-Las compras a Medicamentos Madero SA de CV

-Los convenios que sí se pueden

-Son anticipo nombramientos en TFJA

Hasta la redacción de GPS llegó la precisión de que el agente municipal, Martín Eduardo G.L., quien conducía la camioneta Durango que fue emboscada en las puertas del Cereso, no es hermano de un jefe del Distrito Villa, como publicamos en este espacio en la edición de ayer.

En efecto, nos dicen, el poli-chofer tiene un hermano en las filas de la corporación municipal, pero no tiene rango de jefe.

Su hermano es el agente Javier O.G., quien ingresó a las fuerzas del orden desde mayo de 2010 y si bien actualmente se encuentra laborando en el Distrito Villa, únicamente hace labores de patrullaje preventivo de la ciudad y se encuentra bajo el mando del coordinador, Fernando Estrada; y del jefe de Zona, Martín Guillermo Meléndez Báez. Hasta aquí la importante y necesaria aclaración.

Martín Eduardo, sólo para el contexto, se encuentra resguardado con custodia del Equipo de Proyectos Especiales de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, en una casa de Rinconada Los Nogales.

La vigilancia especial, como puede deducirse, es por el temor de que el agente herido pueda ser víctima de otro ataque, pues fue el único sobreviviente de la camioneta atacada, en la que murieron el presunto líder criminal, Manuel Villicaña Pacheco, alias “El Largo Pol”; y otro acompañante, Javier Guillermo Rembao Pompa, que para colmo resultó soldado de la División Rural de la Defensa Nacional.

Martín Eduardo, a pesar de no haber sido acusado de delito alguno todavía, fue suspendido por el alto mando de Seguridad Pública Municipal, encabezado por el comisario Julio César Salas, pues nada tenía que estar haciendo en su día franco, con su arma de cargo, sirviéndole de DiDi a un exrecluso de tan alto perfil, presuntamente integrante de un grupo del Cártel de Sinaloa.

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Debe revisarse lo que se está haciendo en el comité de compras de la Secretaría de Salud, a través de Servicios de Salud de Chihuahua, en la adquisición de medicamento.

Tenemos un Excel de las adquisiciones realizadas en el mes de junio de este año, y se desprenden varios aspectos que llaman la atención.

Primero, el monto es muy pequeño, tomando en cuenta la cantidad de unidades hospitalarias existentes en dicho organismo descentralizado.

Es una compra total por dos millones y cacho lo que se reporta, pero insistimos es muy poco. Ni siquiera da para un hospital.

Pero además de ese dinero comprado en diverso medicamento, el mayor monto favorece a una sola empresa, Medicamentos Madero, S.A. de C.V., a la cual se le compraron un millón 700 mil pesos, casi la totalidad.

El resto fue repartido entre las empresas Zagapharm, S. A. de C. V. y Laboratorios Mecch, S.A. de C.V., con apenas unos cientos de miles de pesos.

Fueron adquiridos diversos medicamentos como Amitriptilina, Metilfenidato, Ketoprofeno, Cloruro de Sodio y Ezetimiba-Simvastatina entre otros.

Se ha insistido en la importancia de que los médicos tengan intervención más relevante en el Comité de Compras, a fin de revisar lo que se está adquiriendo por parte de la institución, y a quién se le está comprando.

Parte del desorden en las anteriores administraciones estatales en el área de salud, provinieron precisamente de esa falta de intervención.

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Encontramos un convenio de colaboración estatal y federal en el mantenimiento de las carreteras que le competen a éste último nivel de gobierno.

El convenio sin número de fecha 25 de septiembre del 2020, firmado por el director del centro SCT de Chihuahua, Carlos Luis Ramírez García; y el secretario de comunicaciones estatal, Gustavo Elizondo, establece como objeto la rehabilitación de la carretera Sueco-Janos tramo Lagunitas–LeBaron, sentido directo e inverso, del kilómetro 131+760 al kilómetro 135+220 en una longitud de seis mil 920 metros lineales.

La realización del convenio correría a cargo del gobierno del estado. Operó con base en el catálogo de conceptos establecidos en los anexos de ejecución de obra, los cuales desconocemos, pero entendemos que significan la recuperación económica de los gastos realizados por la entidad federativa.

Luego entonces es inexplicable porqué hasta el momento no ha sido posible repetir el modelo, ante la incapacidad federal para dar mantenimiento a sus tramos carreteros localizados en el estado de Chihuahua.

Un acuerdo marco de esta naturaleza podría permitir la realización de trabajos a una mayor escala, en lugar de que el estado, bajo su propio presupuesto realice tareas de mantenimiento correctivo.

Particularmente esto es indispensable en aquellas carreteras donde de plano es imposible circular, por el deterioro grave que tiene la infraestructura federal, prácticamente en el abandono durante una década.

Además, como ya ha advertido CMIC, en muchos de esos tramos carreteros la afectación es sustancial y no solo superficial a la infraestructura, por lo que no puede esperar más tiempo.

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Para cerrar capítulo con los magistrados de salas regionales del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, nos hicieron el favor de conseguirnos el dictamen votado en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, y nos encontramos con que 13 de los 28 designados, están muy lejos de cumplir con el perfil para el nuevo encargo.

Una de las designadas, Jazmín Aquino Cruz, actualmente directora general de coordinación de estrategia digital nacional de la Presidencia de la República, declinó tomar protesta, pero el resto de los 12 compañeros enviados en la lista lo hicieron sin rubor alguno.

Así están Alejandro Paul Hernández Naranjo, del Tribunal Estatal Electoral de Guerrero; Beatriz Salgado Hernández, directora de Asuntos Jurídicos del INEA; Berenice Martínez Mejía, de la Secretaría de Hacienda Federal; Bricio Fernando Nava Aguilar, director general de coordinación con entidades federativas, de la SSPC, así como Claudia Elizabeth Cruz Martínez, directora de información de la misma SSPC.

Está también en las mismas condiciones Lawrence Salome Flores, Coordinador de Evaluación de Control Procedimental y Amparos de la Procuraduría Fiscal de la Federación; Manuel Eduardo Mendoza Jiménez, director general amparos contra leyes de la SHyCP así como Marco Antonio Escobar Cuapio, director de Amparos de la SHyCP.

De la Secretaría de Marina, María Orley Ortiz Ley, asesor jurídico de dicha dependencia; Miguel Ángel Chico Herrera, en la actualidad notario en Guanajuato, pero hasta el 2023 coordinador de seguimiento de planeación de la Secretaría de Gobernación; Rodolfo Martínez Dagnino, coordinador de atención a autoridades de la oficina del responsable del proceso de desincorporación de la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario.

La cereza en el pastel de los nombramientos es el de Susana Mercado Alvarado, coordinadora de asesores de la coordinación de comunicación política de Morena en la Cámara de Diputados.

Por supuesto que estos nombramientos –de 10 años a partir de la toma de protesta- ponen los pelos de punta por lo que viene en la designación de perfiles para el Poder Judicial federal, desde ministros hasta jueces de distrito; en manos de quien quedará la justicia.

Evidente el conflicto de intereses, porque el TFJA tiene como misión resolver las disputas entre los particulares y el Poder Ejecutivo federal. 

Ahí va diciendo donde estará su corazón.