Todos sabemos que los poderes judiciales, tanto estatales como federales, están contaminados por la política. En su mayoría sus miembros llegan por, o con el apoyo del grupo político gobernante y así lo confirmó el PRIAN en el “Acuerdo de Coahuila”, donde el presidente nacional del PAN Marko Cortez reveló a finales del año pasado cómo habían establecido, y hasta por escrito (cínicos), la repartición de puestos en Coahuila, incluyendo al poder judicial estatal, si el candidato del PRI ganaba, como sucedió.

Así pasó con César Duarte donde llegaron magistrados con una conexión o relación política con el duartismo, muchos de ellos sin tener experiencia como abogados y así llegó la actual presidenta del Poder Judicial estatal, pues Maru Campos presionó para que el presidente del Poder Judicial estatal nombrado durante el gobierno de Javier Corral dejara el puesto, quedando la actual presidenta en su lugar.

Es precisamente porque el Poder Judicial de todos los ámbitos está politizado, que todos sabemos que en Chihuahua como en el resto del país la política interviene en las decisiones de los jueces, independientemente de si la decisión es apegada a derecho no, sabiendo que cualquier asunto relevante para el gobierno lo ganará en los tribunales estatales, así ha sido antes y así es ahora.

Pese a lo anterior, siempre ha existido un pacto de silencio en los poderes judiciales tanto estatales como federal, una especie de acuerdo, donde nunca nadie había hablado porque todos saben que así funcionan las cosas y así seguirán funcionando, pues así se han beneficiado todos de alguna u otra manera, con la designación de ellos en sus puestos o de sus familiares (para nadie es un secreto el nepotismo dentro del poder judicial estatal o federal donde abundan las familias y escasean aquellos que no tienen la fortuna de pertener a un árbol genealógico), y todos los que entran es por “palancas”.

Es por eso que lo dado a conocer públicamente esta semana por el Poder Judicial federal, donde hacen saber de una denuncia anónima contra el ex presidente de la Suprema Corte Arturo Zaldívar, afín a Morena, ordenado por la actual presidenta de la Suprema Corte Norma Piña (opositora al presidente y a Morena pero afín al prianismo), ha roto ese acuerdo o pacto que se tenía, donde se respetaban mutuamente los miembros del Poder Judicial federal, pero sobre todo, que no se revelaría lo que todo mundo sabe: que la política interviene ahí también.

Y a pesar de que aún no se sabe si son ciertas o no estas acusaciones pues fue una denuncia anónima, aún no inicia la investigación y ni siquiera se ofreció una sola prueba, el propio Poder Judicial Federal filtró dicha denuncia, afectando la presunción de inocencia y el debido proceso (algo que ellos siempre deben garantizar). La acusación es evidentemente política porque Arturo Zaldivar forma parte del equipo de campaña de la actual candidata de Morena a la presidencia Claudia Sheinbaum. 

Es lamentable por el Poder Judicial federal al entrar de lleno a la campaña con Xóchitl Gálvez, y es hipócrita lo que hace Norma Piña porque bajo su presidencia no se ha investigado un solo acto de corrupción en el Poder Judicial federal ni a algún juez y no se diga ministro (ni cuando se descubrió que un ministro tenía en su cajón guardado el asunto de impuestos del dueño de Banco Azteca). Es lamentable y se advierte también que el tema es político más que legal porque Arturo zaldívar lleva más de un año como Presidenta de la Corte y casualmente esta denuncia entra en plena época de campañas y una vez que el Ministro entra al equipo de Claudia Sheinbaum. 

No cabe duda que existe desesperación con los aliados del prianismo y opositores al Gobierno de AMLO para que no vuelva a ganar Morena, que hasta se hacen el harakiri sin importarles perder el prestigio y la imparcialidad política que debería tener el Poder Judicial federal en una campaña electoral, usando a la Corte de esta manera y Norma Piña no sólo confirma que ha entrado a la campaña electoral junto a la Suprema Corte, pues ella es su Presidenta, también confirma que están asustados y desesperados de perder sus privilegios y protección que se brindan entre los corruptos prianistas, olvidándose que al admitir a que se investigue sin ninguna sola prueba y de manera anónima a un ex presidente de la Corte, se le puede revertir en su contra hoy o mañana, pues recordemos que hace algunos meses ella le llamó al presidente del Senado descalificándolo por su labor como senador, es decir incurrió en excesos. Ha abierto la caja de Pandora.

Pese a todo lo anterior, es sano que exista un debate público y abierto donde cada vez más se someta a escrutinio la labor del Poder Judicial federal, que siempre ha sido tan cerrada y no le rinde cuentas a nadie, esto puede sentar un parteaguas para que por fin dicho poder pueda ser revisado en sus actuaciones, cosa a la que siempre se han negado.