-Lento pero cerca de aclarar muerte de empresario

-Bonilla vuelve recargado vs los asesinatos

-Bloques interminables de Ferromex

El despido de la directora y una maestra de la Escuela de Artes y Oficios le calentó la plaza al secretario de Desarrollo Humano y Bien Común, Rafael Loera, quien debió salir a combatir el incendio antes de que se extendiera.

La protesta surgió ayer en el plantel que maneja la dependencia. Seguramente estaban detrás las manos de algunos que tienen la misión de generarle ruido a la administración estatal, pero al salir a atajar el problema directamente, tal como se lo ha instruido la gobernadora Maru Campos a sus secretarios, pudo ponerle punto final antes de que creciera.

Las protestas, inicialmente impulsadas por el apoyo a la directora y la maestra despedidas, encontraron un obstáculo insuperable en la transparencia y claridad con que se manejó la situación. 

Las cinco denuncias por discriminación y manipulación de menores que existían contra las implicadas fueron presentadas de manera contundente, dejando en evidencia las razones detrás de las decisiones administrativas tomadas. 

La transparencia en el manejo de estos expedientes no dejó lugar a dudas sobre la justicia de las medidas adoptadas.

Al final del día, las cartulinas de protesta que llenaban el ambiente terminaron en la basura, se desactivaron tensiones y malentendidos.

En los últimos días,  Loera ha demostrado capacidad política y de negociación al recibir personalmente a ciudadanos que legítimamente reclaman o protestan  por situaciones específicas.

Lo que hace aún más destacable la actuación de Loera es su disposición a enfrentar la problemática de manera directa. Al no delegar la responsabilidad y enfrentar personalmente a los manifestantes, el funcionario no solo mostró liderazgo, sino también empatía y un profundo sentido de responsabilidad hacia la comunidad afectada.

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Está lenta y con muchas reservas de información toda la indagatoria en relación con el homicidio del reconocido empresario, Marcos Gabriel Wisbrun, propietario de la reconocida marca Chachitos, ocurrido entre el siete y el ocho de julio pasado.

Tenemos conocimiento de lo que ha ido saliendo por goteo, que hay videos del presunto responsable tratando de hacer alguna operación. Se apropió de tarjetas y algo de efectivo.

Las indagatorias llevan a un empleado reciente, inclusive al parecer migrante, quien habría recibido la oportunidad de laborar en la empresa, dadas las facilidades que el empresario otorgaba para ello, con el fin de ayudar.

Parece que contrario a lo que se había dicho al principio por parte de las autoridades, el móvil sí habría sido el robo, pero hasta el momento se desconoce a cuánto pudo acceder el responsable.

El asunto no es pequeño ni irrelevante, el empresario es reconocido por su filantropía con organizaciones sociales y el mismo sector privado, en una empresa que sigue creciendo y que mantiene ventas importantes.

Tendrá que ponerse las pilas el grupo responsable de la indagatoria, para no ir dando tumbos, particularmente cuando hay elementos para dar con el homicida y traerlo para que rinda cuentas por tan atroz homicidio.

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Tras su regreso el pasado viernes al frente de la Presidencia Municipal, el alcalde, Marco Bonilla, se enfocó a revisar y ajustar la estrategia de seguridad en el municipio. 

De inmediato hubo operativos y cateos en conjunto con la Fiscalía General del Estado y su Agencia Estatal de Investigación, que dieron con la captura de varios generadores de violencia, que presuntamente estarían involucrados en hechos delictivos y homicidios acontecidos desde junio.

La movilización de las corporaciones también generó que durante el fin de semana no se registraran homicidios. Se sabe que la coordinación en el tema de seguridad es la fórmula más eficaz contra los delincuentes.

Bonilla, además, retoma hoy las sesiones de la mesa regional de seguridad, donde habrán de plantear nuevas estrategias y más patrullajes, pero además adelantó que en próximos días se estará reuniendo particularmente con el Fiscal General, César Jáuregui; el fiscal zona centro, Heliodoro Araiza; y con el coordinador estatal de la Guardia Nacional, para definir nuevas medidas de contención a la delincuencia en Chihuahua.

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Desde que pasó la elección hasta el ocho de julio, cuando fue celebrada la sesión pública número 37, ha resuelto el Tribunal Estatal Electoral 116 juicios en sus diversas modalidades, motivo por el cual no pegaron 

el ojo magistrados y personal auxiliar, en particular los secretarios que proyectan las resoluciones.

Tienen una semana más o menos los magistrados que bajaron el gas a la chamba jurisdiccional, respiro indispensable, porque ya traían ojeras sobre ojeras, Roxana García, la presidenta, así como los magistrados Hugo Molina y Gabriel Sepúlveda.

Aún y cuando unos asuntos dan más problema que otros, en todos ellos hay pelea de los partidos y candidatos, aún y cuando sea para rescatar 

algunos votos que pudieran significar acercarse a regidurías y diputaciones pluris, aunque en menor medida de estas últimas.

Ojalá hayan aprovechado los magistrados para echarse un coyotito, porque lo que sigue son las impugnaciones precisamente por esa distribución de 

regidurías y luego las diputaciones, en donde están, paradójicamente, encontrados los criterios de disputa, porque lo que unos alegan a nivel nacional, otros lo pelean a nivel local.

Mientras a nivel federal la oposición argumenta que hay una sobre representación en Morena y sus partidos satélites, a nivel local hacen lo mismo Morena, con PAN-PRI-PRD.

Pues ahí estará un primer entre para los magistrados, en resoluciones que deberán llegar lo más pronto posible, porque de ahí no pararán hasta 

Sala Guadalajara del Trife, donde estará la última palabra, con plenitud de jurisdicción, o bien –nunca se sabe- pedirán enmendar la plana al Tribunal.

Así es que vienen días de no dormir –de nuevo- para los inquilinos de la casona que ocupa el Tribunal, ahí en Santo Niño.

Claro que las fotos que lucen en la página institucional con photoshop y todo, son de aquellos momentos felices fuera de proceso electoral.

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Tenemos video del tradicional bloqueo ferroviario que varias veces al día ocurre en la Dostoyevsky, al norte de la ciudad.

Están ahí decenas de vehículos estancados, con sus conductores desesperados, viendo cómo pasan los vagones del ferrocarril, sin poder hacer nada, más que resignarse.

Son horas las que pierden en total miles de automovilistas, porque lo mismo ocurre en el cruce de la colonia Industrial, en la prolongación de 

la Industrias, justo en la curva antes de bajar a la Pacheco.

Lo peor es que para este año no hay ni un peso programado para puentes ferroviarios, lo descubrimos al revisar la página de transparencia presupuestal. Hay unas cuatro obras ahí, algunas de ellas incluso sin 

movimiento, como lo dijimos en el caso del Bowí.

Es insensible la autoridad federal a esta necesidad de sacar esos cruces o bien eliminarlos mediante infraestructura, como vienen a ser los puentes.

Es ahí donde pueden hacer la diferencia los morenistas, ya que a los legisladores azules y tricolores, ningún caso les hacen en las oficinas 

de gobierno federal.

Esos cruces de vía han generado accidentes automovilísticos con consecuencias fatales, si se quiere con responsabilidad de conductores, 

pero también de la federación por la ausencia de señalamientos adecuados.

Las plumas de color amarillo fluorescente son prácticamente inexistentes en las vialidades, con señalamientos también escasos, aspecto que debe 

ser tomado en cuenta.

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La Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Chihuahua publicó el viernes 12 de julio una circular. Anunció la suspensión de los términos judiciales, con motivo del periodo vacacional que inició esta semana.

Como podrán ver por sí mismos nuestros lectores, el acuerdo fue guardado en algún cajón desde el día cinco de julio, como es posible observar en el documento que publicamos en nuestra edición digital.

Es decir, pudiendo avisar con tiempo al público en general, a los litigantes y a las personas que llevan asuntos en dicha Junta Local, prefirieron irse hasta el cuarto para las doce, para darle publicidad a un acuerdo que podrá parecer ordinario pero es relevante para quienes estaban en ascuas por la ausencia de la mencionada suspensión.

Es cierto que la mayoría de las juntas especiales debieron haber considerado con tiempo estas fechas y no programar audiencias, la verdad es que siempre cometen el error de agendarlas, por cualquier motivo, principalmente la carga de trabajo.

Dice textual el acuerdo mencionado, que “esta Junta Local de Conciliación y Arbitraje informa que mediante acuerdo de pleno emitido el día cinco de julio de 2024, y por motivo del primer periodo vacacional del año 2024…se suspenden los plazos y términos legales…del día 15 al 26 de julio…reanudando labores el 29 de julio”.

“...por lo tanto no se recibirán promociones de asuntos individuales, no se llevarán a cabo las audiencias y diligencias programadas durante dicho lapso de tiempo por cada una de las tres Juntas Especiales en el domicilio de este tribunal”.

Así el acuerdo de la JLCyA.