-Bateo olímpico de la SICT federal

-Van por cámaras de solapa en ayuntamientos

-Jesús Valenciano con “Alcaldes Electos” 

El solo hurto de 15 de los 61 paquetes electorales correspondientes al municipio de Guadalupe y Calvo por parte de integrantes del crimen organizado, debería ser suficiente sin más para anular los comicios.

Es claro que existió una voluntad viciada, y que las copias al carbón presentadas son indicio importante, pero no determinante, por el ambiente enrarecido existente en aquel extenso municipio serrano.

De esos 15 paquetes, cinco aparecieron, pero, aun así, se rompió la cadena de custodia, elemento fundamental, que motivó la anulación de Ocampo, de manera muy reciente, por cierto, desde la misma ponencia de la magistrada promorenista, Roxana García.

Sostener que debe prevalecer la voluntad ciudadana existente en algunas copias PREP y copias en poder de Morena de las actas de escrutinio, es un elemento interesante que sienta precedente, pero que ignora un elemento crucial en los comicios, que es la decisión ciudadana genuina.

Esa intervención del crimen organizado tendría que ser sancionada con la nulidad, integrar un Concejo Municipal que entre en funciones y convocar a nuevos comicios, con presencia real y no simulada de las fuerzas policiales, que garanticen unas elecciones sin intervenciones extrañas.

¿Dónde andaba la Guardia Nacional y el Ejército en esos momentos?

La sentencia emitida por el Tribunal Estatal Electoral en el expediente JIN-379/2024 y acumulados, tendrá que pasar por una prueba de fuego hasta cierto punto laxa en la Sala Guadalajara, porque se trata de una resolución que favorece a Morena. Lo más probable es que venga confirmación de la resolución.

Perdió la oportunidad el TEE de ser congruente con recientes determinaciones, con el fin de sancionar con rigor cualquier conducta que implique intervención del crimen, que, en el caso de Guadalupe, parece premio y reconocimiento inexplicable.

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Mediante el oficio SG/UE/230/1029/24, la Unidad de Enlace de la Secretaría de Gobernación, bateó olímpicamente al Congreso del Estado en los reclamos de hechos de corrupción denunciados públicamente en Nuevo Casas Grandes y que ponían al descubierto una red de tráfico de influencia donde están involucrados empleados de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

Así con todas sus letras y con la mano en la cintura ignoraron el acuerdo número LXVII/PPACU/0875/2024 II P.O., en el cual fue emitido un exhorto para atender la denuncia pública realizada por personal anteriormente adscrito a la Secretaría (SICT).

Pues en términos llanos le dijeron al Congreso que ellos no se andan con chismes para andar atendiendo denuncias públicas con acusaciones de corrupción.

“La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) carece de facultades para atender denuncias públicas”, así les dijeron a los señores y señoras legisladoras.

Para acabarla, a la solicitud de atender diversos tramos carreteros por la zona de Nuevo Casas Grandes, les informaron que en el presente ejercicio 2024, no se cuenta con la autorización por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de los recursos requeridos para que la SICT efectúe la contratación de los trabajos de conservación de carreteras y puentes que tenía programados.

Los legisladores pedían la reparación y mantenimiento de las Carreteras Federales Número: 2, 10, 16, 24 y 45, al igual que de los Puentes Federales del Estado de Chihuahua (Ojinaga Cuota, Porvenir, Doctor P. Parra, Puente Zaragoza-YSLETA y Benito Juárez).

Pues a ambas peticiones les dijeron que no, y casi casi, les dicen que le hagan como quieran.

Tiene la federación abandonadas las carreteras en el estado de Chihuahua y ni para cuándo existan recursos, hay otras prioridades. Investigar casos de corrupción, menos, porque esos son chismes.

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Hay un acuerdo entre el Gobierno del Estado y los ayuntamientos de la entidad para implementar de manera uniforme el uso de la cámara de solapa en los elementos de los cuerpos de seguridad pública municipal que, en la mayoría de los municipios, realizan la labor de vialidad.

Es cierto que hay muchas mañas de los elementos policiacos para evitar que quede en video cualquier transa, pidiendo que el billetito quede arrojado en la unidad a través del vidrio abierto de la ventanilla, o bien, debajo de la infracción o de la licencia de conducir.

Pero por encima de esas prácticas anómalas, la voluntad política superior es que haya la mayor transparencia al momento del arresto y la aplicación de sanciones, a lo cual obedece la emisión de una licitación pública para la adquisición de dichas cámaras.

La convocatoria fue publicada el pasado 30 de julio; está programada la junta de aclaraciones para el día seis próximo, y el catorce la apertura de propuestas.

Revisamos las bases, pero no hay nada extraordinario, puro formato legal. Habrá que esperar que avance el procedimiento para ver a las empresas interesadas y sus propuestas económicas, una vez concluida la adquisición.

La licitación viene orientada a fortalecer la seguridad pública de las corporaciones municipales y no al funcionamiento de vialidad estatal. 

Ahí valdría la pena revisar cómo ha funcionado en los retenes arbitrariamente instalados en vialidades de alta circulación como Cantera.

Estamos seguros que habrá respaldo de video en cada una de las infracciones y retenciones realizadas, para consulta directa de los interesados.

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Tuvo demostración de liderazgo el alcalde deliciense, Jesús Valenciano García, al recibir a decenas de alcaldes electos. 

Son munícipes que habrán de asumir cargos en el periodo 2024-2027 quienes atendieron capacitaciones diseñadas para fortalecer habilidades propias y de sus equipos de trabajo en diversas áreas críticas de la administración pública. 

Las capacitaciones abarcaron temas esenciales como atención ciudadana, análisis financiero, licitaciones, cuestiones legales, y el uso de nuevas tecnologías y plataformas sociales.

Muchos de esos aspectos tienen a más de un ayuntamiento pariendo chayotes a la hora de comparecer ante la Auditoría Superior del Estado.

Se dejaron ver en dicho encuentro Salvador “Chava” Calderón, de Parral; Sandra Judith Galindo, de Aldama; Blanca Estela de Cusihuiriachi; Salvador Villa de Guerrero; Dalila Maldonado de López; José Dolores Andujo de Rosales; Norma Graciela Pavia de San Francisco de Conchos; Rodolfo Gardea de Saucillo; Jesús Norberto Grado de Valle de Zaragoza y Óscar Luis Miramontes de Gran Morelos.

Las capacitaciones ofrecieron a los alcaldes electos una visión integral y práctica sobre cómo enfrentar los desafíos de la administración pública, garantizando así que estén mejor preparados para servir a sus comunidades.