-Maratónica audiencia en pleito multimillonario

-Con Morena adelante y fuerte dispositivo

-De simples SPA a crímenes atroces

Parece que no fue menor el impacto de la protesta de comerciantes, religiosos y pobladores de Guachochi, que la semana pasada salieron a las calles y cerraron los negocios con la exigencia de paz, dirigida tanto a criminales como a las autoridades.

Tenemos en versión digital el video e imágenes de los locales cerrados, como si fuera un día inhábil o de luto en la atractiva población serrana. Circuló en grupos de WhatsApp de los habitantes y por el Tik Tok, con nada despreciable penetración.

Habíamos asentado que subyace, además del reclamo por la violencia generada por el crimen organizado, también una exigencia a la autoridad local porque la clase política encabezada por el priista Miguel Yáñez Ronquillo, parece vivir en otra realidad aparte, más próspera que la padecida por el común de los pobladores.

Pero el mayor problema fuera de consideraciones políticas -nos insisten los comerciantes y habitantes del otrora tranquilo sitio turístico- es la guerra sostenida entre los grupos que comandan Alberto H. P., alias "El Cheyenne" y Guadalupe L. B., alias “El Palapas”, líderes en disputa con origen ambos en el Cártel de Sinaloa.

Desde luego que el Black Hawk de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal y los patrullajes con vehículos artillados de la Policía y la Guardia Nacional, que comenzaron hace una semana, han tenido su efecto en materia preventiva.

Pero la unidad social mostrada en la organización de la protesta y el cierre comercial también tuvo un fuerte efecto para disuadir a los criminales, que no se limitan ahora a la producción de drogas y al narcomenudeo, sino que tratan de meterle mano a los negocios legítimos, vía la extorsión y otros ataques directos a la población.

Ojalá que Guachochi -con la reacción oportuna que recibió de la autoridad estatal y federal, de la mano de la sociedad que venció el miedo y alzó la voz- logre pasar de foco rojo a caso de éxito en materia de seguridad... porque focos rojos ya son muchos.

***

Sorprendió que el Consejo Local y los distritales 08 y 09 del Instituto Nacional Electoral, fueran instalados como si se tratara de una elección federal, cuando lo que estaba siendo elegido ayer era el ayuntamiento y la sindicatura en municipios pequeñísimos de la entidad.

Pero el fondo es que el INE tiene el monopolio de la función electoral en ciertos procedimientos, como es la capacitación de funcionarios y operación de casillas, y, por tanto, es el responsable del cómputo y escrutinio en las mismas, aunque la elección sea local.

Inclusive, el seguimiento durante todo el día de la incidencia en las elecciones en Ocampo y Belisario, estuvo a cargo del INE; el IEE, su presidenta, los consejeros, etc., solo fueron meros espectadores. El teje y maneje fue de Alejandro de Jesús Sherman Leaño y no de Yanko Durán.

A ella, como cabeza del órgano local electoral, le quedó solo esperar a que el INE le entregará inclusive los paquetes electorales y la hoja Prep, para alimentar su base de datos y dar a conocer los resultados.

No sabemos a cuanto ascendió el pago realizado por el IEE al INE, pero todos esos insumos costaron, y bastante, al precio de los organismos federales, que se despachan con la cuchara grande.

Pudo haberse quedado el IEE con la organización completa de las elecciones, pero nunca fue enviada la petición al Instituto Nacional Electoral, el cual, como señalamos líneas arriba, es el que constitucionalmente tiene la responsabilidad de los comicios, así sean de municipalidades con cuatro y cinco mil electores, con 16 y 8 casillas, como ocurrió en Ocampo y Belisario.

Además, la responsabilidad no era menor, por el problema de inseguridad existente, que ya provocó la nulidad de los pasados comicios.

***

La noticia con las elecciones en Belisario Domínguez y Ocampo fue el fuerte operativo de seguridad realizado, en coordinación de los tres niveles de gobierno, el triunfo de Morena, al menos con el conteo del Prep al cierre de la edición, y la bajísima participación.

Al momento de cerrar esta columna apenas estaba contabilizada la participación del 38 por ciento de los electores; eran pocas las actas contabilizadas, seis de 24, en la que más, pero estaba uniforme la participación, poquísima, ni siquiera el voto duro.

En las elecciones del dos de junio la participación fue del 52 por ciento, hay desencanto y cansancio en los electores. Ni siquiera Morena con todo el aparato de gobierno federal a su favor, pudo subir su votación.

Los electores que traía el PAN-PRD-PRI, algunos se voltearon forzosamente. Difícil saberlo. Es anticipo de lo que viene en 2027, tampoco es fácil anticipar.

Los pocos electores que acudieron estuvieron protegidos por un operativo de corporaciones de distinto nivel de gobierno, Guardia Nacional, Sedena, Agencia Estatal de Investigaciones.

Fueron instaladas todas las casillas, con cuatro mecanismos de recolección itinerantes, con apoyo de las autoridades; protección policiaca de principio a fin.

No estaban aún todas las casillas contabilizadas. Algunas de ellas requieren de cuatro a seis horas. El resultado puede cambiar. Lo sabremos hoy oficialmente.

La vigilancia fue de principio a fin hasta la asamblea municipal.

No hubo helicóptero. Puro traslado por tierra, en operativo arriesgado y esperemos seguro, hoy lo sabremos.

***

El crimen en el Spa juarense que quedó al descubierto con los tambos en cuyo interior fue localizado el cuerpo desmembrado de una paciente, deja entrever los niveles de inseguridad entrelazados ahora con este tipo de negocios.

Del abuso o mal servicio, ahora migran al homicidio atroz, en señal indudable de deterioro de los alcances criminales alcanzados.

Está en manos del Ministerio Público la investigación al respecto, pero la autoridad administrativa también interviene, en este caso la Comisión Federal y Estatal contra riesgos sanitarios, cada una en el ámbito de sus competencias.

La primera con medicamentos controlados y la segunda para estar al pendiente del servicio prestado de manera adecuada.

Lo encontrado en el caso del consultorio juarense indica una operación inadecuada, con registro solo para consultorio, con su respectivo aviso de funcionamiento, pero nada de cirugías o tratamientos invasivos estéticos.

Hay cuando menos otras 12 ó 13 denuncias a nivel estatal, que están siendo atendidas.

No había pasado el asunto de una mala praxis, incluso con resultados funestos, como ocurrió en la clínica Colón, donde una paciente murió, pero no al grado de llegar al homicidio.

El asunto pone los pelos de punta, a cualquiera, aunque no es exclusivo de Chihuahua.

Antier fue realizada por Interpol una aprehensión en Colombia del cirujano José Humberto N. que en CdMx cometió homicidio en un caso también de mala praxis.

En el caso juarense el presunto responsable, Ralph R., tiene licenciatura en medicina general Central American Health Sciences University Belize Medical College, en Ladyville, por lo que los sabuesos de Fiscalía deben andarlo buscando del otro lado del charco.

***

Desde Morena hubo un ataque frontal en contra de la estrategia estatal para relanzar los servicios médicos prestados por el estado a la población abierta.

El programa con la denominación Medi Chihuahua, ha sido objeto de profusa difusión, solicitando a la población inscribirse para de esta manera recibir el servicio.

Ojo, es atención médica y medicamentos a población que carece de derechohabiencia en IMSS o en ISSSTE, pura población abierta, como se le denomina.

Pues algo o mucho debe estarse haciendo bien, porque hay un estudio de gasto de bolsillo que coloca a Chihuahua entre las entidades donde las personas tienen la menor afectación y curiosamente, la Ciudad de México, es una de las cuales ha tenido el mayor aumento.

El gasto de bolsillo en la entidad, contrario a lo que ha ocurrido en el resto del país, apenas ha crecido en dos décimas de punto porcentual de los ingresos que tienen las familias; del 2018 al 2022 incremento de 1.1 al 1.3 por ciento, cuando la media nacional aumentó de 1.5 a 2.1 por ciento.

En la ciudad de México incrementó de 1.1 a 2.3 por ciento; en Michoacán, de 2.7 a 3.9; en Oaxaca de 2.1 a 3.6 por ciento.

Con esos incrementos el salario mínimo con sus aumentos -el 12 por ciento el próximo año- quedan en nada en esas entidades federativas.

Tenemos la imagen de la estadística completa, en un estudio elaborado por la organización México, ¿Cómo vamos?