprichos no de la primera minoría morenista sino de los aliados del PAN en la legislatura, el fin de semana, aseguran, ya había quedado planchada la votación.

Eso no explica por qué el presidente de la Comisión de Gobernación, el priista Omar Bazán Flores y la morenista presidenta del Congreso, Adriana Terrazas Porras, mantenían cierta presión todavía hasta el viernes. Advertían que podría pasar otra semana sin aprobación, sino es que se fuera hasta la otra legislatura.

Pese a ello, nos insisten que en lo del Legislativo era mera pirotecnia. Los 22 votos bien contados y recontados estarían seguros para salir sin más contratiempos en estos días, pues la mayoría albiazul ha honrado todos los compromisos y acuerdos con sus aliados, que van más allá de lo coyuntural.

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Hay un pequeño municipio en Chiapas, Tecpatán, con apenas unos 700 kilómetros cuadrados de superficie y 37 mil habitantes –una colonia de esta ciudad- , que acaba de dar el campanazo contra la Comisión Federal de Electricidad, la cual deberá pagar tres mil 575 millones de pesos por Impuesto Predial.

Lo que Juárez ni Chihuahua han podido lograr, administraciones que van y vienen, tanto federales como municipales, lo acaba de conseguir este diminuto ayuntamiento, que esta semana obtuvo una resolución favorable en la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Es increíble, pero dicho municipio tiene una resolución que data de hace algunos años, en la cual la empresa estatal debe liquidar dicho gravamen por las instalaciones de una inmensa Hidroeléctrica, que ocupa gran parte de su territorio.

El nuevo argumento de la CFE fue que hubo una modificación en los límites municipales y que la Hidroeléctrica ahora quedó en otro municipio y no en Tecpatán, artilugio jurídico que fue superado pese al voto en contra de Lenia Batres y Jazmín Esquivel, ministras de la Corte.

Tendrán que echarse un clavado los jurídicos de los municipios en la entidad y de todo el país, en la sentencia definitiva una vez que quede listo el dichoso engrose, y volver a hojear los resolutivos de todo el asunto, a lo largo de estos años.

Debe haber ahí alguna llave para cobrar esos millones que están volando no solo de CFE, sino de Aeropuerto y Ferrocarriles Nacionales de México, aquí y en Ciudad Juárez, que se escudan en el mismito argumento, que los bienes de la nación no pagan impuestos.

Habló la ministra Lenia Batres de una injusticia en contra de la CFE, cometida por sus compañeros de la Corte. Literal, era Goliat contra David, esos 3 mil y pico de millones representan 30 veces el presupuesto anual del desconocido municipio de Tecpatán, que este año ejercerá 30 millones de pesos como todo su recurso para servicios, obra y administración.