Fue Ricardo B., un auxiliar del más bajo rango en la Secretaría de Hacienda, uno de los más acosados y torturados dentro de la gran falacia del corralato llamada Operación Justicia, ordenada por el exgobernador Javier Corral y operada por su incondicional Francisco González, mejor conocido como Paquito.

Ese empleado, limitado a juntar firmas en oficios y acatar las órdenes de quienes manejaban el grueso del gasto público en el cuestionado gobierno de César Duarte, tuvo el infortunio de caer en las manos de quienes diseñaron una realidad a su medida política, a veces muy alejada de la verdad jurídica en los casos de corrupción del sexenio 2010-2016, que el exmandatario prometió, más no cumplió, esclarecer, resolver y sancionar.

El hostigamiento a Ricardo comenzó a principios de 2017 y continuó durante los siguientes tres años, cada vez más grave, más amenazante, más violento, en aras de lograr, ofreciéndolo como testigo protegido, acusaciones que hubieran tenido mayor sustento con mejores pruebas logradas de un proceso limpio de investigación, de lo que adoleció la unidad especial encargada a Paquito.

Probablemente, el exempleado menor del duartismo creyó que la tortura terminaría con la denuncia que presentó en la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), pero no fue así; es más, hasta recientemente ha sido objeto de presiones para que desista de la acusación de debió hacer, la cual se sumó a las formalizadas por Jesús O.A y su esposa Wendy O., así como a las de Francisco Joaquín H.V y Miguel Ángel M.

Todos habían estado en Hacienda, en diferentes posiciones, unas más altas que otras, pero en conjunto evidenciaron una conducta sistemática de acoso violento y tortura para obligarlos a autoincriminarse como delincuentes y luego, para librar eso, acogerse al trato de testigos, torturados más que protegidos.

La presión contra ellos funcionó en parte para crear esa realidad a modo que inculpaba a los duartistas de más alto nivel, pero reventó cuando denunciaron las vejaciones, por las cuales, finalmente, la CNDH pidió a la Fiscalía General del Estado perseguir a quienes fueran los responsables del posible delito de tortura.

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Más allá del legítimo juicio social al que fue sometido el duartismo, con resultados muy desfavorables para ese otro exgobernador; más allá del linchamiento político que encabezó su sucesor, los procesos jurídicos contra sus exfuncionarios adolecieron de la limpieza deseable en las investigaciones.

El de Ricardo es, tal vez, uno de los casos más graves para construir falsas verdades a partir de pistas posiblemente reales, pero que por falta de profesionalismo del Ministerio Público derivan en tortura y malos tratos, lo que persiste en el sistema de justicia penal, especialmente cuando los desquiciados llegan al poder y lo usan para venganzas o proyectar una imagen política de un inexistente alto valor moral, como Corral.

Los fundamentos de su queja y la aplicación del Protocolo de Estambul para la detección específica de casos de tortura le dieron la base a la CNDH para pedir la persecución penal, lo que llevó a la Fiscalía del Estado a proceder contra el que fuera jefe de la Operación Justicia y luego fuera ascendido, contradictoriamente, al cargo de fiscal especializado en Derechos Humanos y Desaparición Forzada de la propia FGE.

Por esa recomendación del organismo nacional, según lo que trascendió en su momento, también fue librada otra orden de aprehensión de la justicia estatal contra la que fuera brazo derecho de Paquito en el MP Estatal, Elisa D.P, quien logró huir antes de que, el 21 de noviembre de 2023, fuera detenido su exjefe en Delicias.

La causa penal iniciada contra el exfiscal en los tribunales de Chihuahua motivó una airada defensa del exgobernador, quien, fiel a su estilo de victimizarse y jamás reconocer sus errores o excesos, acusó una gran persecución política en su contra y sus allegados.

Pero contrario a varios de los casos mal integrados durante el régimen corralista, la denuncia contra la gestión de Corral en materia de procuración de justicia tenía la argumentación técnica y jurídica de ese otro cáncer que son las vejaciones y las amenazas para fabricar culpables.

A golpes de influencias y conocedor de los excesos del aparato persecutor de los delitos, Corral Jurado logró que la Fiscalía General de la República (FGR) atrajera el caso de Paquito un mes después. Su liberación, pasado al fuero federal, fue dictada en marzo de 2023. Conveniente cambio de medida cautelar de la justicia a modo.

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Durante la semana pasada, fue el propio exgobernador Corral el que entró en un terreno delicado al difundir un video en redes sociales, para explicar a medias la acusación por enriquecimiento ilícito y defraudación fiscal que recién le notificó la Secretaría de la Función Pública del Estado.

Entre todo el lodo que aventó, sin clarificar cómo fue que se hizo del terreno caliente con el que amplió su casa de la calle Costa Rica en Juárez, el exmandatario aseguró que fue Roberto Fierro, exfiscal y hoy contralor estatal, el que en noviembre de 2022 armó el caso contra Paquito González y otros de sus colaboradores, para presionar y obligar a que lo inculparan de supuestos delitos.

En la defensa de su exfiscal, acusó a Fierro de convertir la Función Pública en un aparato para “el hostigamiento, el acoso y la venganza”, calificativos que bien pueden describir lo que hicieron Corral y Paquito, pero desde la FGE en su momento, a tal grado que a estas alturas no podemos saber quiénes de los duartistas llevados a la justicia habrían sido penalmente responsables o inocentes de los cargos que les fincó su gobierno.

Maliciosamente, como buena parte de mensaje que mandó en video, no dijo que la acción penal iniciada tenía fundamento en una recomendación de la CNDH, instancia bajo el control político total de la 4T a la que ahora pertenece Corral y el séquito que lo acompaña en la aventura política iniciada después de traicionar al PAN.

Al sostener que el caso de tortura fue armado por el exfiscal Fierro, olvidó mencionar cuál fue el sustento de la investigación, no sólo la denuncia -principalmente de Ricardo, pero también del resto de los que se quejaron de actos de tortura del justiciero corralismo- de la víctima, sino el mandato del organismo nacional garante de los derechos humanos.

Fuera de la mala fe de ocultar lo que motivó la causa contra Paquito y fuera de la incongruencia de quejarse de lo mismo por lo que ha sido denunciado, la mención a su querido exfiscal en el somnífero video publicado en redes podría ser el preámbulo de un nuevo episodio en este vergonzante caso de la justicia del corralato.

La mención es la punta de la madeja que muy seguramente, en breve, habrá de irse extendiendo, en estos intentos acomodaticios de Corral en el proyecto que encabezó Andrés Manuel López Obrador y continuará Claudia Sheinbaum.

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Tras haber presionado para que el caso de tortura contra Paquito fuera tomado a la fuerza por la FGR, tenemos ciertos indicios que hacen suponer la llegada próxima de una resolución del tema con ventaja para el imputado, quien desde hace más de un año enfrenta en libertad un proceso largamente congelado y beneficioso.

En muy posible que la instancia persecutora y la tan odiada justicia federal, esa que la 4T quiere reformar por corrupta, le reclasifiquen el delito de tortura al exjefe del fracaso llamado Operación Justicia, cuyos imputados han gozado o sufrido tratos excepcionales de acuerdo a la conveniencia política y a los intereses del momento.

De la tortura a un delito menor hay una gran diferencia. Para empezar, la penalidad por el primero es de tres a 12 años de prisión; va acompañada de la multa económica de 200 a 500 días de salario y la inhabilitación para cargos públicos hasta por dos tantos del lapso de privación de libertad impuesta. Por una falta menor hasta disculpas tendría que pedir la víctima por haberse atrevido a denunciar.

Corral habló en su video brevemente de su exfiscal y justificó la acusación que enfrenta, algo muy delicado porque sigue abierto el proceso en el que invariablemente ha metido las manos y el cuerpo entero.

Es claro que busca la absolución de facto si la tortura llega a minimizarse a lesiones u otro tipo penal menor, no tanto por lealtad o cercanía con su exempleado, sino porque eso lo libraría a él mismo de ser acusado formalmente por ese delito, cometido para arrancar confesiones falsas que, aunque carecen de valor probatorio, son la materia prima para extorsionar y forzar a las víctimas a declarar lo que sea contra quien sea.

De por sí es lamentable que la justicia federal y la FGR, desde marzo de 2023, hayan enfriado el caso y actuado casi en papel de defensores de oficio con la atracción de la caliente carpeta de Paquito, actitud tan apasionada que ya quisiera verse cuando se trata de investigar crimen organizado en Chihuahua.

Sería una desgracia para la justicia que haya una reclasificación y más beneficios para el imputado. Nomás faltaría hacerles una efigie juntos a Paquito y Corral para sustituir la mujer con la balanza con la que suele representarse a la justicia en los tribunales. El ridículo total; sería risible, si la impunidad generalizada no fuera una tragedia que ha marcado la historia política de este país y de Chihuahua.